SIP denuncia que gobierno de Pedro Castillo es “enemigo de la libertad de prensa”

El gobierno del presidente Pedro Castillo es “enemigo de la libertad de prensa”, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe aprobado el domingo 30 de octubre durante su 78 Asamblea General.

“El Gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de las libertades de expresión y de prensa. No solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción”, señala la organización.

El informe indica que, en el contexto de crisis política que vive el país, se están llevando a cabo investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, por las cuales Castillo “ha amenazado con demandar a periodistas”, además de haber impedido a medios a ingresar a eventos públicos y conferencias de prensa.

Recoge las declaraciones del mandatario en mayo, cuando dijo que la prensa se presta a “intereses particulares y antidemocráticos”, que busca “generar inestabilidad política” y que pertenece a un “contubernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas”.

También detalla que el mandatario, en su mensaje presidencial tras un año de haber tomado el mando, “volvió a atacar a la prensa, acusándola de buscar la inestabilidad de su gobierno” y cuando señaló que los medios “solo dicen mentiras y propalan noticias falsas”.

Por otro lado, denuncian un proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para “crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, según el cual “los agraviados, imputados, abogados, representantes, jueces, fiscales y/o policías que difundan —antes del juicio oral— información reservada a “personas no legitimadas” podrán ser sancionados hasta con cuatro años de cárcel.

Ataques a periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa recordó que dos periodistas del programa Cuarto Poder, de América TV, y su conductor “fueron retenidos por cinco horas por rondas campesinas en el distrito de Chadín, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, de donde proviene Castillo, en julio pasado.

“Los reporteros venían realizando un reportaje en la zona sobre la cuñada del presidente Castillo, quien aparentemente ofrecía obras de saneamiento sin ser una funcionaria pública. Entre 40 y 50 ronderos obligaron a los periodistas a retractarse a través de un comunicado que leyeron en América TV”, señala el informe.

Otro episodio subrayado en el documento es el del periodista del diario La República Raúl Cabrera Ramos, quien, cuando cubría el desalojo de los comuneros de la comunidad de Fuerabamba del yacimiento minero de Las Bambas, propiedad de la empresa MMG, fue detenido por la policía y le confiscaron su equipo de trabajo.

También explica que durante la campaña de elecciones regionales y municipales, que se celebraron el 2 de octubre, el país “fue escenario de diversos ataques a periodistas tanto por los propios candidatos como por sus seguidores y familiares” y reportan tres episodios de retención de periodistas.

Destaca que tras múltiples protestas del gremio periodístico, finalmente el Congreso de Perú abrió las puertas de la institución a la prensa, que permanecían cerradas desde el inicio de la pandemia.