El oficial Luis Soldevilla Espinal ordenaba retirar artefactos del polvorín de San Bartolo para distribuirlos en los centros de instrucción, pero fraguaba documentos para engañar que los había entregado. Luego negociaba el material de guerra en el mercado negro de las organizaciones delictivas., Lo que se sospechaba desde un comienzo quedó confirmado por boca de uno de los principales responsables. Las granadas de guerra que diferentes bandas de delincuentes tenían en su poder eran robadas al Ejército. El mayor Luis Soldevilla Espinal, jefe de la Compañía Material y Transportes Nº 503, admitió haber facilitado la desaparición de 786 granadas. PUEDES VER: Callao: ya son 161 muertes violentas y el 85% de casos está impune Soldevilla falseaba documentos para reportar que distribuía correctamente los explosivos a las escuelas de instrucción del Ejército, se quedaba con el material de guerra y lo negociaba. Así los artefactos terminaban en manos de organizaciones criminales. La División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (DIVITIAME), dependiente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), determinó que las 786 granadas de guerra tipo piña modelo BRM-M75, de fabricación rusa, recogidas del Polvorín Cruz de Hueso, en San Bartolo, nunca llegaron a los almacenes de la Compañía de Material y Transportes N° 503. Los agentes de la policía concluyeron que los militares involucrados vendían los explosivos a las bandas delictivas que pululan en Lima, debido a que fueron identificadas las series de fabricación de los artefactos. Mecánica del delito La fiscal provincial penal de Chorrillos, María Silvera Peralta, acusó al mayor EP Luis Soldevilla Espinal, jefe de la Compañía Material y Transportes Nº 503, como el cabecilla de la organización que se apoderó de las 786 granadas de guerra del polvorín Cruz de Hueso, entre marzo, junio y julio del 2015. Para consumar la sustracción el mayor Soldevilla fraguaba las firmas de otros militares encargados del control del material de guerra, con la finalidad de evitar que el faltante de explosivos fuera detectado. Con el mayor EP Luis Soldevilla también fueron denunciados el jefe de Logística de la Compañía N° 503, el técnico de tercera EP Carlos Noblecilla Infante; y el jefe del Almacén, técnico de tercera EP Paddy Llimpe Correa. Además, el jefe del Almacén del Centro de Municiones del Ejército (Cemune), suboficial EP Miguel Gómez Contreras; y los suboficiales EP Eugenio Gómez Quispe, Carlos Ramos Camacho, Sherley Zamudio Dávila y Edgardo Parraguez Vásquez. Todos fueron imputados por el presunto delito de tráfico ilícito de granadas bajo la modalidad de apoderamiento para su comercialización a las bandas criminales. La fiscal María Silvera Peralta también les imputa el robo de 104,750 municiones de diferente calibre. Suenan las alarmas Debido a la muerte del suboficial PNP Adolfo Castellano Carrillo, integrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX, el 7 de setiembre de este año, cuando desactivaba una granada en la puerta del Centro Educativo “Cristo Salvador”, en Villa El Salvador, el alto mando del Ejército dispuso una inspección ocular y verificación del material de guerra en todas las instalaciones militares y polvorines del Ejército. Durante este procedimiento se detectó que en la Compañía N° 503 faltaba un lote de granadas de guerra y munición de diverso calibre. El mayor EP Luis Soldevilla, jefe de la Compañía de Material de Guerra y Transportes N° 503, dependía del Batallón Comando y Servicios N° 513, y este del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Peruano (COEDE), con sede en Chorrillos, que alberga a 24 Escuelas de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento, como la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela Técnica del Ejército, Institutos Tecnológicos, entre otros. Ante el hallazgo del faltante de granadas, el inspector del Centro de Estudios y Doctrina del Ejército, general de brigada Juan Lavado Rondón, denunció el hecho ante la Dirincri, entregando como evidencia la documentación con firmas falsificadas por los miembros del Comité de Recepción y Entrega de explosivos y municiones de la Compañía N° 503. Cuando fue interrogado por la policía, el mayor Luis Soldevilla negó tajantemente tener responsabilidad en el robo sistemático de las granadas de guerra, ya que según él desconocía los hechos puesto que nunca asistió al polvorín de Cruz de Hueso, establecimiento al que había sido designado el suboficial Paddy Llimpe para el recojo del material de guerra. Sin embargo, la versión del mayor Soldevilla fue desechada por los agentes de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armamento y Municiones (DIVITIAME) al comprobar que el oficial cumplía el papel de presidente de la Comisión de Recepción y Entrega de granadas de guerra. Por lo tanto, estaba perfectamente informado de lo que entraba y salía, de acuerdo con lo estipulado por el Manual de Administración de las Unidades y Repartición del Ejército. Cabeza gacha Ante la contundencia de las evidencias acopiadas por los agentes policiales, el mayor Luis Soldevilla acabó por confesar que las granadas de guerra que ordenó sacar del polvorín de Cruz de Hueso nunca ingresaron en el Comando de Estudios y Doctrina del Ejército, y mucho menos a la Compañía N° 503. El mayor Soldevilla alegó que la ausencia de control de la entrada y salida del material de guerra, así como la inoperatividad de las cámaras de video en las instalaciones del COEDE, contribuyeron a la consumación del robo de las granadas. “Es verdad que las granadas de guerra y las municiones nunca ingresaron al COEDE, tampoco a la Compañía N° 503”, dijo el mayor Luis Soldevilla. Según la cronología de los hechos el robo sistemático del material de guerra se registró de la siguiente manera: –El 20 de marzo del 2015, el suboficial EP Paddy Llimpe sacó 320 granadas de guerra del polvorín Cruz de Hueso, supuestamente para la Escuela de Comandos y para la Escuela Militar de Chorrillos. La entrega fue hecha por el suboficial Ronnie Rivera Caya, jefe del CEMUNE. –El 7 de mayo otra vez el suboficial Llimpe retiró del polvorín Cruz de Hueso 300 granadas de guerra para la Escuela de Francotiradores del Ejército (EFE). La entrega la realizó el suboficial Sherley Zamudio, del CEMUNE. –Entre el 1° de junio y el 21 de julio, el suboficial Llimpe retiró 550 granadas de guerra de Cruz de Hueso para la Escuela Militar de Chorrillos y otras escuelas de formación. Lo sospechoso es que el suboficial Llimpe utilizó para transportar el material de guerra camionetas civiles, de acuerdo al cuaderno de control del CEMUNE. Ahora lo que se busca es identificar a las organizaciones criminales que le compraron las granadas y las municiones al mayor Soldevilla y sus cómplices. La fiscalía solicita 15 años de prisión para el suboficial Paddy Llimpe Correa, quien era el jefe del Almacén, el hombre que debía controlar la entrada y salida de los explosivos. Todo indica que estaba confabulado con su jefe. Por supuesto, para el mayor Luis Soldevilla, jefe de la Compañía Material y Transportes N* 503, la fiscalía también ha requerido 15 años de carcelería. Claves: Al ser preguntado si se apersonó el 7 de mayo al CEMUNE para recoger las granadas de guerra en compañía del suboficial Paddy Llimpe, el mayor Luis Soldevilla alegó que nunca había asistido al CEMUNE. Empero, el mayor EP Carlos Hinostroza Pucllas y el capitán EP Rommel Román Chanduví, jefe y oficial de seguridad de la Compañía de Material de Guerra y Municiones N° 513 y del CEMUNE, respectivamente, lo desmintieron. Prueba de ello entregaron el cuaderno de registro de visitas. Interrogado si utilizó su camioneta para recoger las 300 granadas de guerra en el CEMUNE, Luis Soldevilla no supo dar una explicación. Tanto el mayor Luis Soldevilla como el suboficial Paddy Llimpe entraron en contradicciones hasta el punto de que ambos se acusaban mutuamente de haber planificado el robo de las granadas de guerra. Por ejemplo, el suboficial Llimpe aseveró que el mayor Luis Soldevilla le ordenó firmar las actas de conformidad de otros jefes militares para acelerar el trámite documentario. De acuerdo con las pericias grafotécnicas, estas señalan que efectivamente las rúbricas falsificadas corresponden al puño y letra del suboficial Llimpe.
