José Ugaz a Dina Boluarte: "Hay una regla universal, ningún corrupto en el poder admite sus actos"
En entrevista con La República, el exprocurador anticorrupción en el caso Fujimori-Montesinos compartió sus visiones sobre los indicios de corrupción bajo la gestión de Dina Boluarte.
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José Ugaz fue procurador anticorrupción durante la investigación de los casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori. Su experiencia en la lucha contra la corrupción dentro del Estado le permite ofrecer una perspectiva sobre la situación actual de esta problemática en el gobierno actual, así como sobre el accionar de otras instituciones estatales.
En esta entrevista exclusiva con La República, Ugaz expone sus críticas y observaciones sobre los casos de corrupción que involucran a la mandataria. Asimismo, cuestiona la gestión de otras instancias, como el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima.
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Sobre Dina Boluarte
¿Cuál es su análisis de la corrupción en el Perú desde el inicio del Gobierno de Boluarte?
En un primer momento, la situación fue bastante decepcionante, y con el tiempo solo se ha confirmado que no existe una diferencia sustancial entre el desastre de corrupción generado por el expresidente Castillo y el actual régimen. Claramente, la presidenta está involucrada en casos de corrupción y se ha negado a responder. Ha mentido abiertamente y, además, está rodeada de personajes cercanos a ella vinculados a actos ilícitos desde antes de llegar al poder, como es el caso de Cerrón. No hay que olvidar que ella está siendo investigada junto a Cerrón por presunto lavado de dinero y delitos contra el patrimonio, relacionados con su gestión en el Gobierno Regional de Junín.
Luego está el caso de los relojes. Ahora, la presidenta está directamente relacionada, a través de su vocero y dos de sus ministros más cercanos, con presuntas irregularidades en Qali Warma. Además, su hermano, quien participó con ella en actos de gobierno, ha utilizado el aparato del Estado y sus recursos en beneficio de su partido. No es necesario profundizar en el papel del vocero presidencial, del exministro Demartini o del ministro Santivañez, pues está claro que este es un régimen inmerso en la corrupción, lo cual resulta indignante.
Boluarte ha negado repetidamente los casos de corrupción en su contra. Sin embargo, la Fiscalía tiene carpetas abiertas sobre estos hechos…
Eso solo confirma una regla universal: ningún corrupto en el poder admite sus actos; todos se presentan como víctimas de la persecución política. Ahora, el ministro del Interior sale a decir que son víctimas de los medios, cuando en realidad este gobierno ha desmantelado toda la infraestructura de lucha contra la corrupción y ha dado carta blanca a las organizaciones delictivas para operar impunemente. (...) Lo único que hace el ministro del Interior es mentir, adulterar cifras y presentarse como el funcionario más eficiente que ha tenido el Perú en su historia republicana.
En torno a los casos de corrupción que involucran a la presidenta, como el caso Rolex, donde existen indicios de desbalance patrimonial, ¿cree que hay elementos suficientes para una acusación en su contra?
Eso deberá determinarlo la investigación. Sin embargo, hay un cúmulo de indicios que la presidenta debió aclarar en su momento. Cuando la citó la Fiscalía, por supuesto, no declaró. Existen pruebas contundentes que sugieren su implicancia en varios actos delictivos. Y pronto, cuando termine su estancia en el poder—que creo será más breve de lo que ella misma imagina—, tendrá que enfrentarse a los procesos penales en los que está involucrada.
Si Dina Boluarte no tuviera antejuicio político, ¿hoy estaría en prisión?
Eso lo decidiría un juez. Pero lo que sí puedo decir es que, por mucho menos, hay personas que han sido condenadas. Uno de los primeros actos de Boluarte como presidenta fue comprarse una camioneta en efectivo. ¿Quién hace transacciones de miles de dólares en efectivo? Eso es inaceptable para un funcionario público con un cargo de máxima responsabilidad dentro del Estado.
El Congreso en la mira
¿Cómo garantizar un adecuado balance de poderes en la lucha contra la corrupción, cuando el Congreso también parece estar manchado por ella?
El problema es que estamos al borde de convertirnos en un Estado democrático fallido. Tenemos una democracia meramente formal gracias a las elecciones, pero fuera de eso no hay un gobierno que cumpla los estándares democráticos: un parlamento independiente con representantes honestos, un poder ejecutivo íntegro y un poder judicial idóneo. Nada de eso existe aquí.
El Congreso, en lugar de actuar como un contrapeso, ha facilitado la corrupción y el crimen organizado, llevándonos a la crisis actual. Frente a esta situación, tenemos autoridades como la presidenta y el alcalde de Lima que se burlan de la realidad al afirmar que vivimos en un país en paz. (...) Esto ha dejado de ser una democracia y nos enfrentamos a un panorama alarmante.
Este contexto ha generado un clima de desesperanza, lo que ha llevado a muchos peruanos, especialmente jóvenes, a emigrar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué políticas se pueden implementar para salir de esta crisis?
El costo de esta situación lo estamos pagando desde hace años. Desde el gobierno de Castillo hasta la fecha, medio millón de peruanos han abandonado el país. No hay expectativas de que este gobierno tome medidas reales contra la corrupción.
Las únicas entidades que podrían hacer algo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, que, a pesar de sus crisis, aún conservan algo de autonomía. También está la ciudadanía, que en algún momento deberá asumir el reto de poner un alto a esta situación, pues el Congreso y el Ejecutivo están llevando al país al abismo.
Vemos constantemente cómo el Congreso malgasta los recursos del Estado, afectando incluso la estabilidad macroeconómica del país. La ciudadanía y algunos sectores sanos del Estado tendrán que diseñar políticas anticorrupción, porque, de lo contrario, la situación seguirá empeorando. Más aún ahora que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, ha firmado una orden para eliminar las sanciones contra el pago de sobornos por parte de empresas estadounidenses en el extranjero.
Trump, López Aliaga y la corrupción legalizada
Justo sobre ese punto, ¿cómo impacta esta decisión de Trump en el Perú?
Antes del gobierno de Jimmy Carter, las empresas estadounidenses podían pagar sobornos sin restricciones e, incluso, deducirlos de impuestos. Carter promovió una ley que prohibió esta práctica, la misma que Trump acaba de suspender.
A raíz de esta legislación, el gobierno de Estados Unidos investigó múltiples casos de corrupción de empresas de origen estadounidense en el extranjero, imponiendo multas millonarias en casos como el de Odebrecht. Esto ayudó a evitar que estas prácticas se expandieran. Ahora que la ley ha sido derogada, es probable que ciudadanos y empresas estadounidenses vuelvan a ofrecer sobornos en países como el nuestro. Y, considerando nuestras debilidades institucionales, esto podría desencadenar una nueva ola de corrupción.
Esto me hace pensar en la Municipalidad de Lima, que tiene contratos con estudios estadounidenses en el tema de los peajes. ¿Cómo se debe transparentar estos procesos?
La Municipalidad de Lima debería rendir cuentas sobre los procesos de arbitraje que pierde sistemáticamente. El alcalde dice que está ganando, pero en realidad está gastando miles, si no millones, de soles en estos litigios. Y esto, lamentablemente, se repite en diversas entidades del Estado.
Es contradictorio que tengamos un Banco Central de Reserva que maneja bien la estabilidad monetaria, mientras el gobierno y las entidades descentralizadas hipotecan el futuro del país. Hasta hace poco, teníamos una economía fortalecida; hoy, estamos perdiendo el último bastión que nos quedaba.
