Alberto Otárola: posibles delitos cometidos por el jefe de la PCM por favorecer a Yaziré Pinedo

El aún presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, deberá responder en los terrenos político y penal tras la difusión de un audio en el que se le escucha dialogando con Yaziré Pinedo, a quien le pide que le pase su CV no documentado, luego de una conversación en la que se da a entender que ambos sostendrían una relación sentimental. Este presunto favorecimiento ilegal motivó que Presidencia le exija su retorno inmediato desde Canadá —país al que viajó para representar al Perú en una convención minera—, a fin de que ofrezca sus descargos.

De acuerdo a fuentes gubernamentales de La República, la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría tomado la decisión —durante el Consejo de Ministros del lunes 4— de pedirle la renuncia a su jefe de la PCM. Se deslizó que Otárola Peñeranda no durará "más de una semana" en el cargo. En tanto, se estarían analizando algunos nombres para su reemplazo debido a que desde el Congreso también se empiezan a activar mecanismos como la interpelación con riesgo a eventual censura.

Implicancias en el terreno penal

De acuerdo al análisis del abogado penalista Andy Carrión, en torno al caso de Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, se habría configurado el delito de tráfico de influencias con una pena máxima de seis años y negociación incompatible, ilícito que tiene la misma condena. Además, también se podría imputar el delito de colusión al jefe de la PCM por sus coordinaciones con Yaziré Pinedo.

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“No fue incluido por la Fiscalía, pero desde mi perspectiva también sería por colusión, en el sentido de que el funcionario público pacta ilícitamente y se pone de acuerdo con el tercero beneficiado y se le otorgan contrataciones con el Estado”, declaró a La República.

Como se recuerda, el Ministerio Público —el último lunes 4—  anunció el inicio de diligencias preliminares contra Alberto Otárola como presunto instigador en el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, y como autor en la modalidad de patrocinio ilegal, en agravio del Estado peruano.

“Lo que hizo la Fiscalía de la Nación es atribuirle el delito de negociación incompatible, así como el delito de patrocinio ilegal, es decir, velar por los intereses de una persona ajena a la administración pública”, explica.

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En tanto, el penalista Mario Amoretti comentó que ve clara la imputación de tráfico de influencias, ya que esta se configura cuando una persona utiliza sus conexiones o vinculaciones para que nombren o contraten a un tercero: “Así sean reales o simuladas, siendo funcionario público o no. El delito de corrupción no solo lo comete quien ofrece o quien da, también es la persona que obtiene un beneficio”.

Asimismo, Amoretti indicó que —pese a que Yaziré Pinedo confirmó la autenticidad del audio— en el marco de la investigación “se tendrá que llevar a cabo una diligencia de audición, se tendrá que nombrar un perito para que analice cuándo se llevó a cabo la conversación y citar a los investigados”.

Yaziré Pinedo dice que los audios son del 2021

Tras la difusión del audio, Yaziré Pinedo afirmó que estos se originaron en el 2021 (cuando Otárola no asumía como funcionario) y denunció que fueron alterados, ya que originalmente eran videos: "Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola. Lo que no acepto es que digan que ese audio es actual, como si él me hubiera dado trabajo a mí. Primero, debo decir que es un audio falso, está recontraeditado y, en realidad, es un video de 15 minutos. Se grabó en enero del 2021".

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En razón de ello, Andy Carrión recordó que existen más evidencias que el audio para justificar el inicio de la investigación. Están las visitas al despacho de la PCM, las dos órdenes de servicio por el valor de S/53.000, el informe de la Contraloría que advierte la contratación irregular, entre otros medios probatorios. Indicó que así se demuestre que el audio es anterior a que Otárola asumiese como funcionario del Gobierno de Boluarte, “no tendría que jugar un rol a favor de él, las evidencias que existen son suficientes para imputarle los delitos”.

“No es tan relevante porque el audio demuestra que hubo una relación sentimental, una de mucha cercanía; pero el favorecimiento para la dotación de órdenes de servicio se dieron durante su gestión como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros”, complementó.

Alberto Otárola tiene la prerrogativa el antejuicio político

Los presuntos ilícitos cometidos por Alberto Otárola serían delitos de función. El artículo 99 de la Constitución otorga una inmunidad al presidente de la República, congresistas, ministros, jueces supremos, fiscales supremos, entre otros altos funcionarios del Estado. Ellos no pueden ser acusados sin previamente haber sido sometidos al procedimiento parlamentario del “antejuicio político”.

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“Al haberse cometido el delito en el ejercicio de sus funciones, sí procedería el antejuicio político. Es decir, la Fiscalía podría abrir investigación tal como ya lo hizo, pero para formular la acusación tendría que formular la acusación ante el Congreso de la República para el levantamiento correspondiente del fuero, así deje hoy mismo (martes 5) la PCM, se mantendría el antejuicio”, comentó Andy Carrión.