Juez embarga a empresario por “incumplir” un contrato que no existe
Controversia. En 2021, se rompió la relación contractual entre el estudio Bigio y César del Castillo, pero luego de 3 años le reclamó honorarios de US$14 millones por servicios que no hizo.
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El juez José Escudero López otorgó una medida cautelar y concedió un embargo de US$10,5 millones a favor del estudio Bigio & Sáenz Abogados, contra el empresario César del Castillo, por el supuesto incumplimiento del pago de “honorarios de éxito” de US$14 millones. Sin embargo, Del Castillo disolvió el contrato con Bigio apenas medio año después de suscrito.
Daniel Bigio Luks, representante del estudio de abogados, alegó ante la autoridad judicial que, en agosto del 2020, Del Castillo los contrató por tres años para que lo asesoren en una distribución de la herencia del padre de su cliente, Guido del Castillo, fallecido en abril de ese mismo año.
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Empero, medio año después, decepcionado por el trabajo, el 24 de febrero del 2021, César del Castillo envió una carta notarial al estudio Bigio (ver documento), comunicándole el fin del contrato de asesoría. Es así que el empresario recurrió a los servicios del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados. Fue con este estudio que Del Castillo logró la distribución de la herencia de su padre.
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Pero el 18 de agosto del 2023, el estudio Bigio exigió por escrito a César del Castillo el pago de US$14 millones por su presunta intervención en el exitoso acuerdo de distribución de la herencia.
Al no recibir el pago, Daniel Bigio pidió al 14° Juzgado Comercial de Lima una medida cautelar de embargo sobre las cuentas de César del Castillo y sus acciones en la empresa Erced SAC, que forma parte de la herencia que recibió de su padre.
Sorprendentemente, el 16 de noviembre del 2023, el juez José Escudero López otorgó la medida cautelar a Daniel Bigio, ordenando un embargo en forma de inscripción de las acciones de César del Castillo en la compañía Erced SAC por US$500.000, y otro embargo en la modalidad de retención por US$10 millones sobre cuentas corrientes, ahorros u otras.
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El magistrado José Escudero López adoptó la decisión no obstante que la defensa del empresario César Gutiérrez demostró documentalmente que el contrato en el que se cifran en US$14 millones los honorarios de éxito para el estudio Bigio había sido disuelto en 2021. El vínculo contractual no existía cuando Del Castillo consiguió un acuerdo con los coherederos de su padre Guido del Castillo.
Además, la defensa de empresario Del Castillo señala que el juez José Escudero no es competente en la materia, pues está especializado en materia comercial, pero ha resuelto un caso de materia civil, que es por un presunto incumplimiento de un contrato de servicios profesionales.
No respondió
Silencio. La República solicitó al juez José Escudero su versión sobre la resolución a favor del estudio Bigio, pero dijo que lo haría si este periódico recibía autorización del Poder Judicial. Lo que efectivamente sucedió; sin embargo, luego el magistrado optó por no hacer comentarios.
Carta notarial
Carta del empresario Del Castillo, que en febrero del 2021 dio por concluido el contrato con el estudio Bigio.
