Congreso: los dictámenes y proyectos que se buscarían aprobar en la ampliación de la legislatura

Pendientes. María del Carmen Alva, actual titular del Parlamento Nacional, emitió un decreto anunciando la ampliación de la actual legislatura hasta el próximo 8 de julio. Esto con el fin de aprobar dictámenes y proyectos de ley incluidos en la agenda del Pleno del Congreso hasta este miércoles 15 de junio, fecha en la que debía acabar la legislatura.

Es así que la también acciopopulista ampliará su mandato en el primer poder del Estado por 3 semanas más, luego del acuerdo de la Junta de Portavoces y la discrepancia de algunos legisladores por esta decisión que buscaría agilizar procesos en contra del Ejecutivo e imponer cambios en la actual Constitución.

A continuación, algunas de las propuestas pendientes que verá el Pleno tras la ampliación.

Retorno de la bicameralidad

Uno de los proyectos que se busca aprobar en el Pleno y que fue admitido, recientemente, por la Comisión de Constitución, es el retorno de la bicameralidad en el Congreso para que esta institución cuente con una cámara de diputados y otra de senadores.

El mencionado grupo de trabajo, liderado por Patricia Juárez (Fuerza Popular), aprobó —en menos de tres semanas de su presentación— el dictamen para establecer la bicameralidad, la cual busca cambiar hasta 53 artículos de la vigente Constitución Política.

La Asociación Civil Transparencia ya hizo un llamado al Parlamento para que este dictamen de bicameralidad sea sometido a amplia discusión pública con el objetivo de “identificar aspectos problemáticos o incoherencias en el texto propuesto”.

No obstante, el actual proyecto de bicameralidad ya cuenta con el respaldo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular. Por su parte, Perú Libre y Cambio Democrático se mostraron en contra.

Cabe resaltar que el proyecto incluye que el Congreso ya no pueda ser disuelto completamente, sino solo una de sus cámaras, la de Diputados, y solo si esta niega la confianza o censura a tres gabinetes ministeriales.

Es así que se buscaría frenar la prerrogativa de la Constitución que autoriza que el primer poder del Estado caiga por disolución cuando rechace la confianza o censure a dos gabinetes.

Contrarreforma universitaria

Otro de los proyectos de ley que está programado para esta ampliación de la legislatura es la norma que busca debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tras el regreso de la Asamblea Nacional de Rectores, donde las mismas universidades se podrán supervisar sin ningún control de intereses particulares.

La Comisión de Educación del Congreso, presidido por el legislador Esdras Medina (Renovación Popular), aprobó este dictamen de contrarreforma universitaria 9 días después de que el Poder Ejecutivo enviara las observaciones de esta normativa tras considerarla inconstitucional.

El Pleno del Congreso tiene programado en su agenda también ver esta iniciativa pese al rechazo no solo de los rectores y estudiantes, sino también por el Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Unesco, el propio Ministerio de Educación (Minedu), entre otras instituciones.

El 4 de mayo, el Pleno aprobó el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de Sunedu. Tras esto, varios parlamentarios, bancadas y personajes políticos cuestionaron dicha iniciativa legislativa, considerando que va en contra de la reforma universitaria.

Este proyecto que atenta contra la Sunedu cuenta con los votos de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular. Entre los congresistas defensores de esta norma aparecen el mismo Esdras Medina, así como Tania Ramírez, Raúl Huamán, Álex Paredes, Edgar Tello, Waldemar Cerrón y Darwin Espinoza.

Cabe recordar que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y el actual presidente, Pedro Castillo, se comprometieron a fortalecer el trabajo de la Sunedu. Sin embargo, las bancadas parlamentarias, representantes de sus partidos políticos en el Congreso votaron a favor del proyecto de ley que busca recomponer el Consejo Directivo de dicha institución.

Blindaje a Manuel Merino por muertes de Inti y Bryan

Un sector opositor en el Congreso también busca llevar al Pleno el informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) que recomienda archivar la acusación constitucional contra el expresidente de facto, Manuel Merino, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

La aprobación de dicho informe se viene aplazando dentro de la misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que, en un primer momento, iba a realizar la votación el último viernes 10 de junio, pero se suspendió la sesión al no contar con el quórum reglamentario.

La congresista Rosío Torres (APP), titular del mencionado grupo de trabajo, postergó ver el informe Cavero para el martes 14 de junio. Sin embargo, solo se vieron las denuncias contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, las cuales, finalmente, fueron declaradas procedentes.

De acuerdo al expediente elaborado por Alejandro Cavero, el operativo realizado en noviembre del 2020 no contaba con “el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o ministros de otras carteras”.

Si bien el documento presentado reconoce que “las muertes de Inti y Bryan fueron producto de heridas causadas por perdigones de plomo en diversas partes del cuerpo, según los certificados de defunción y necropsia”; también agrega que la PNP no emplea esos perdigones.

Por ende, esta comisión conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular, podría mandar al archivo la denuncia constitucional contra Merino, Flores-Araóz y Gastón Rodríguez presentado por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y ratificar esta decisión en el Pleno.

Acusación constitucional contra Dina Boluarte

El Parlamento está a la espera de votar la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte por la presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución.

La Subcomisión de Acusaciones declaró procedentes las denuncias 268 y 269 contra Dina Boluarte con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular, así como la inhibición del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien no hizo uso de su voto.

Por otro lado, Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, señaló que existiría un intento de que la acusación presentada contra la también ministra tenga una “finalización exprés” dentro del Congreso. “Los hechos no configurar una infracción”, dijo el letrado en canal N.

Las acusaciones contra Dina Boluarte se sustentan en los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, además de una presunta infracción a tres artículos de la Constitución.

Boluarte Zegarra es acusada en el Congreso por ejercer como presidenta y representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya asumía funciones en el Poder Ejecutivo, según reveló un informa de la Contraloría. Además, se le cuestiona por no haber colocado en su hoja de vida que sus parientes habían hecho contrataciones con el Estado.

Comisión para elegir al defensor del Pueblo

La comisión especial del Congreso, responsable de la elección del nuevo defensor del Pueblo, decidió dejar sin efecto el proceso y aprobar la propuesta de Hernando Guerra García (Fuerza Popular) de votar en el próximo Pleno la aprobación de un nuevo grupo de trabajo para la selección del funcionario servidor del Estado.

Esta decisión se da luego de la orden del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para suspender dicha elección.

Pese a la suspensión del proceso con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, María del Carmen Alva afirmó, en forma reiterativa, que el proceso de elección del defensor se estaba realizando “de manera transparente y con participación”.

Esta afirmación desafía lo expuesto por el juez John Javier Paredes Salas, quien advirtió “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.

Bancadas del Congreso rechazan ampliación de la legislatura

Desde las bancadas de Perú Democrático Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular y no agrupados se presentó en conjunto una moción en la que precisan que el objetivo de la ampliación de la legislatura es aprobar el dictamen de proyectos que modifican más de 50 artículos de la Constitución, atacando el corazón de la propia Carta Magna de 1993 y desconociendo la decisión popular del referéndum.

“El debate de una reforma tan importante requiere un proceso de deliberación que no se agota en la reflexión de modificaciones al diseño del parlamento, dado que el fortalecimiento de nuestro sistema político requiere una reforma integral del sistema de partidos, el sistema electoral, régimen político, relaciones Ejecutivo-Legislativo y de los mecanismos de control constitucional”, precisan en el documento.