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Caso Cuellos Blancos: Gianfranco Paredes ya no es colaborador eficaz

Fiscalía concluye que su declaración es incompleta y, al contrario, obstaculiza las indagaciones.

Final. Al cabo de 31 meses, se establece que Gianfranco Paredes no contó todo lo que sabía. Foto: difusión
Final. Al cabo de 31 meses, se establece que Gianfranco Paredes no contó todo lo que sabía. Foto: difusión
César Romero

La fiscal Magaly Quiroz, la nueva encargada del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, busca sanear el proceso antes de entrar a juicio. En este contexto, denegó la solicitud de beneficios de colaboración eficaz y dio por terminado el procedimiento para el colaborador eficaz con clave FPCC0108-2018.

Se trataría de Gianfranco Paredes Sánchez, el exasistente del expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, según diversas fuentes judiciales y fiscales. En los primeros días de la investigación, el 0108-2018 aparecía como el colaborador estrella de las exfiscales del caso Rocío Sánchez y Sandra Castro.

Por ejemplo, ese código aparece en los informes que la fiscal Castro elevó a la Fiscalía de la Nación sobre los vínculos de Gonzalo Chávarry y los fiscales supremos con la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Aparentemente, Gianfranco Paredes había delatado ante la Fiscalía toda la actuación de la organización criminal y sus contactos con empresarios como Samir Abudayeh y políticos, entre los que aparece José Luna Gálvez. En total, Paredes había ofrecido información sobre 70 presuntos hechos delictivos.

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Sin embargo, al cabo de 31 meses de corroboración de la información otorgada, la fiscal Quiroz concluye que el aspirante a colaborador FPCCO108-2018 no aportó nada nuevo y, al contrario, durante todo este tiempo habría pretendido ocultar la realidad de los hechos.

El aspirante a colaborador en mención pretendía corroborar sus dichos con los audios de las interceptaciones telefónicas que permitieron descubrir a la red y sus actividades, pero eso no es posible para una colaboración.

Orden. Fiscal Magaly Quiroz busca poner orden en el caso. Foto: John Reyes/La República

Si un audio ya revela con todo detalle un hecho delictivo, no se puede otorgar un beneficio al colaborador que entrega la misma información. Si la fiscalía ya tiene los datos probatorios de un hecho, no necesita a un colaborador.

Además, justo, los audios permiten conocer que la versión del aspirante a colaborador no describe de forma veraz y fidedigna la forma en que ocurrieron los hechos, más si oculta su participación en los mismos.

Por lo cual, la fiscal concluye que “la información que ha brindado el aspirante a colaborador eficaz no es objetiva pues no describe de manera verza, la forma como han ocurrido los hechos, mucho menos su participación y la participación de otras personas; sus declaraciones no han sido sustentadas en elementos objetivos directos o indirectos”.

Igualmente, “no es útil al no servir para que el Ministerio Público pruebe el delito ni la responsabilidad de las personas involucradas, pues tal como se ha indicado, se cuenta con los registros de comunicación que contienen información suficiente sobre la forma en que han ocurrido los hechos y el grado de participación de los sujetos”.

“Por tanto, la información no es eficaz pues no contribuye a lograr el objetivo del proceso especial de colaboración eficaz que es la eficacia de la persecución penal, toda vez que sus dichos no han cumplicdo alternativa o acumulativamente con los requisitos de eficacia de la información”.

Gianfranco Paredes ofreció información sobre el nombramiento del juez Israel Castillo Espilco por intermedio del entonces consejero Iván Noguera, previa entrega de vinos Protos para Walter Ríos. Pero, esa información ya se conocía a través de los audios donde aparece que Paredes se encargó de ofrecerle el cargo de juez, recomendarle el lugar donde comprar los vinos y acompañarlo a comprarlos.

Igualmente, el 3 de agosto del 2018, ofrece información sobre la contratación irregular del perito Cayetano Vásquez Vargas, pero no menciona los procesos y los abogados a favor de los cuales este consultor especializado debia intervenir. Esa información fue obtenida, a través de los audios, por la fiscalía suprema especializada en casos de corrupción, a través de un informe de abril del 2018.

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En otros casos, la información que entregó Paredes era pública, como la relación de los nombramientos de jueces supernumerarios, por lo que no se le necesitaba para obtenerla. El colaborador entregó la relación de nombramiento de 24 jueces supernumerarios, pero eso no es suficiente para probar que se trata de nombramientos contrarios a la ley.

Paredes no ofreció detalles de cada nombramiento, si los jueces entregaron regalos a Ríos, tampoco identifica a los procesos en los que deberían intervenir a favor de la organización, ni quienes fueron los empresarios y abogados beneficiados. El colaborador hace un relato que mejor le parece, sin que los fiscales encargados de recibir su testimonio realicen repreguntas o pidan precisiones.

En otros momentos, alcanzó información que ya era conocida en otras fiscalías. Los audios revelan muchos más detalles del nombramiento de jueces supernumerarios, casos en los que debían intervenir, los nombres de los abogados y de los empresarios y el tipo de prebendas que se les requerían.

Sobre el caso del empresario Salvador Ricci y el hotel María Angola, Paredes recién ofreció información genérica en enero del 2022, cuando para entonces ya había una investigación en trámite y más amplia en la fiscalía suprema, sobre sus vinculos con el expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. La declaración del colaborador confundia las fechas y el lugar de una reunión financiada por el empresario, que se conocia con todo detalle por los audios.

Respecto del empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, si bien el colaborador ofreció información el 5 de septiembre del 2018, sobre un pago de 30 mil dólares al juez Fernando Salinas Valverde, recién el 19 de febrero de 2020, casi un año y medio después, señala nuevos datos lo que evidenciaria un afán de ocultar información al Ministerio Público.

Para el 2020, la fiscalía suprema ya tenía conocimiento e investigaba los presuntos pagos realizados por Peña para obtener una medida cautelar a favor de la empresa LSA Enterprises SAC, hecho que se había conocido a partir de videos de vigilancia policial a una reunión que el empresario tuvo con Walter Ríos en el restaurant “Don Fernando” en marzo del 2018.

En septiembre del 2018, Gianfranco Paredes no le contó a la fiscalía que la ayuda de Walter Ríos a Óscar Peña fue retribuida con la entrega del examen de ascenso a juez supremo, que incluye recién su relato del 2020, lo que resta credibilidad a su declaración.

Sobre las fiscales que recepcionaron la declaración del aspirante a colaborador, Quiroz señala que “recibieron la declaración sin hacer un análisis previo respecto a si lo que podía aportar no era conocido por el Ministerio Público”, con anterioridad, teniendo en cuenta, además, que para la época en que se presenta la solicitud de colaboración eficaz, varios audios ya habían trascendido a la prensa.

La fiscal Quiroz notificó su decisión a la defensa del aspirante a colaborador y a las demás fiscalías que conocen las investigaciones a la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La resolución de la fiscalía detalle uno a uno los hechos en los que Paredes entregó información y como en cada caso ya la fiscalía conocia esos hechos por los audios y con mayor detalle y con otros personajes involucrados, sobre los que el colaborador guardo silencio.

Su declaración todavía puede ser útil

Fuentes de la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema indicaron que la denegatoria de la colaboración eficaz a Gianfranco Paredes no afectará otras investigaciones.

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Al denegarse la colaboración, la información entregada no se puede usar en su contra, pero la Corte Suprema estableció que sí puede ser utilizada contra otros procesados. Al respecto, la fiscal Quiroz dispuso agregar toda la información recogida en la fase de corroboración al expediente principal del caso por delito de organización criminal.

La decisión de la fiscal Magaly Quiroz busca devolver el protagonismo probatorio a los audios de las interceptaciones telefónicas. El colaborador será útil si entrega información a la que la fiscalía no puede acceder por otros medios