Fiscalía pide que Vladimir Cerrón mantenga su domicilio en Junín

El Ministerio Público ha solicitado que el exgobernador Vladimir Cerrón Rojas vuelva a fijar su domicilio en Huancayo, Junín, luego de que semanas atrás, en primera instancia, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria aprobara su pedido para cambiar su lugar de residencia a Lima, donde afronta una investigación en su contra por el caso Antalsis.

Según lo solicitado por la fiscal superior Patricia Pérez, no se debió conceder el cambio de residencia a Lima para Cerrón ya que no se convocó a una audiencia para debatir la solicitud del exgobernador ni se evaluó correctamente el peligro de obstaculización en el investigado.

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“El accionar de la organización criminal es a nivel nacional, al estar en Lima podría contactarse con otros miembros de la red. La resolucion no está de acuerdo a ley y se basa en la existencia de un contrato con Perú Libre para que Cerrón sea secretario general del partido, cuando ese cargo solo dura dos años (que venció en 2021) y solo se accede por elecciones internas del partido”, añadió la fiscal.

Pérez resaltó además que Cerrón ya tenía el cargo de secretario general de Perú Libre cuando se le dictaron reglas de conducta por el caso Antalsis, que ello no era un hecho nuevo para que se apruebe la variación de su domicilio.

Al término de la audiencia, la Tercera Sala de Apelaciones integrada por los jueces Yenny Magallanes, Víctor Enríquez y Ramiro Salinas anunciaron que decidirán en los próximos días si Cerrón mantendrá su domicilio en Junín o confirman su variación de residencia a Lima. La defensa de Cerrón no asistió a esta audiencia.

Caso Antalsis

En el denominado caso “Antalsis”, que investiga la Fiscalía, se le imputa a Vladimir Cerrón los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir por haber integrado una presunta organización criminal liderada por Martín Belaúnde Lossio entre los años 2011 y 2014, cuando Cerrón era gobernador regional de Junín.

Debido a esa investigación que sigue en curso, se le impuso a Cerrón desde el 19 de enero de 2017 una serie de limitaciones como: no ausentarse de su lugar de residencia (Huancayo), acudir cada 30 días al control biométrico, pagar una caución de S/5 mil e incomunicarse con todos los investigados del caso y presuntos miembros de la red criminal.

Se indagan dos obras: el otorgamiento de la buena pro y la ejecución de los puentes “Comuneros” y “Eternidad”, realizados en Junín, cuyo gobernador era el investigado Cerrón Rojas; y su gerente general Henry López Cantorín, también investigado en el caso.

Estas contrataciones se hicieron mediante convenios interinstitucionales entre el Gobierno Regional de Junín y la empresa estatal SIMA. Esta última subcontrató a las empresas privadas Antalsis SRL Sucursal del Perú, Antalsis Perú SAC y Corporación Asia SAC (encabezadas por Belaúnde Lossio) para que realicen la ejecución.

“De esa manera, dichos procedimientos administrativos de contratación se excluyeron de la ley de la materia, además de otras irregularidades en su tramitación”, señala una resolución del caso a la que accedió este diario. El perjuicio dejado por estas irregularidades es de S/26 millones, aproximadamente, según ha calculado la Fiscalía, a raíz del beneficio dado a Belaúnde Lossio con la ejecución de ambas obras.