¿El 30 de abril es feriado o día no laborable en Perú?
Política

A 30 años del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, hablan sus víctimas

Tres congresistas de partidos de oposición en ese año recuerdan cómo las fuerzas militares los detuvieron sin orden judicial y los mantuvieron incomunicados, privados del derecho a la defensa “por orden superior”. Era el inicio de la ruptura constitucional, el autoritarismo y el desprestigio de las instituciones fundamentales.

De izquierda a derecha: César Barreda, Raúl Ferrero y Jorge del Castillo. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República
De izquierda a derecha: César Barreda, Raúl Ferrero y Jorge del Castillo. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República

El abogado constitucionalista Raúl Ferrero Costa, quien representaba al Fredemo como senador, refiere que el Congreso estaba colaborando con el Ejecutivo otorgándole facultades en materia económica. Pensaron que con esos acuerdos el gobierno de Alberto Fujimori se estaba entendiendo con la oposición. Creyeron que eso lo animaba a trabajar en consonancia con los otros grupos del Congreso, ya que no tenía mayoría parlamentaria.

“La cosa iba por buen camino, pero lo que no sabíamos es que el presidente Fujimori ya había tomado otros asesores y a otra gente para comenzar a trabajar un proyecto distinto, el cual nadie conocía”, menciona.

Ferrero Costa cuenta que cuando la noche del 5 de abril le llamaron por teléfono para decirle que había ocurrido un golpe de Estado, no lo creía. Y es que eso significaba la ruptura constitucional y también de todos los acuerdos.

“Inmediatamente comenzó el control de la prensa. La prensa que salió el día 6 de abril era una prensa distinta al del 5 de abril, previo al golpe”, rememora.

Al día siguiente del golpe de Estado, los congresistas quisieron reunirse y solicitaron al decano del Colegio de Abogados, Andrés Aramburú Menchaca, que les ceda el auditorio. En este lugar, se produjo una especie de trifulca cuando llegaron fuerzas militares con orden de detenerlos.

“Fui detenido y llevado a un carro portatropas. Ahí estuve largos minutos, no sé cuánto tiempo. Y cuando me di cuenta que estos me podían llevar sabe Dios a dónde y corría peligro no solo mi libertad, entonces me dije ‘yo me fugo’. Esperé que se distrajeran y me escapé. Sin embargo, volvimos a intentar ingresar al Colegio de Abogados, pero no nos dejaron entrar. Hubo forcejeos con los militares, después vimos que llegó toda la fuerza militar o paramilitar del gobierno que se impuso sobre nosotros”, relata Raúl Ferrero Costa, aún sorprendido por las tres décadas que han transcurrido desde que vivió esta ignominia.

La orden sustraída al marino

El profesor César Barrera Bazán había sido reelegido en 1990 como diputado por Izquierda Unida. Cuando se produjo el golpe de Estado, era el primer vicepresidente de la cámara de diputados.

Relata que Fujimori decidió dar un viraje completo en el aspecto político-económico y empezó un plan de agresión al movimiento social y a la oposición. Sin embargo, el Legislativo le otorgó facultades al Ejecutivo para el manejo económico y también para el manejo social y político contra el terrorismo. Por eso, dice que no es verdad que el Congreso haya sido obstruccionista.

“En ese momento, empezamos a ver que el Gobierno de Alberto Fujimori avanzaba hacia el autoritarismo y el desprestigio sistemático de las instituciones fundamentales de la República”, anota.

Incluso, había una campaña contra el Poder Judicial, que decía era una cueva de chacales. Que el Congreso estaba en manos de la oposición obstruccionista que no le dejaba gobernar. Se emprendió un ataque contra el movimiento social y se trajo abajo las conquistas de los trabajadores.

“Los mandos militares opinaban haciendo política abiertamente. Recuerdo al señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos dedicándose a golpear a la oposición. En ambas cámaras hablamos de que se avecinaba un gobierno duro, autoritario, similar a lo que ocurría en Uruguay en ese momento, donde había un gobierno de civiles, pero en alianza con una casta militar”, indica César Barrera antes de relatar lo que ocurrió el 5 de abril de 1992.

“Cerca de las 7.00 de la noche anunciaron un mensaje del presidente de la República. No había un hecho relevante para eso. Mi experiencia política me decía que algo grande había ocurrido”, manifiesta.

“Momentos antes del mensaje presidencial, apareció una columna de policías en el condominio donde vivo, en Comas. Un oficial se presentó en mi casa y me dijo lo siguiente: ‘Tengo órdenes directas del comando policial del Ministerio del Interior para darle seguridad’. Pregunté por qué y la respuesta es que había un trascendido de que yo podría ser objeto de un atentado terrorista”.

Cuando empezó el mensaje, ingresó aparatosamente un contingente de marinos con pasamontañas y fuertemente armados. A través de sus vecinos, se enteró que toda la cuadra estaba rodeada por vehículos militares.

Los marinos desalojaron a los policías. Uno de ellos traía una hoja y le dijo a Barrera que tenía orden de la superioridad de llevarlo detenido. Hicieron una suerte de callejón oscuro para sacarlo de su casa y lo introdujeron en un vehículo militar. La caravana se dirigió a la Base Naval.

“En el camino vi que el marino que me leyó la orden había puesto el papel en uno de los bolsillos de su chaqueta. Me sentaron en el asiento posterior, crucé los brazos y en un momento le sustraje esa hojita, que después fue clave en el juicio contra Alberto Fujimori”, narra César Barrera.

Luego fue llevado al barco Elías Aguirre. Ahí lo ubicaron en la parte central de la nave donde había una suerte de celdas. Poco tiempo después, escuchó que venía otra persona, era el dirigente aprista Luis Negreiros, diputado como él. Lo pusieron en una celda contigua a la suya.

Pasaron los minutos y escuchó otra voz que conversaba con los marinos. Era Fernando Reyes Roca, general de la Policía y exdirector de seguridad del Estado. César Barrera lo conoció en Seguridad del Estado por las veces que lo llevaron a ese lugar. “Increíble, estaba yo preso junto a quien me había capturado en muchas oportunidades”, manifiesta.

Estuvieron detenidos una semana como un caso típico de secuestro, sin orden judicial de apresamiento, incomunicados, sin derecho a defensa. Hasta que les dijeron que se alisten porque los iban a trasladar a otro lugar.

Fueron llevados al cuartel de la entonces Guardia Republicana, en el Rímac. Ahí se encontraron con otro grupo de apresados como Jorge del Castillo, quien había estado en otra sede militar.

“Una madrugada apareció un médico, quien nos revisó a grosso modo y determinó que estábamos en óptimas condiciones físicas. Luego, vino un militar y dijo: ‘Ya pueden ir a sus casas’. Nosotros respondimos que no íbamos a salir hasta que amanezca”, evoca.

Pero la información sobre la presencia de detenidos en ese lugar ya se había filtrado. Llegaron periodistas y algunos familiares. Con esa garantía salieron y se fueron a sus respectivos domicilios. “Lo demás ya es conocido, participamos en protestas y denunciamos a la dictadura”, anota.

En cuanto al papel que sustrajo de la chaqueta del marino que lo detuvo, César Barrera precisa que tenía el membrete del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí se indicaba que “por orden de la superioridad, se procederá a la detención de los elementos cuya nominación se les ha dado oralmente…”, el cual llevaba la firma de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Dice que este documento fue clave para imputar a Alberto Fujimori. Lo firmaba el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y quien estaba por encima de él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, Alberto Fujimori.

“El papelito sirvió en el juicio que se le siguió a Fujimori por el golpe de Estado y el secuestro del 5 de abril. Además, para que el colegiado al mando del magistrado César San Martín dictara la sentencia de 25 años”, remarca César Barrera.

Temí por mi vida

Aquel 5 de abril, el abogado aprista Jorge del Castillo Gálvez era diputado. Se encontraba en la casa de Alan García, en la calle Trinidad, en Surco. Cerca de las 9.00 de la noche, la Policía rodeó la vivienda. Los oficiales, que estaban con ellos, les informaron que también el personal del Ejército había llegado.

De inmediato, escucharon por el altavoz lo siguiente: “En nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, salgan”.

García y Del Castillo se resistieron a salir. El Ejército empezó a disparar y ellos respondieron con tiros al aire cuando vieron un vidrio antibalas de la propiedad totalmente inutilizado.

“Después de un rato, Alan me dijo: ‘Voy a salir de la casa y te voy a llamar’. Yo tenía un teléfono satelital de esos antiguos. Efectivamente, me llamó: ‘Tienes que abrir la casa porque adentro están mis hijos, cuídalos’. Entonces, abrimos la puerta y salimos con la policía adelante, yo era el único civil. Alan ya se había ido. Yo estaba contra la pared con un fusil apuntándome en la espalda. Me encapucharon, me llevaron y, por supuesto, me golpearon”, describe.

Alan García logró esconderse en la vivienda de Gustavo Miller, que estaba a cuatro casas de la residencia de la familia García Nores. Y Jorge del Castillo fue llevado al Cuartel Alfonso Ugarte de la División Aerotransportada, en Las Palmas, donde estuvo confinado una semana.

“Cuando me detuvieron, temí por mi vida porque noté que me subieron en un carro particular, no era un patrullero ni un vehículo oficial. Me llevaron en el asiento posterior con un tipo que tenía la pistola en mi cabeza todo el tiempo. Dieron muchas vueltas por Lima y terminamos en Las Palmas. Estuve incomunicado, para mi familia yo estaba desaparecido. Cuando mi esposa iba a reclamar a cualquier dependencia pública, policial o militar, se burlaban e insultaban”, asegura.

En esa línea, señala el altísimo riesgo que había en esas circunstancias, sin ninguna garantía. Recordaba el golpe de Estado que se había producido unos años antes en Bolivia, la irrupción en el Congreso de ese país y el asesinato de parlamentarios. Pensó que ese hecho podía ocurrir aquí.

Una madrugada me pusieron capucha, me sacaron en un jeep y terminé en el cuartel de la Policía en el Rímac, en la calle Los Cibeles. Al lugar llegó detenida Mirtha Cunza, la secretaria de Alan García, también Luis Negreiros, César Barrera Bazán. Ahí estuvieron hasta que otra madrugada vino un fiscal con un médico de Medicina Legal para hacer una revisión. Después de eso, me llevaron y dejaron cerca de mi casa. Eso fue así”, relata.

Posteriormente, junto a Pilar Nores quisieron presentar un habeas corpus en el Palacio de Justicia. No lo pudieron hacer porque la sede estaba rodeada de tanques.

Raúl Ferrero Costa, César Barrera Bazán y Jorge del Castillo Gálvez se sorprenden de que este suceso ya tenga treinta años. “Qué pronto pasaron los años, pero la memoria está ahí”, afirma César Barrera.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.