Arequipa: “Malditos de Chumbivilcas” en libertad

Por: Roberth Orihuela Q.

Todos quedaron en libertad. El pasado 11 de marzo se instaló el juicio que se sigue contra los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Malditos de Chumbivilcas”. Se trata de uno de los casos más grandes que tiene el Ministerio Público y que involucra a presuntos traficantes de terrenos, funcionarios del municipio provincial y hasta exjueces. Entre los investigados están el exjefe de la oficina de conflictos sociales de la comuna de Arequipa, José Luis Cavero Astete, y los exdirigentes y presuntos traficantes de terrenos; hermanos William y Pepe Merma Valencia y Leandro Castañeda.

Los 31 investigados en el proceso, llevan el juicio en libertad. Esto por una supuesta negligencia de la fiscal especializada en Crimen Organizado, María Alejandra Cabana Ocsa. La letrada tiene el caso desde que inició en marzo del 2018. Le tomó 4 años recolectar las pruebas suficientes para presentar la acusación contra los implicados. Lo hizo en enero de este año, cuando solo tenía por delante dos meses para que se cumpla los plazos de la prisión preventiva que llego hasta 4 años.

De acuerdo al Código Procesal Penal, se pueden dar hasta 36 meses (3 años) de prisión preventiva y luego extenderlos de forma excepcional hasta 12 meses más. Es decir, un investigado no puede estar más de 4 años en prisión sin que se le inicie el juicio.

El tiempo se le pasó rápido a la fiscal. En enero recién presentó el control de acusación, cuando la Corte Superior de Justicia de Arequipa entró en receso por vacaciones. Aún así, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado José Ríos Núñez, llevó a cabo la etapa. Y es que el tiempo apremiaba. Esto porque el 19 de marzo vencía el plazo de prisión preventiva contra 6 de los investigados; los únicos que fueron encarcelados en 2018, mientras duraba la etapa de investigación.

Viendo esto, la fiscal interpuso un requerimiento de Exclusión del Cómputo de Plazo de Prisión Preventiva para mantener en prisión a todos los investigados. Este fue declarado infundado por el juez Ríos Núñez el pasado 1 de marzo. Con esto, todos han salido libres y se encuentran solo con comparecencia.

El caso

Como se recuerda en marzo del 2018, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción realizaron un megaoperativo que terminó con 26 detenidos. La tesis de la Fiscalía era que funcionarios del municipio provincial habían beneficiado a invasores y traficantes de terrenos en la asociación de vivienda Jardines del Chachani. Algunos de los principales implicados son el exalcalde Alfredo Zegarra y su exfuncionario José Luis Cavero. El primero firmó resoluciones que favorecieron a la Asociación de Vivienda. El segundo era quien los entregaba a William Merma, quien los presentaba ante los socios aduciendo que contaban con el apoyo edil.

Por su lado, los traficantes cobraban cantidades de dinero a ciudadanos para entregarles terrenos. Por ejemplo, había lotes de 200 metros cuadrados que costaban 25 mil soles, aprovechándose de la necesidad de terrenos de la gente. Luego de eso los acosaban cobrando “cuotas sociales” y “cuotas extraordinarias”. Si no pagaban los expectoraban y revendían los lotes a otros incautos.

Además, los traficantes de terrenos, tenían un brazo legal. En este estaban jueces de paz, quienes expedían constancias de posesión que servían como herramienta para demostrar que los invasores estaban más tiempo del que verdadero ocupando dichas tierras. Uno de estos jueces era Beneraldo Paricahua Ramos, quien fue sucedido por Gabriela Córdova Cuba, quien hacía lo mismo a cambio de dinero que los traficantes les pagaban.

Tras la desarticulación de la organización criminal varios de los detenidos se acogieron a la colaboración eficaz. En el juicio oral que se sigue contra los Malditos de Chumbivilcas hay 31 acusados, 169 testigos y 6 peritos.

Cuestionan labor de fiscal Cabana

Lo que es claro es que la demora en la investigación llevó a que los tiempos para la prisión preventiva se vencieran. Fuentes del Ministerio Público indicaron que la fiscal Maria Cabana sería investigada por la Oficina de Control Interno.

El especialista en Derecho Municipal, Edgardo Lajo Paredes, manifestó su duda sobre la transparencia del trabajo de la fiscal. “Aquí hay algo extraño. ¿Cómo es posible que haya dejado que liberen a los investigados? Eso implica un riesgo de fuga. Es algo que además debería ser investigado por la Fiscalía Penal, tal vez por omisión de funciones”, dijo.

Por su parte, el exregidor Christian Talavera Apaza indicó su desazón con el trabajo de la fiscal. “Han pasado 4 años y recién se instaló el juicio. Recién me llamaron como testigo. Otro riesgo con la liberación de los investigados es que podrían provocar que algunos testigos se echen para atrás”, añadió.