Los pros y contras de la ley que establece experiencia para cargos de confianza en el Ejecutivo

Una de las falencias del Gobierno de Pedro Castillo es que continuamente se han nombrado en altos cargos del Ejecutivo a personas sin experiencia en el sector, lo cual perjudica los procesos de gestión pública. No obstante, este martes 15 de febrero, se oficializó la Ley N° 31419, que establece requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos, a fin de regular estas figuras.

En muchos de estos puestos, al ser ‘de confianza’, se pierde la rigurosidad al evaluar la experiencia que debería tener un ministro o viceministro, y esto incluso alcanza a los gobiernos regionales y locales. La norma, además, señala que en 30 días como máximo se puede hacer la remoción de las personas no aptas y colocar un reemplazo.

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La experta en gestión pública Alexandra Ames comentó que esta iniciativa es importante, dado que genera un avance en la elevación de la valla para que personas idóneas puedan ocupar los puestos más importantes del Estado. No obstante, resaltó que esta ley no abarca a los directores generales ni directores de línea, que tienen también puestos de confianza.

“Esta ley, que tiene buenas intenciones, se convierte también en un riesgo para que viceministros y secretarios generales, que sí tienen las capacidades, se conviertan en una especie de adorno y el sistema propio encuentre la forma de darle más poder a algunas personas de confianza”, señaló a La República.

A su vez, la especialista en gestión de políticas públicas Paula Távara coincidió con la importancia de esta norma para garantizar que los cargos técnicos sean asumidos por personas competentes, ya que ellas son los encargadas de efectivizar el rumbo de los lineamientos del Gobierno en favor de la población.

Sin embargo, advirtió que esta ley podría tener una intencionalidad política, en el sentido de que solo se limita la designación de cargos de confianza y no fomenta un cambio estructural.

“Probablemente, (la norma) tenga alguna intencionalidad en este momento de limitar determinados tipos de nombramientos que se están dando y quizás por ello no está pensada en todo el cuerpo de la gestión pública, sino en estos cargos específicos que son los que mediáticamente ahora mismo estamos viendo”, indicó a este medio.

Cambio constante de directivos genera inestabilidad

Los cambios continuos en el servicio público siempre son perjudiciales, pues implican que el funcionario deba conocer desde cero el sector. Ames añadió que, en el contexto actual, esto se complicaba aún más, ya que este Gobierno ha tenido dificultades para encontrar y designar personal técnico idóneo.

“En el mediano o largo plazo, es positivo procurar tener funcionarios que posean las competencias para ocupar los cargos directivos, porque, además, se trata de generar la carrera pública. No te están diciendo que no vas a poder llegar, te están diciendo que construyas esas oportunidades desde abajo”, apuntó.

En tanto, Távara expresó que la remoción y reemplazo en repetidas ocasiones de funcionarios es una forma de generar inestabilidad política, pero si se tuviera un sistema sólido de servidores públicos, como en países desarrollados, las crisis políticas no calarían en donde se ejecutan las soluciones a favor de los ciudadanos.

“Cuando no tenemos este sistema sólido de servidores públicos, cada crisis política genera inestabilidad también en los servidores públicos y esto es lo que hace que se afecte directamente en los ciudadanos, porque no tenemos esta continuidad de las políticas públicas que se necesita para seguir brindando los servicios adecuados”, refirió.