Defensoría: Pedro Castillo debe recomponer su gabinete en el más breve plazo

La Defensoría del Pueblo cuestionó la designación del nuevo gabinete ministerial convocado por el presidente de la República, Pedro Castillo. A través de un comunicado, la entidad recordó que “la facultad presidencial para designar ministros no es irrestricta, pues se encuentra sujeta a un conjunto de parámetros contenidos en la Constitución que resultan de obligatorio cumplimiento para el jefe de Estado”.

En efecto, para la entidad, esta prerrogativa del mandatario es “una obligación constitucional” que debe asumir.

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“En tal sentido, conforma un estándar mínimo que debe ser cumplido al momento de designar ministros. Por ello, resulta inaceptable que varios de los integrantes del gabinete registren sentencias condenatorias o procesos judiciales en trámite”, detalló.

De igual manera, la Defensoría consideró que toda persona nombrada en este cargo tiene “el deber de proteger derechos fundamentales. No obstante, calificó de “grave” que en el actual gabinete “se constate la presencia de ministros que los han afectado gravemente mediante sus acciones y discursos”.

“Los ministros que mantienen acusaciones de violencia familiar contra mujeres, niños y adolescentes, o niegan la diversidad sexual no pueden continuar en el cargo. Debe recordarse que la desigualdad, la violencia y la discriminación contra los grupos mencionados constituyen graves problemas que aquejan al país históricamente. Quienes asuman la responsabilidad de dirigir las políticas públicas para enfrentarlos deben mostrar un compromiso integral con las mismas”, expresó el comunicado.

Por el contrario, la institución mencionó que la lucha por la igualdad de género y contra la violencia, así como el reconocimiento de la diversidad exige el concurso de personas “que demuestran una trayectoria de vida, conducta y formación óptimas”. “Proceder de forma contraria, dejando de lado estas cualidades, transgrede los parámetros establecidos por la Constitución y coloca en riesgo los avances que se han tenido en estos años”, añadió.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo señaló que es “una obligación del presidente garantizar la buena marcha de la administración pública” y que esta solo es posible “designando en los cargos ministeriales a personas de probado conocimiento y experiencia en la gestión privada y pública”.

“Sin embargo, es patente en el gabinete la presencia de ministros con escasa o nula formación para la cartera que deben gestionar. Tal hecho afecta la provisión de servicios a la ciudadanía dañando sus derechos”, aseveró la entidad encabezada por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Finalmente, ante lo expuesto, se concluyó que “la designación del actual gabinete transgrede los mandatos constitucionales de lucha contra la corrupción y el delito, garantía de derechos humanos y de buena administración”. “Por ello, corresponde al presidente (Pedro Castillo) recomponer su gabinete en el más breve plazo, designando nuevos ministros que cumplan con los requisitos constitucionales antes mencionados”, exhortó.