De Echave: “El Perú es uno de los principales países productores de conflictos sociales asociados con la minería”

El exviceministro de Gestión Ambiental y economista José De Echave responde sobre el caso de las cuatro operaciones mineras en Ayacucho. Dice que el reto es “hallar los equilibrios entre los derechos de los inversionistas, la seguridad jurídica y la protección de los ecosistemas”.

¿El Gobierno debió haber conversado con las empresas mineras antes de anunciar el cierre de operaciones de los proyectos en Ayacucho?

Yo estoy tratando de evaluar diversos elementos. Por un lado, están las declaraciones de la premier, luego, el acta firmada, y el comunicado de la PCM. Yo miro todo ese combo de insumos y también el hecho de que hace menos de un mes, a finales de octubre, en esta zona de Ayacucho, estábamos viviendo un conflicto complicado, con, incluso, la quema de un campamento, y que terminó el 29 con la firma de un acuerdo que comprometía la presencia de Mirtha Vásquez en la zona.

Correcto.

Entonces, el conflicto se ha logrado encaminar a una situación todavía precaria, pero de diálogo, que esperamos que predomine, por lo que el balance termina siendo positivo. Ahora bien, las empresas, un par de ellas, han dicho que están pidiendo modificar las fechas de cierre, pero eso no es automático. Se hace la solicitud, se inicia un proceso administrativo que implica la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que tiene que pasar por una audiencia pública. Mientras eso no esté aprobado, el cronograma de cierre se mantiene.

¿Ve posible llegar a un entendimiento entre el Gobierno, las mineras y los ayacuchanos?

Se va a tener que mantener un equilibrio entre los diferentes actores involucrados. No hay que olvidar que este es un conflicto mapeado por la Defensoría del Pueblo desde hace 10 años y en ese tiempo no ha habido capacidad de nadie para hallar una solución. Es un conflicto antiguo que escala y me da la sensación -aunque no he ido hace tiempo a la zona- que, si bien estamos hablando de cuatro operaciones, la situación no es la misma para cada una. Por ejemplo, la quema del campamento fue por Apumayo. Es decir, hay un problema con esas operaciones. Y lo mismo podría ocurrir con Breapampa. Pero, en todo caso, si alguna de las cuatro operaciones pretende quedarse en la zona, lo que van a tener que hacer es construir una relación que hoy en día es terriblemente deteriorada, al margen de la normativa que tienen que cumplir. Es inviable un proyecto minero si las empresas no logran construir una relación de respeto con las poblaciones vecinas.

¿Cree que Mirtha Vásquez ha actuado por sesgo ideológico?

No lo creo. Lo que esperaría de ella es que, si bien la estabilidad jurídica es sumamente importante y hay que respetarla, también lo es que los temas de sostenibilidad ambiental vinculados a los ecosistemas sean reconocidos, y que los derechos de las poblaciones sean tomados en cuenta. No es la primera vez que se ve un conflicto importante vinculado con la minería, ni es este Gobierno el que registre la más alta conflictividad social. El Perú es uno de los principales países productores de conflictos sociales asociados con la minería. Y esos conflictos son alertas, son indicadores de que algo no está funcionando bien.

¿Cuál es el reto ahora?

Hallar los equilibrios entre los derechos de los inversionistas, la seguridad jurídica y la protección de los ecosistemas, de las cabeceras de cuenca y de los derechos de las poblaciones. Eso es lo que ha estado haciendo falta en estos últimos 25 años y ojalá se pueda avanzar en ese sentido. Hay que tener en cuenta que la minería tendrá montos extraordinarios. Solo este año se calcula que sus ingresos serán de unos 13.600 millones de dólares. Estará en una situación de bonanza y eso se debe expresar, también, en términos sociales y ambientales. Ese es el reto.

¿Puede haber habido alguna sobrerreacción desde los empresarios?

Coincido. Creo que el sector empresarial minero ha apostado por una sobrerreacción para tratar de instalar una idea de que estamos frente a un Gobierno anti inversión, sin tomar en cuenta que el escenario es muy bueno para el sector. Sin embargo, lo mejor que le puede pasar a las mineras y empresarios es que haya estabilidad política, social y económica, porque así todos podrán ganar.