Arequipa: ratifican detención preliminar para consejeros regionales no habidos
Poder Judicial confirmó en segunda instancia la detención preliminar para Tomas Ayñayanque y Santiago Neyra. Ambos están prófugos desde el mega operativo dirigido por la Fiscalía.
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El Poder Judicial ratificó la detención preliminar por diez días para dos consejeros regionales investigados como integrantes de la organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor, teniendo presuntamente como líder al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.
Se trata de Tomas Wuile Ayñayanque Rosas quien fue presidente del Consejo Regional en el 2020 y Santiago Neyra Almenara quien ocupó el mismo cargo desde el 2021, ambos actualmente se encuentran no habidos.
En audiencia, la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor, presentó los elementos de convicción –a nivel de razones plausibles – que los mencionados integrarían la organización criminal, que supuestamente recibieron ofrecimientos para no fiscalizar la gestión del gobernador, ni interpelar a Marcelo Córdova Monroy, entonces gerente de Autodema, entre otros.
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Tomas Wuile Ayñayanque Rosas y Santiago Neyra Almenara, son investigados por el delito de organización criminal cuya sanción mínima es de 8 años de pena privativa de la libertad, en concurso real con el delito de cohecho pasivo impropio que es de 4 años.
La detención preliminar se confirmó en segunda instancia y se ratificó la orden de allanamiento, descerraje, registro domiciliario e incautación realizada a todos los investigados.
Según la investigación a cargo del fiscal provincial Anticorrupción Arturo Valencia Paiva, la denominada organización criminal Los hijos del Cóndor se encuentra presuntamente integrada por 25 personas y operaría desde el interior del Gobierno Regional de Arequipa desde el año 2019 hasta la actualidad.
En esta, presuntamente, Elmer Cáceres Llica, por intermedio de sus funcionarios de confianza, habría captado a siete consejeros regionales, ofreciéndoles dádivas, terrenos, obras, designación de funcionarios, puestos de trabajo y otros, a cambio de que su gestión no sea fiscalizada, blindar a sus funcionarios y a él ante cualquier pedido de interpelación.
