Richard Rojas, un embajador investigado

La decisión del presidente Pedro Castillo de restablecer las relaciones a nivel de embajadores con Venezuela y designar esta responsabilidad a Richard Fredy Rojas García ha causado críticas a nivel nacional e internacional por los antecedentes del nuevo alto funcionario. Aparte de los cuestionamientos por su inexperiencia en el sector y del rechazo por parte de Panamá como embajador en dicho país, el también secretario de prensa de Perú Libre y hombre cercano a Vladimir Cerrón afronta una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

En setiembre, como lo informó La República, Rojas García fue incluido en la indagación iniciada en Lima a la organización política del Gobierno y sus dirigentes ante el presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales.

Según la Fiscalía, el ahora embajador habría colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal, al actuar como intermediario para que el dinero llegue a Vladimir Cerrón, quien está imposibilitado de acceder a este, de forma directa.

Esta hipótesis se refuerza con el intento de Rojas García de retirar, en julio de este año, S/ 376.930 de una cuenta de ahorros de Vladimir Cerrón. Esta operación no pudo ejecutarse ante la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera al congelar la misma. Rojas intentó retirar el dinero por segunda vez, pero también se frustró esta tentativa.

“No me aferro al cargo”

Al respecto, Rojas comentó que se siente preparado para asumir cualquier cargo. “Aparte de ser comerciante, también soy estudiante de Derecho. Soy un político”, mencionó en RPP. Añadió que el ser embajador es parte de “asumir retos”.

Sobre las imputaciones en su contra, sostuvo que el dinero que se intentó retirar fue un préstamo de Cerrón a Perú Libre. Afirmó que si la Fiscalía solicita que permanezca en el Perú hasta que culminen las investigaciones, renunciará a su nombramiento. “No me aferro a ningún cargo”, resaltó.

La Cancillería, a través de un comunicado, precisó que la designación “responde a la evolución del proceso político venezolano” y al reconocimiento de las conversaciones del Gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, política defendida por el ministro Oscar Maúrtua.

Al respecto, el politólogo Eduardo Dargent señaló que lo cuestionable no es nombrar a un político como embajador, sino que no esté a la altura que se requiere. Agregó que el Gobierno de Castillo tendrá complicaciones si la acción venezolana aumenta protagonismo en el Perú, lo que generaría el regreso de cuestionamientos. “Espero que haya cierta prudencia para reducir las tensiones y hacer que los extremos vayan quedándose solos”, remarcó.

El exembajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, lamentó la decisión del jefe del Estado, la consideró como “estar de lado del opresor y no del oprimido”. Agregó que la crisis en su país no debe verse desde perspectivas políticas, sino como un problema de derechos humanos.

“Designación no va en la línea del mensaje de Castillo”

El internacionalista Óscar Vidarte comentó que nombrar como embajador a un investigado por presuntos delitos penales y que “claramente no tiene los pergaminos” para el cargo “no da buenas señales” hacia la comunidad exterior.

Comentó que “no va en la línea del mensaje de estabilidad y cordura que ha tratado de dar internacionalmente” el presidente.

Sin embargo, precisó que el reconocimiento al Gobierno de Maduro va de acuerdo con la línea del Ejecutivo peruano.

Vidarte indica que Rojas no cumple con el perfil requerido, pero al ser la norma tan amplia y al estar la política exterior a cargo del mandatario, se permiten estas designaciones.

La palabra

Carlos Scull, exembajador de Venezuela

“La repatriación no va a solucionar la crisis de los migrantes. Más que políticas que busquen expulsar, hay que priorizar políticas que busquen integrar. El principio de solidaridad es el que debe prevalecer”.