Juan Carrasco: “Nunca interferí en una investigación como fiscal y no lo haré como ministro”

Desde su designación como ministro del Interior, el exfiscal Juan Carrasco generó polémica. A continuación afronta preguntas sobre los temas más polémicos que enfrenta desde su despacho, uno de los más difíciles del Ejecutivo.

La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) investiga al primer ministro Guido Bellido, al congresista Guillermo Bermejo y al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sectores de la oposición advierten de una presunta presión del Ejecutivo sobre la Dircote. ¿Qué garantiza que no habrá intromisión en el trabajo de la policía antiterrorista?

El Código Penal establece claramente que el director de la investigación es el fiscal. Los elementos de prueba, las declaraciones, los testimoniales, las pericias y la cadena de custodia, los maneja y es de responsabilidad del fiscal.

Sin embargo, justo poco después de que la Fiscalía inició la investigación, el alto mando de la Policía ordenó una inspección en la Dircote, lo que se interpretó como una forma de presión.

El hecho de que la Inspectoría de la Policía Nacional haya intervenido en la Dircote corresponde a un tema netamente administrativo. Como lo ha dicho el inspector general de la Policía, la revisión forma parte de un plan anual de inspecciones a diferentes unidades policiales. Las inspecciones están relacionadas solamente a la logística, el abastecimiento de combustible, el uso de vehículos y de los recursos humanos. No tienen que ver con las investigaciones.

¿Quién supervisa las investigaciones de la Dircote, la Policía o la Fiscalía?

Reitero, es el fiscal el que supervisa las investigaciones como director del caso. Es imposible que la Inspectoría sustraiga información. Eso no ha sucedido.

¿No le incomoda que la Dircote investigue a figuras del Gobierno y del partido Perú Libre?

He tenido una carrera de 12 años totalmente impecable, transparente, no tengo ningún proceso por ningún tipo de denuncias. Soy muy respetuoso de las instituciones, y en este caso, del Ministerio Público, que es de donde vengo. La Fiscalía tiene una labor que cumplir, investiga y persigue con el apoyo de la Policía Nacional.

¿No habrá interferencia del Ejecutivo?

Nunca he interferido ni obstaculizado ninguna investigación durante mi época de fiscal, y no lo haré desde mi despacho como ministro del Interior. Tenga por seguro que la investigación se llevará dentro de lo legal, dentro de lo normal y lo correcto.

Usted ha dicho que existen excongresistas convertidos en operadores políticos que quieren su cabeza por haberlos investigado. ¿A quiénes se refiere?

Nosotros no hemos investigado a cualquier persona sino a organizaciones criminales de gran dimensión dedicadas a la extorsión y el sicariato, como “La Gran Familia” y “Los Sanguinarios del Norte”, las que incluían en sus filas a policías y funcionarios del Estado.

E investigamos al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, quien, por versiones de colaboradores eficaces, sobornó a funcionarios Jurado Nacional de Elecciones. Varios fueron procesados y finalmente blindados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

¿A qué casos alude?

Por ejemplo, una de las investigaciones es el caso de Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, también vinculado con el tema de los “CNM audios”, e incluso fue intervenido y detenido. Se le dio prisión preventiva.

En esa red denominada “Los Wachiturros de Tumán” encontramos a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza. De acuerdo a las investigaciones, la información era que llevaban dinero a varios congresistas para que apoyen una ley de protección patrimonial. Esta implicaba que Oviedo no pagara a nadie.

Y está el caso del exalcalde David Cornejo Chinguel, que comprendió a 60 investigados, entre ellos los excongresistas Héctor Becerril, Clemente Flores y Manuel Vásquez, y otros exlegisladores de distintas bancadas.

Es escandaloso que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso haya cerrado sus casos, habiendo la Fiscalía acreditado los hechos. Esos casos deberían reabrirse. Pero ¿usted cree que se han quedado tranquilos? No me quieren en el Ministerio del Interior.

¿De qué modo participarán las rondas campesinas en seguridad ciudadana en la capital?

Las rondas campesinas ya están incluidas en el sistema de seguridad ciudadana. No es algo novedoso, están en la ley de seguridad ciudadana. Incluso existe una Dirección de Rondas Campesinas en el Ministerio del Interior. Sus funciones y ámbitos están precisados por ley.

Por lo tanto, descartamos totalmente que las rondas campesinas vayan a operar en la ciudad de Lima, porque ya existen la Policía Nacional, las juntas vecinales, el serenazgo y, en épocas de emergencia como ahora, están las Fuerzas Armadas, que aseguran el respeto de los protocolos para frenar la pandemia.

¿Y existe un plan para la expulsión de extranjeros, como anunció el presidente Castillo?

Sí, será en tres etapas. La primera es verificar quiénes están de manera ilegal en el país. Hay normas migratorias que obligan a estas personas a que tengan un carné de extranjería, que tengan un pasaporte o un documento que los autorice a estar en el país.

Aquellos que no lo tienen definitivamente han infringido las normas migratorias y tienen que ser expulsados. El segundo gran grupo son aquellos que cometen delitos o cometen infracciones dentro del país, como faltarle el respeto a la autoridad y al ciudadano peruano.

Ellos también son sometidos a un procedimiento y finalmente serán expulsados del país por resolución. Y el tercer grupo son los que están sentenciados y están cumpliendo su condena en un penal del Perú.

Para los tres grupos necesitamos contar con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, contar con aviones para trasladarlos hasta Venezuela y requerimos de un presupuesto.

Es costoso llevar a estas personas hasta Venezuela. Buscamos un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para que nos envíen sus aviones con sus respectivos custodios.

¿Esto forma parte del plan para reducir la criminalidad de los extranjeros?

Eso es muy necesario. Tenemos más de 6 mil resoluciones de expulsión de extranjeros, pero por un tema de presupuesto no se pueden hacer efectivas porque no tenemos frontera con Venezuela.

¿Usted cree que la expulsión es la única opción?

Es la más eficaz en este momento, porque lo otro supondría gastos para el Estado enviándolos al penal.

Usted renunció como fiscal provincial para asumir el Ministerio del Interior, pero su caso ha quedado en el limbo. ¿Qué solución encontró?

Yo dejé el cargo de fiscal el 27 de julio, el día que presenté mi carta de renuncia irrevocable. Nunca dirigí un operativo, no firmé documentos, no asistí a ninguna audiencia y tampoco emití una disposición. Es decir, nunca ejercí cargo como fiscal.

¿Y como ministro?

Tampoco ejercí porque aún no tenía la posesión del cargo. En la administración pública empiezas a trabajar no desde el día que te designan sino tienes cinco días más para que entregues el cargo al anterior trabajo. Además, teníamos una comisión de transferencia que estaba supervisada por la Contraloría y esa comisión finiquitó sus labores el 5 de agosto. Por todos lados, los plazos se han cumplido.

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