A tres años del inicio del uso desmedido de la vacancia para destituir a un presidente

En los últimos tres años, el Congreso de la República inició cuatro procesos de vacancia presidencial y logró destituir a un jefe de Estado bajo este recurso.

Nunca antes en nuestra historia reciente un Parlamento había utilizado de forma excesiva dicho mecanismo para sacar a un mandatario de su cargo por “permanente incapacidad moral”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su última visita a Perú, mostró su preocupación por el uso reiterado de esta figura, ya que afectaría la gobernabilidad el país con graves efectos en la estabilidad democrática y social.

Analistas políticos coincidieron en que el uso reiterado de la vacancia respondió a la pésima relación entre el Ejecutivo y Legislativo.

“Guarda vinculación con este escenario político de conflicto donde habían dos poderes enfrentándose. El Ejecutivo está por un lado y el Legislativo tiene el dominio. En el 2016, 73 congresistas eran de la oposición. Fue algo que nunca se había visto”, señaló la politóloga Marisol Cuéllar a La República.

Agregó que estudios en la materia evidencian que cuando se dan estas situaciones, el Parlamento se disuelve, el presidente es vacado, renuncia o se queda en un puesto donde será casi imposible que tome acciones. Todo ello ocurrió entre el 2017 y 2020 en el Perú.

Por su parte, Santiago Mariani remarcó que lo sucedido en los últimos años es fruto de un largo proceso de desgaste y deslegitimación del sistema político.

“A pesar de que hubo un periodo fuerte de crecimiento económico, lo que no ha cambiado es el nivel de insatisfacción de los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema político. Ello ha ido generando una erosión de la legitimidad de este. Y ha provocado, con las reglas de juego en las cuales una mayoría puede impulsar una vacancia presidencial, que haya sido factible (una vacancia)”, opinó el profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico.

No obstante, sostuvo que las recientes protestas de la ciudadanía influirán en que ciertos grupos políticos con presencia en el Legislativo no insistan en más pedidos de vacancia.

“Va a tener un costo mayor a partir de ahora estar manipulando las reglas de acuerdo al interés de determinados personajes políticos. Sin embargo, no quiere decir que intenten volver a utilizar esta figura de manera arbitraria, pero hay menos margen”, indicó a este diario.

Diciembre del 2017: PPK afronta su primer proceso de vacancia

El 13 diciembre de ese año, Odebrecht informó a la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, que le pagó 782.207 dólares a Westfield Capital, empresa vinculada a Pedro Pablo Kuczynski, por consultorías entre 2004 y 2007.

Este hecho motivó que las bancadas del Apra, Fuerza Popular y Frente Amplio presenten una moción para vacar al entonces presidente por estos hechos. En el documento, acusaron a PPK por “faltar a la verdad en sus declaraciones” respecto a su relación con dicha organización.

Dos días después, el Congreso admitió a trámite el pedido con 93 votos a favor; y el 21 de diciembre la vacancia no procedió ya que solo alcanzó 78 votos de los 87 requeridos.

Rechazada la vacancia, Kuczynski le concedió el indulto a Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, en la noche del 24 de diciembre.

Este hecho causó la indignación de la ciudadanía, salió a manifestarse en contra de la medida. Más adelante, en octubre del 2018, la Corte Suprema revocó el indulto al exdictador.

Segunda vacancia y salida de Kuczynski

La crisis política y tensa relación entre el Ejecutivo y Legislativo continuaron en los primeros meses del 2018, pese a la juramentación de un “gabinete de la reconciliación”, liderado por Mercedes Aráoz.

Por su parte, en febrero Jorge Barata reveló que Odebrecht entregó 300.000 dólares a la campaña electoral de PPK en el 2011.

La declaración del exrepresentante de la compañía brasileña en Perú provocó una nueva moción de vacancia contra el exjefe de Estado por “permanente incapacidad moral”, la cual fue admitida a trámite el 14 de marzo con 87 votos a favor.

El debate de dicho pedido fue programado para el jueves 22, pero ello nunca ocurrió ya que un día antes Kuczynski renunció a la Presidencia tras la difusión de los ‘mamanivideos’.

Estas grabaciones fueron presentadas por el fallecido exparlamentario Moisés Mamani, quien mostró una supuesta compra de votos para que ciertos congresistas no apoyen el primer intento de vacancia a cambio de obras para sus regiones.

De esa forma, el Gobierno de PPK llegó a su fin tras un año y 7 meses en el cargo. Martín Vizcarra, quien ese momento era embajador de Perú en Canadá, regresó al país para asumir el máximo cargo del Estado.

Primera vacancia a Vizcarra por el caso Richard Swing

Con Vizcarra Cornejo la situación entre el Ejecutivo y Congreso no mejoró. Todo lo contrario, el 30 de setiembre del 2019 el expresidente disolvió de forma constitucional el Parlamento al no haber acuerdo sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Se convocaron a elecciones congresales extraordinarias en enero del 2020 y se designó, mediante el voto popular, a los nuevos miembros del Legislativo.

Lo que sería una nueva etapa en la relación de ambos poderes solo fue una continuidad de lo mismo, incluso la crisis política se agravó con el escándalo del caso Richard Swing, que presuntamente involucran al exmandatario y su círculo más cercano en Palacio de Gobierno —la Fiscalía investiga a la fecha el tema—.

A ello se sumó la difusión de unos audios en donde se escucha a Vizcarra coordinando declaraciones sobre las visitas de Richard Cisneros a Palacio con sus extrabajadoras Mirian Morales y Karem Roca.

Esto generó que la bancada UPP, de Antauro Humala, presente una moción para destituir a Vizcarra por “permanente incapacidad moral”, la cual sí fue admitida a trámite, pero no llegó a concretarse al no obtener los votos requeridos.

Segunda vacancia y golpe de Estado a Vizcarra

El segundo y último intento para sacar al expresidente sí prosperó. Con 105 favor, 19 contra y 4 abstenciones, el Parlamento orquestó el golpe de Estado contra Martín Vizcarra tras conocerse que recibió supuestas coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua.

A más de un mes de los hechos acontecidos —marchas ciudadanas con represión policial, la salida de Merino y su régimen de facto, la asunción de Francisco Sagasti y su Gobierno de transición—, la CIDH cuestionó al Congreso por la forma en que aplicó la figura de la vacancia contra el exjefe de Estado.

“El Parlamento volvió a recurrir a la vacancia presidencial en dos oportunidades, en menos de tres meses. (...) La Comisión, sin entrar a hacer una interpretación o calificación constitucional de lo acontecido en el Perú, observa que esta controvertida figura de vacancia es materia de un extendido debate constitucional”, señaló.

Y agregó que este mecanismo tiene una falta de definición objetivo. De esa forma, se permite un alto grado de discrecionalidad que puede socavar el principio de institucionalidad democrática.

“Preocupa a la CIDH su uso reiterado, que afecta la gobernabilidad con graves efectos en la estabilidad democrática y social. En particular, en el contexto actual caracterizado por los impactos económicos y sociales de la pandemia; y la proximidad de las elecciones generales convocadas para abril de 2021″, remarcó.

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