Edgar Alarcón: declaran procedente nueva denuncia constitucional en su contra
Subcomisión de Acusaciones admitió los informes que señalaban las imputaciones contra Edgar Alarcón por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando era contralor general.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente una tercera denuncia constitucional contra el congresista de Unión por el Perú (UPP) y expresidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada.
Con 8 votos a favor y 2 abstenciones (de los representantes del fujimorismo: Carlos Mesía y Martha Chávez), la Subcomisión de Acusaciones decidió admitir el informe de calificación donde se establece una nueva imputación constitucional contra Alarcón Tejeda.
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Esta nueva denuncia, vinculada al caso Los Temerarios del Crimen, fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debido a una presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio cuando Alarcón se desempeñó como titular de la Contraloría General de la República entre el 2016 y 2017.
Según sostiene la denuncia presentada por la Fiscalía, el excontralor habría aceptado una presunta coima de 30.000 soles del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el fin de levantar el congelamiento de cuentas de dicho municipio a pesar que no le correspondía.
Esta denuncia 374 formulada por la titular del Ministerio Público también alcanza a los exparlamentarios Velásquez Quesquén y Marvin Palma, quienes son acusados por, supuestamente, haber cometido el delito de tráfico de influencias.
Así como las dos denuncias anteriores (una por enriquecimiento ilícito y otra por peculado doloso) aprobadas por la Subcomisión de Acusaciones el pasado setiembre, esta tercera será enviada a la Comisión Permanente para que se fije un plazo de investigación y, posteriormente, asignar al ponente del caso.
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El titular de la Subcomisión de Acusaciones, Luis Roel Alva, explicó, anteriormente, que las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón estarían listas para verse en el Pleno del Congreso en febrero del 2021.
En efecto, el parlamentario sostuvo que existe “un procedimiento aparte” que se debe cumplir por lo que demoraría hasta febrero del próximo año.
“Mediante un informe final, se pasa a la votación, si hubiera mayoría, se eleva a la Comisión Permanente y si esta lo ratifica se crea una comisión investigadora dentro de la misma Comisión Permanente para llevar esta indagación hasta el pleno. Todo este proceso debe concluir en el mes de febrero del próximo año“, declaró el último 7 de noviembre en Radio Nacional.
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