Exministro que entregó chats de Vizcarra estaría asesorado por abogado de Luna Gálvez
Se trata de Mateo Castañeda Segovia, exfiscal superior que asumió la defensa de Luis Castañeda Lossio por el caso Comunicore. También fue incluido en la Megacomisión por interferir en caso Petroaudios.
Misma defensa. José Manuel Hernández, exministro de Agricultura y aspirante a colaborador eficaz para la investigación de la Fiscalía al presidente Martín Vizcarra por las presuntas coimas recibidas en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, compartiría abogado con José Luna Gálvez, recientemente detenido por interferir en la inscripción de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Se trata de Mateo Castañeda Segovia, un exfiscal superior que fue incluido en investigaciones en el Congreso y en el propio Ministerio Público. Ahora, de acuerdo a fuentes de este diario, sería él quien entregó los recientes chats sobre presuntas coordinaciones entre el exministro y el mandatario para reunirse con directivos de la constructora ICCGSA, Pedro Pablo Kuczynski, excongresistas y líderes de partidos políticos, entre otros personajes.
El antiguo funcionario no solo estaría a cargo de la defensa legal de Luna y Hernández. Según Hildebrandt en sus trece, otro de sus clientes sería el empresario de Isa Motors, Antonio Camayo Valverde, nombre que aparece en las conversaciones entre Vizcarra y el extitular del Minagri y que, además, es investigado por ser parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
“José Manuel Hernández y Antonio Camayo, por cierto, tiene un nexo en común. Ambos comparten al mismo abogado: el exfiscal Mateo Castañeda Segovia. (…) Castañeda reconoció ser el abogado del exministro Hernández, aunque no quiso hacer mayores comentarios sobre la investigación”, difundió el semanario.
El exfiscal ejerció este año la defensa de Luna Gálvez durante la audiencia en su contra en el marco de la investigación por presuntamente recibir aportes ilícitos de las constructoras OAS y Odebrecht.
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“Una investigación criminal tiene roles, funciones, una permanencia en el tiempo y acá lo que se pretende es atribuir a dos o cuatro personas, que tienen una organización criminal para dos años, cuando la voluntad general de las diversas organizaciones es indeterminada”, sustentaba el abogado ante la jueza María Álvarez Camacho el último 14 de febrero.
Finalmente, el Poder Judicial decidió negar la prisión preventiva al fundador de Podemos Perú, bancada que actualmente promueve la vacancia presidencial junto con UPP al decretar la comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 500.000 soles.
No obstante, para la fiscal Sandra Castro, José Luna Gálvez sería el cabecilla de una organización criminal llamada Los Gánsteres de la Política, grupo que contactó a Adolfo Castillo Meza, exjefe de la ONPE, para favorecer a su partido de cara a futuras elecciones.
Junto al líder político fueron detenidos por un plazo de 10 días el propio Adolfo Castillo y los exfuncionarios del organismo electoral Óscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mansilla, Laura Silva Seminario y Ricardo Pajuelo Bustamante.
Al ser consultado por La República, Mateo Castañeda no quiso responder si aún sigue siendo el abogado de José Luna Gálvez. Tampoco contestó si fue él quien coordinó con José Manuel Hernández la entrega de chats al fiscal Germán Juárez Atoche por la investigación a Martín Vizcarra.
“Sin comentarios, no puedo brindar ningún tipo de información por mandato de ley”, dijo el abogado a este medio.
Podemos Perú acusa intervención del Gobierno
El último sábado 7, Podemos Perú acusó una presunta intervención de Martín Vizcarra en la detención de su fundador a pocas horas de que se debata la segundo moción de vacancia presidencial con la que se buscaría sacar al mandatario de Palacio de Gobierno.
“Nos llama poderosamente la atención que, ad portas de un proceso genuinamente constitucional, como es la vacancia presidencial, y estando nuestro líder fundador, José Luna Gálvez, postrado en una clínica local tratándose problemas cardiacos que son secuelas de la terrible COVID-19, se dispongan allanamientos y una detención preliminar en su contra”, expresó la agrupación por medio de un comunicado.
Además, recordó que Karem Roca, exsecretaria del jefe de Estado, manifestó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso una supuesta “larga amistad” entre el presidente y la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“En política no hay coincidencias. (…) Al señor Martín Vizcarra lo investigan dos fiscalías; sin embargo, a ninguna se ha presentado, pese a las reiteradas citaciones y, como se puede comprobar, ninguna autoridad lo sanciona. El doble rasero es evidente. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, sostuvo el partido.
Abogado fue incluido en investigaciones en el Congreso y Fiscalía
Mateo Castañeda Segovia es un abogado que laboró más de 20 años como fiscal, en ese periodo se desempeñó en la Primera Fiscalía de Crimen Organizado desde julio del 2010 y fue acusado por la institución de enviar un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las sospechas se dieron luego de que asumiera la defensa del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio en el caso Comunicore.
Es así que libró al exburgomaestre de los delitos impuestos en su contra y argumentó que, durante su gestión, el alcalde no podía manejar el dinero del municipio por lo que salió en libertad.
En efecto, el abogado de Luna fue el responsable de archivar un caso emblemático de corrupción que investigaba los millonarios pagos de la Municipalidad de Lima a una empresa inexistente.
En mayo del 2014, la denominada ‘Megacomisión’ del Congreso recomendó investigar a Mateo Castañeda por una presunta manipulación de audios del caso Business Track o Petroaudios con fines políticos.
Así lo dio a conocer Juan Pari, presidente de la entonces comisión investigadora, quien refirió que al letrado se le encontró presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de ejercicio de las funciones y de denuncia.
En 2007, fue incluido dentro del grupo de fiscales investigados por filtrar documentación a la familia trujillana Sánchez-Paredes, acusada por los presuntos delitos de lavado de activos procedentes del narcotráfico en los años 80.
Mateo Castañeda intentó ser fiscal supremo. Sin embargo, en julio del 2014 el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el fallo dado por el disuelto Consejo Nacional de la Magistratura al decidir por unanimidad “haberse acreditado la vulneración de la cosa juzgada y afectación de las competencias constitucionales del CNM”.
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