Frepap plantea que víctimas de COVID-19 tengan garantizado el acceso a servicios funerarios
Mediante un proyecto de ley de autoría de la congresista Luz Milagros Cayguaray, se propuso que el Estado asegure un camposanto destinado a los fallecidos por coronavirus de escasos recursos económicos.
La República en GoogleLa bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) ha presentado un proyecto de ley para que las víctimas mortales de la COVID-19 sin solvencia económica tengan acceso a servicios funerarios de calidad.
De esta manera, se intenta brindar facilidades desde el Estado para que puedan conseguir un nicho de manera segura y a un precio asequible, sin poner en riesgo la salud de los familiares y respetando la dignidad de los fallecidos.
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La congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini, autora de la Ley que garantiza el acceso a los servicios funerarios para las víctimas mortales de la COVID-19” señaló que a raíz de la pandemia se ha incrementado la demanda para un espacio en los cementerios y servicios funerarios en general.
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Cientos de familias, al no tener los recursos económicos para cubrir un entierro digno, optaron por contratar servicios alternativos no regulados, exponiendo su salud, pues no se practicaban los protocolos de bioseguridad correspondientes.
Asimismo, indicó que hasta el momento no hay una norma que regule la ubicación en camposantos de los pacientes que fallecen a causa del coronavirus.
Iniciativa propone que municipalidades gestionen habilitación de camposantos
El documento presentado por el Frepap detalló que, de ser aprobada la ley, durante sus primeros 90 días de vigencia la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales deberá identificar y poner a disposición de las municipalidades todos los predios que estén aptos para la construcción de camposantos y locales que brinden servicios funerarios.
“Las municipalidades provinciales desarrollarán las acciones necesarias a fin de realizar la habilitación respectiva. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales verificará y supervisará el adecuado uso de los bienes asignados a las municipalidades provinciales”, precisa el informe.
En la misma línea, se dispone que los deudos paguen tarifas preferenciales y que las municipalidades garanticen “hasta el 25% del número total de tumbas o nichos para el caso de ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema”.
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