Fiscal Rodríguez Monteza pidió anular condena de Fernando Zevallos por lavado de activos
Víctor Rodríguez Monteza, fiscal supremo vinculado con Los Cuellos Blancos del Puerto, solicitó que el exdueño de Aerocontinente sea juzgado nuevamente al argumentar que no sustentó "válidamente" la sentencia de 27 años en su contra.
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Fiscales vinculados con la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” continuarían actuando a favor de intereses particulares.
Recientemente se conoció que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza firmó una resolución sobre uno de los procesos judiciales más emblemáticos del Perú: el caso Fernando Zevallos, exdueño de la desaparecida compañía Aerocontinente.
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Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Rodríguez ha pedido que la condena de 27 años dictada contra Zevallos sea anulada y que el exempresario sea juzgado nuevamente.
El fiscal supremo alega que la sala superior, que en 2019 condenó a Fernando Zevallos por lavado de activos provenientes del narcotráfico, no motivó ni fundamentó debidamente dicho delito.
En algunas semanas, la Corte Suprema decidirá si Víctor Rodríguez Monteza tiene razón, o si ratifica la condena contra Zevallos impuesta por la sala superior.
Esta decisión influiría en la estrategia de defensa del conocido ‘Lunarejo', quien actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas.
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Sobre el caso Zevallos
Fernando Zevallos González fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de narcotráfico en el año 2005, luego de una investigación de varios años a sus empresas Aero Continente y Nuevo Continente
Catorce años después de aquella primera sentencia, recibió su segunda condena; esta vez de 27 años de prisión, por el delito de lavado de activos.
Zevallos apeló dicha medida. No obstante, esta antes debe pasar por la evaluación y el pronunciamiento de la Fiscalía, y luego se deriva a la Corte Suprema para la decisión final.
La posición de Rodríguez Monteza
El dictamen del fiscal Rodríguez señala que el tribunal superior que en el 2019 condenó a Zevallos por lavado “no fue capaz de sustentar válidamente una sentencia condenatoria, pues no fundamentó de forma correcta” un supuesto conflicto de normas que en el camino fueron quedando derogadas.
“(Rodríguez Monteza) se está tirando abajo todo el proceso en esa simple redacción que hace. (...) ¿Cómo yo puedo borrar, así de simple, porque soy el fiscal supremo, todo lo que ha acontecido dentro de un proceso penal de años?”, señala la Procuradora Pública Antidrogas, Sonia Medina, para Cuarto Poder.
Por otra parte, Rodríguez recoge los argumentos de la defensa de Fernando Zevallos y de su hermana Lupe Zevallos, quienes cuestionan que se les haya condenado por hechos ocurridos antes de julio del 2007, cuando todavía no estaba aprobada la llamada Ley Penal contra el Lavado de Activos.
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“Ello –señala el fiscal Rodríguez– contravendría la norma constitucional, siendo necesario que la instancia superior reexamine sus considerandos, justificando su decisión al respecto, de manera suficiente y en respeto irrestricto de las normas constitucionales citadas”.
Además, el fiscal supremo acoge la tesis de defensa de Zevallos, cuando atribuye vicios, limitaciones e irregularidades a las pericias contables, los levantamientos de los secretos bancario, tributario y bursátil de Aero Continente, los informes contables patrimoniales, los reportes de la UIF y hasta los testimonios.
“Toda vez que nos encontramos ante una sentencia que transgredió principios y derechos constitucionales, debido a que no resolvió de manera correcta los conflictos sobre la aplicación de la ley penal en el tiempo, que colisiona con el principio de legalidad; (y que) existió una indebida aplicación de la teoría dinámica de las cargas probatorias y una arbitraria valoración de la prueba indiciaria que colisiona con el derecho a la prueba, todo esto significa una evidente transgresión del debido proceso y, por ende, de la debida motivación de las resoluciones judiciales”.
Cabe resaltar que la defensa legal de Fernando Zevallos, en diálogo con Cuarto Poder, señaló que se trataba de un dictamen ajustado a la ley. Mientras que Rodríguez Monteza no quiso responder sobre el tema.
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