¿Qué implica la expropiación de una empresa?
Conoce qué representaría la medida que el presidente Vizcarra advirtió, en caso no haya un acuerdo con los privados sobre los precios para atención por la COVID-19.
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El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa, por los 100 días del estado de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, que de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas sobre el precio de sus servicios, haría uso del artículo 70 de la Constitución Política que versa sobre la posibilidad de expropiación.
“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente”, manifestó el jefe de Estado.
Pero, ¿qué implicaría, según la legislación y en la práctica, que el Estado expropie una empresa privada?
¿Qué implica la expropiación de una empresa?
Artículo 70 de la Constitución
La propuesta del mandatario está sustentada en dos normativas nacionales. La primera es el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el cual sostiene que el derecho a la propiedad es una facultad “inviolable y garantizada” por el Estado.
No obstante, también hace una salvedad sobre esta garantía especificando que “a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.
En conversación con La República, el abogado constitucionalista Anibal Quiroga señaló que esta figura excepcional representaría la cesión total y no devolvible ni reembolsable de las empresas.
“El Estado lo toma (la empresa), paga y se vuelve de su propiedad. No es un préstamo, ni un canje ni un alquiler. Se le paga en efectivo el valor del inmueble (al dueño particular) y el Estado se lo queda” explicó.
Para precisar qué empresas puedan expropiarse, el Congreso de la República tendría que elaborar una Ley que indique cuáles podrían serían factibles de ser sometidas a este recurso constitucional, en un contexto en el que se encuentre en juego la “seguridad nacional” o que implique una “necesidad pública”.
Una vez entrada en vigencia esta ley, se efectuaría la expropiación.
Quiroga manifestó que el pago de los bienes muebles e inmuebles en cuestión se realizaría previa tasación pública, tomando como referencia su valor comercial.
Por lo tanto, en caso se ejecute la expropiación de una empresa, esta será de caracter permanente y no retornaría a sus dueños originales salvo que otra ley así lo disponga.
¿Qué implica la expropiación de una empresa?
Por otro lado, el constitucionalista Carlos Caro indicó que esta acción del presidente, de dar un plazo de 48 horas a las clínicas privadas, “no necesariamente tiene que pasar por una expropiación”y que puede aplicarse solo a “medidas temporales”.
“Más que expropiación creo que aquí se puede hacer una intervención a la sala de emergencia mientras dura la emergencia y luego se devuelve a su propietario mientras paga el justo precio”, dijo Caro a La República.
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