El informante: Resurrección, por Ricardo Uceda

La polémica sobre el financiamiento parcial del Estado a la distribución de un documental sobre Hugo Blanco no se concentra en su calidad como obra artística o en su veracidad como reporte. La objeción es al tema. Como Blanco fue un dirigente campesino que mató a un policía y promovió un movimiento subversivo, se supone que debería estar excluido como personaje de un proyecto cinematográfico que pida apoyo estatal, al amparo de la ley. Filmar acerca de su vida sería una exaltación en cierto modo abominable. Por eso nada menos que ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas se han pronunciado, indignados, condenando el auspicio.

La ley vigente, expedida como decreto de urgencia en diciembre pasado, permite una diversidad de subsidios por unos ocho millones de dólares. Amplía lo que se otorgaba hasta el 2019. Hasta entonces casi todos los sectores políticos del Congreso tenían su iniciativa, ninguna espectacular. El apoyo estatal a las artes audiovisuales existe en todo el mundo. En las dictaduras solo se financian obras oficialistas, y los organismos que deciden son también comités de censura.

Los beneficiarios

En el fondo la discusión llega al sistema de elección de los proyectos financiados. Lo gestiona, desde el Ministerio de Cultura, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios. Este año organizará diecinueve concursos. No hay temáticas vetadas y jurados independientes, no elegidos por el MINCUL, escogen a los ganadores. En este aspecto la ley reciente repite el esquema de la anterior, dada durante Fujimori, en 1994. Con un añadido: no es posible favorecer propuestas que encubran una propaganda electoral.

Así, en teoría, reciben apoyo los proyectos mejor calificados en función de estándares de calidad cinematográfica, no por su visión ideológica. Es factible el respaldo a películas que revelen una perspectiva política, lo que es común en los documentales. Como alguna tendencia pudiera ser favorecida desde la administración, es necesario vigilar que el Estado respete la diversidad de pensamiento. El documental sobre Hugo Blanco es un buen ejemplo, porque la producción fue financiada en un país gobernado por la derecha: Austria, donde reside la directora, Malena Martínez.

Primera pregunta

Las decisiones de jurados independientes podrían ser discutibles, pero no han trascendido casos de discriminación política. Quizá no hubo ocasión: la mayoría de cineastas son izquierdistas. Sin embargo, el tema en debate sugiere algunas preguntas sobre la posibilidad de apoyo estatal a proyectos que herirían susceptibilidades en el sector que ahora defiende con fervor el documental sobre Hugo Blanco.

La primera: ¿financiaría el MINCUL un documental con el material fílmico que Alberto Fujimori se llevó a Japón? Era un grabador compulsivo y alistó varias maletas luego de seleccionar cuidadosamente el material, según testigos. Cabe presumir que las imágenes son extraordinarias o de alto valor histórico. En el supuesto de que alguien lo convenciera para cederlas –pongamos su ex asesor Carlos Raffo, quien hizo un documental sobre la Operación Chavín de Huántar y otro sobre el proceso de paz con Ecuador–. ¿Un jurado lo declararía vencedor?

Otras posibilidades

Segunda pregunta: ¿ganaría un concurso del MINCUL Carla García, la hija del ex presidente –que es documentalista– si pidiera fondos para hacer un trabajo sobre la vida de su padre? Como en el caso anterior, es presumible que reuniría un material muy valioso históricamente. Otro proyecto hipotético sería una revisión de la Reforma Agraria desde la perspectiva de los que fueron expropiados. Sería una historia a contrapelo de la que contó La revolución y la tierra, documental ganador de uno de los concursos del MINCUL en 2016. Finalmente, una cuarta posibilidad: ¿financiaría el Estado una propuesta fílmica sobre la vida de Abimael Guzmán?

En cualquiera de las conjeturas una propuesta bien fundamentada debería poder ganar y convertirse en un excelente documental. Pero no ocurriría sin objeciones públicas. El MINCUL sería fustigado por promover la imagen de un ex gobernante sentenciado por cometer crímenes atroces. O por favorecer la cultura de la impunidad. En el caso de algo sobre Abimael Guzmán, habría una protesta aún más indignada –si fuera posible– de los comandantes generales. Véase, a propósito, El acto de matar, actualmente en Netflix. Es un documental enfocado en los autores de crímenes en masa cometidos en Indonesia en los años sesenta. Una obra maestra, de aclamación universal, cuya calidad no podría haber sido alcanzada sin la participación de los asesinos.

Las tres muertes

Como no pude ver Hugo Blanco Río Profundo, omito opinar sobre su contenido. En documentales sobre izquierdistas que tomaron las armas puede ocurrir que la reflexión sobre los asesinatos que cometieron aparece en un segundo plano. Detrás de la cárcel, la tortura, el legado. Pasa en muchas obras acerca del Che Guevara. Hay esta amabilidad en El Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica, sobre el uruguayo José Mujica. Varios ex guerrilleros latinoamericanos han llegado al gobierno por elecciones, lo que también influye en la narrativa histórica. En la lucha ideológica la acusación de criminales va de ida y vuelta, y en varios países los jefes militares terminaron en el banquillo. En 1962 Hugo Blanco reconoció responsabilidad en la muerte de tres policías, aparentemente habiendo participado solo en una acción. He aquí un punto de interés para cualquier trabajo sobre la vida del personaje.

Esperaría, como espectador, una exploración con diversas fuentes de este suceso. Según Las Guerrillas en el Perú y su Represión, un libro de 1966 del Ministerio de Guerra, Hugo Blanco penetró una barreta de fierro en la cabeza del guardia civil Hernán Briceño para que terminara de morir. El acusado dijo que disparó antes de que el policía lo hiciera en contra suya.

La ruptura

Por otra parte, un documental podría arrojar mayores luces acerca del movimiento campesino que Hugo Blanco encabezó en el Cusco, y que venía organizándose de abajo hacia arriba desde años antes de su llegada, sin la influencia del comunismo internacional. Los arrendatarios eran malamente explotados. Según Eric Hobsbawm, estos campesinos protagonizaron la revuelta más importante desde de la rebelión de Túpac Amaru. Los militares que dieron el golpe en 1962 permitieron una reforma agraria en el valle de La Convención, donde después las guerrillas de Luis de la Puente Uceda no tuvieron apoyo. Ahora bien, Hugo Blanco no era Túpac Amaru. ¿Cuál fue su verdadero papel en este movimiento? ¿Cuáles fueron sus diferencias con el movimiento guerrillero que irrumpió en la misma zona en 1965, tres años después de su apresamiento?

Por qué no fue candidato de la izquierda en 1980? Iba a encabezar la lista presidencial, seguido en la plancha por Alfonso Barrantes y Horacio Zeballos. Tal vez Blanco no fue determinante en la ruptura. El día en que se iba a inscribir la alianza en el JNE, Edmundo Murrugarra y Agustín Haya fueron a buscar a Barrantes para ir juntos. Este tomó su saco y se acercó a la puerta:

–Los encuentro allá –les dijo.

Y nunca llegó.

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