Zeballos critica al Congreso de no medir consecuencias al promulgar suspensión de peajes
Asimismo, el presidente del Gabinete Ministerial advirtió que el Parlamento viene “actuando con suma ligereza”.
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Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, criticó al Congreso por promulgar por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes mientras dure el estado de emergencia nacional por el coronavirus.
El último jueves 7, el Pleno del Parlamento aprobó la referida norma con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones, a pesar que el Ejecutivo observó la autógrafa argumentando que iba "en contra de la seguridad jurídica y generaría el pago de altas indemnizaciones en favor de los concesionarios”.
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No obstante, el Congreso hizo uso de las potestades que le otorga la Constitución y promulgó por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional.
Ante ello, Vicente Zeballos lamentó que el Legislativo no tomara en cuenta las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa y a la explicación “clara" y "contundente” de los ministros de Transporte y Economía, Carlos Lozada y María Antonieta Alva, respectivamente, contra el proyecto de ley.
Además, el presidente del Gabinete Ministerial cuestionó la efectividad de la medida debido a la poca afluencia de vehículos por el estado de emergencia nacional.
“La premisa es (...) evitar el nivel de contacto, pero lo cierto es que el transporte de vehículos particulares y el transporte interprovincial está limitado, está suspendido. ¿Entonces en qué contexto fáctico se aplicaría esta norma?”, aseveró.
“Esta norma quebranta unilateralmente los términos contractuales, queramos o no, esta es un concesión sujeta a un contrato de dos partes y lo otro más delicado es que contraviene abiertamente al artículo 62 de la Constitución y esto puede motivar dos cosas: una que como Gobierno, podamos ser denunciados a un tribunal arbitral, en este caso el CIADI y obviamente con una fuerte reparación”, agregó Zeballos Salinas.
Otro punto advertido por el primer ministro fue que, de aplicarse esta norma, el Estado asumiría el mantenimiento de las vías y “eso provocaría otro costo, no se está midiendo las consecuencias, se está actuando con suma ligereza”.
