UPP plantea reducir pensiones en universidades e institutos
El congresista Javier Mendoza Marquina presentó un proyecto de ley como “ayuda solidaria” a todos los estudiantes de instituciones educativas particulares en el marco de contagios por la COVID-19.
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La bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó un proyecto de ley con el objetivo de reducir de manera “excepcional” los pagos de las pensiones académicas y por trámites administrativos a las universidades e institutos debido a “los efectos económicos” en el marco de la emergencia nacional promovida para vencer el coronavirus (COVID-19).
En efecto, Javier Mendoza Marquina, congresista del partido de Antauro Humala y propulsor de este proyecto de ley N°5061/2020-CR, sostiene que esta iniciativa se da “en beneficio de estudiantes en condición económica vulnerable a fin de garantizar la continuidad educativas en institutos y universidades durante el año académico 2020”.
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En efecto, este proyecto busca acortar el pago hasta el 50 % y, además, la “reducción completa” del monto de las pensiones a los alumnos de pregrado hijos de policías, militares, personas de salud, limpieza y otros fallecidos a causa de la infección del nuevo coronavirus.
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Asimismo, sostiene “la exoneración completa” del pago de las matrículas, carné universitario, y la emisión de documentos de grados y títulos para los estudiantes en general. También la reducción al 50 % de pagos por exámenes de admisión y otros costos por trámites administrativos.
“Esperemos que esta iniciativa pueda ser discutida a la brevedad posible dadas las circunstancias y pueda ser aprobada para beneficio de los jóvenes peruanos que aún desean seguir alcanzando sus metas profesionales, y serán los que tomen la posta del futuro de nuestro país”, manifestó Marquina en una nota de prensa difundida este viernes.
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De igual manera, esta propuesta de UPP se da para apoyar “a todos lo estudiantes que se encuentren en condición de vulnerabilidad” que previamente hayan sido beneficiarios de las categorizaciones de pago en cada uno de sus centros de estudios.
Finalmente, la aplicación de esta norma “no afectará el pago de las remuneraciones y demás beneficios laborales que gozan los docentes y administrativos durante el periodo en que rige los efectos de la presente ley”.
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