Nuevo acuerdo nacional

El primer acto luego del levantamiento de la cuarentena que debe realizar el gobierno es la convocatoria a un vasto diálogo nacional para concretar un nuevo Acuerdo Nacional, con el nombre que fuese, pacto, consenso o compromiso.

La legitimidad del gobierno y del Presidente de la República ha sido empleada en las últimas semanas en el mejor de los sentidos, convocando a los otros poderes públicos en el Consejo de Estado y a los gobiernos locales y regionales. Esa misma legitimidad debería ser utilizada para producir un acuerdo plural que siente los fundamentos de un país distinto en políticas y prioridades, es decir de un futuro en la dirección que ahora intuimos.

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Los pactos en medio de la crisis no son recetas académicas o diseños de texto. Al contrario, la mayoría de las tesis sobre el manejo de crisis aconsejan el liderazgo solitario, la irrupción del hombre de Estado sin apoyos, y el uso de la legitimidad suficiente en medio del temor y la angustia. No obstante, son recetas de pies cortos que fracasaron en democracia, porque las gobernabilidades más estables de las últimas décadas han salido de los pactos tácitos y expresos en medio de las crisis.

Ejemplos hay varios, desde el Pacto de los Enemigos, que dio nacimiento a la Comunidad Económica Europea en 1957, convertido luego en la Unión Europea; los Pactos de la Moncloa en España en 1977; el Frente Nacional en Colombia en 1957; el Pacto de Punto Fijo en Venezuela en 1958; la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile en 1990; el Acuerdo de Paz de El Salvador de 1992; el Pacto de los Olivos en Argentina en 1994; y el Acuerdo Nacional del Perú el 2002.

En el Perú que emergerá de la cuarentena habrá más incertidumbres que certezas, pero entre estas últimas se encuentra una: necesitamos nuevas prioridades transformadas en nuevas políticas públicas o en otras más profundas que cubran las expectativas de una sociedad que ya antes clamaba por el privilegio de lo socialmente importante, y que fue escuchada. Al contrario, sobrepasada primero por un sistema egoísta que crecía más del 6% del PBI anual, y luego por este mismo sistema incapaz de construir un nuevo sentido común en los años del fin del boom del crecimiento.

Un nuevo Acuerdo Nacional permitiría poner sobre la mesa las expectativas y advertir que corresponden a legítimos intereses que deben ser moderados y armonizados. Eso también puede hacerse desde un gobierno paternalista-autoritario con enormes costos en deliberación democrática, libertades y transparencia pública. No será posible elevar las prioridades que importan si, al mismo tiempo, no se rebajan las expectativas sectoriales.

Si las elecciones del año 2021 se llevan a cabo sin un Acuerdo Nacional se corre el riesgo del enganche autoritario o de la elección de un gobierno mediocre y débil, y con escasa fuerza e instrumentos para producir el cambio.

Los críticos del Acuerdo Nacional suscrito el año 2002 creen que sirvió poco, sin darse el trabajo de revisar sus Políticas de Estado y de cómo estas se implementaron lentamente y a veces en silencio para producir efectos virtuosos en varios sectores de la vida social. En cualquier caso, es absolutamente imprescindible volver a marcar la cancha, sea para ampliar los horizontes de las reformas política y judicial que se intuían como centrales, o incluir estos cambios en una agenda más desafiante. Si transitamos al nuevo país sin todos, la nueva agenda no será de todos.