Frente Amplio plantea derogación de la Ley de Protección Policial
Asimismo, la congresista Rocío Silva Santisteban aseguró que dicho proyecto “no ha sido consensuado con ninguna bancada”.
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La congresista del Frente Amplio (FA), Rocío Silva Santisteban, afirmó que su bancada planteará una derogación de la ley N° 31012 o ‘Ley de Protección Policial’ que brinda protección legal al personal de la Policía, que, en ejercicio de sus funciones constitucionales, “cause lesiones o la muerte”.
“Estamos viendo las posibilidades de una derogación porque por un lado una acción de inconstitucionalidad se demoraría demasiado y además requiere de 33 congresistas. Lo que estaríamos haciendo es presentar un proyecto alternativo”, declaró este lunes a La República.
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En esa misma línea, la legisladora del Frente Amplio consideró que a pesar de que el proyecto pone "un candado” por la violación de los derechos humanos, esta normativa tiene entre sus puntos fundamentales: impedir a los jueces ordenar detención preliminar contra policías que cometan excesos en el ejercicio de sus funciones mediante el uso de la fuerza.
De igual manera, prohíbe a los fiscales realizar las investigaciones correspondiente para la evaluación de una pena en caso el efectivo policial cause lesiones o la muerte en sus intervenciones.
“Este es un proyecto que lo ha estado promoviendo el congresista Daniel Urresti con Podemos. Nosotros (el Frente Amplio) tenemos una posición en contra de lo que se ha hecho y consideramos que de verdad debería ser derogado”, expresó a este medio.
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Cabe recordar que el último sábado, el Congreso de la República promulgó esta norma que agrega la asesoría y defensa legal gratuita a los agentes de la PNP que afronten alguna investigación fiscal, proceso penal o civil derivado de sus funciones reglamentarias.
“Nosotros estamos totalmente en contra de ese proyecto. Nos parece que es irresponsable haberlo aprobado en este momento. Nosotros consideramos que, por ejemplo, el artículo 5 de este proyecto es un artículo muy peligroso porque prácticamente permite la impunidad”, sostuvo.
Es importante mencionar que el Congreso disuelto, que era dirigido por Pedro Olaechea, remitió esta ley al presidente de la República, Martín Vizcarra, para su promulgación, acción que este último no realizó.
En efecto, Rocío Silva Santisteban aseguró a este diario que dicho proyecto de ley “no ha sido consensuado con ninguna bancada” y que el Congreso lo aprobó ya que era “un proyecto pendiente”.
“Mañana en la Junta de Portavoces conversaremos con otros congresistas para saber qué es lo que opinan”, finalizó.
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