Amado Enco: “El nuevo Congreso y la JNJ deben priorizar el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”

La Procuraduría Anticorrupción recuperó S/ 37 millones, logró más de 400 sentencias y 600 investigaciones en 2019. ¿Cuál es su balance?

Hemos cerrado el 2019 con un balance positivo en cuanto a resultados. Contamos con un equipo altamente comprometido. Tenemos más de 43 mil casos a nivel nacional y, a pesar que contamos con escaso presupuesto y un déficit de abogados, mantenemos un alto compromiso con el país en la lucha anticorrupción. Hemos logrado cobrar S/ 37 millones en reparaciones civiles, superando largamente el promedio anual de otras gestiones. Se han obtenido 435 sentencias condenatorias y se han presentado 658 pedidos de investigación fiscal.

Se dictaron sentencia en casos emblemáticos…

Sí, es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Procuraduría Anticorrupción. Tenemos el caso Comunicore, que encontramos casi perdido, con una sentencia absolutoria; presentamos un recurso de nulidad y se empezó un nuevo juicio que culminó condenando a altos funcionarios de la gestión municipal de Luis Castañeda. Está también el caso Córpac, donde Félix Moreno terminó siendo condenado. El caso Gregorio Santos, después de tres años de juicio oral finalmente fue condenado, constituye un claro mensaje a los gobernadores regionales que actualmente están siendo investigados.

¿Fueron determinantes los informes financieros que hizo la Procuraduría en esos casos?

Sí. En estos y otros más. Desde el comienzo de la gestión fortalecimos el equipo de peritos. Cuando llegué, encontré a una sola profesional en Contabilidad, ahora contamos con más profesionales, expertos en ingeniería civil, en temas financieros y en contrataciones con el Estado. Los informes técnicos permiten acreditar el daño causado y con ello se fortalece la defensa de los intereses del Estado.

¿Cuánto han avanzado las investigaciones de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Estamos ante una compleja organización criminal, por lo tanto, no es fácil llevar adelante las investigaciones. Existen 87 casos en diversas instancias fiscales, más de 130 investigados, de los cuales aproximadamente 70 son magistrados, algunos de ellos cumpliendo prisión preventiva. Esta organización, que compromete a los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), utilizaron sus cargos para traficar influencias, colocando jueces y fiscales a su medida para manejar los procesos según sus propios intereses, generando un enorme daño al sistema de justicia. Por eso, considero que los nuevos congresistas y la Junta Nacional de Justicia deben priorizar en su agenda los casos vinculados a esta presunta organización criminal, comenzando con los jueces y fiscales supremos comprometidos en las diversas investigaciones. Debe procederse con el desarchivo y darle trámite a las denuncias que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encarpetó para encubrir a varios altos funcionarios.

Donde había varias denuncias de la Procuraduría…

Sí, también están las que formuló la Fiscalía de la Nación, entre ellas, la denuncia constitucional contra los exconsejeros del extinto CNM por pertenencia a una organización criminal. El nuevo Congreso y la Junta Nacional de Justicia, insisto, deben dar prioridad y comenzar sus funciones viendo estos casos que ocasionaron una severa crisis en el sistema de justicia.

¿Cuándo se extraditará al exjuez César Hinostroza?

Se logró que la Audiencia Nacional de España declare procedente la extradición a favor del Estado peruano. Está pendiente que las autoridades del Gobierno español se pronuncien sobre lo resuelto en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, también debemos informar que la defensa de Hinostroza interpuso una acción de amparo en el Tribunal Constitucional de España, además, está la demanda contenciosa administrativa frente a la denegación de asilo. Mientras estas demandas no sean resueltas, es probable que la fase de entrega del requerido se suspenda. En el ámbito nacional se está tramitando la ampliación de la extradición por los delitos que cometió al fugar por Tumbes, pendiente ahora de pronunciamiento en el Ejecutivo.

Usted denunció al presidente Martín Vizcarra por el caso Chinchero cuando estaba en el MTC, y acaba de pedir que incluya al ministro Edmer Trujillo en la investigación del Hospital de Moquegua...

Lo hicimos en cumplimiento de nuestras funciones. En lo de Moquegua, el caso había sido archivado porque no había suficientes elementos, pero ahora la auditoría de la Contraloría ameritó reabrir la investigación. La Procuraduría pidió incluir al señor Trujillo por su calidad de exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua y por cuanto, desde esa posición administrativa, tomó decisiones claves para viabilizar los pagos, presuntamente irregulares, a la empresa encargada de la construcción del hospital. La Fiscalía admitió ese pedido, y de oficio ha considerado también reabrir la investigación al presidente Vizcarra, exgobernador regional de Moquegua, sin embargo, dada su condición actual, la Fiscalía ha resuelto reservar la investigación hasta que culmine su mandato.

¿No es contradictorio que el Gobierno hable de lucha contra la corrupción y mantenga al señor Trujillo como ministro?

La permanencia del señor Edmer Trujillo en el cargo es una decisión política que le corresponde exclusivamente al presidente de la República. La Procuraduría y la Fiscalía viene cumpliendo con su trabajo. Pero sí quiero aclarar que ya no se trata de la denuncia del señor Enco, sino de investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

¿Teme que le quiten el respaldo por sus denuncias?

Como procurador anticorrupción cumplo mis funciones según lo que indica la ley, nuestras denuncias son presentadas con argumentación suficiente para que el Ministerio Público las admita a trámite. Ninguna denuncia nuestra ha sido rechazada de plano, eso es para nosotros el mejor respaldo.