Los pasos errados de Fuerza Popular: el desmoronamiento naranja
A un año de la detención de Keiko Fujimori, la bancada de Fuerza Popular llevó al límite la confrontación del Congreso con el Ejecutivo, al punto que el presidente Martín Vizcarra tuvo que disolver el Parlamento.
El 10 de octubre de 2018, la atención política se centró en Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular asistió a una citación de la Fiscalía de Lavado de Activos, pero terminó detenida por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) por una orden del Poder Judicial.
Un primer paso que dio la Fiscalía para la posterior prisión preventiva de Fujimori Higuchi, medida que finalizará en abril de 2020, situación que también afectó a la bancada naranja, cuyos actos —en alianza con otras agrupaciones— llevaron a que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre.
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Octubre no es naranja: Medidas desfavorables para Keiko y Alberto Fujimori
Octubre del 2018 empezó y terminó desfavorable para el fujimorismo. Ese miércoles 3, el juez Hugo Núñez Julca declaró fundado el pedido de no aplicación del indulto humanitario para Alberto Fujimori, que le fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Siete días después del fallo, su hija Keiko quedaba detenida.
La detención de la excandidata presidencial era motivada porque “se evidencia grave peligro de fuga (…) porque ha constituido una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, partido que tendría entre sus fines obtener el poder político y un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Judicial”.
La medida fue revocada a los ocho días de los diez de cumplirse la detención preliminar. Libertad para Keiko. El Ministerio Público, el 19 de octubre —dos días después del fallo a favor de la excandidata presidencial—, pidió la prisión preventiva en su contra por 36 meses, en el marco del caso Cócteles, parte de otra investigación relacionada al presunto aporte que Odebrecht destinó a la campaña de Fuerza 2011. El 31 de octubre, el Poder Judicial aceptó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez.
En la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, no solo había indicios de un peligro de fuga, también de obstaculización de la justica. Entre los argumentos se mencionó al chat de Whatsapp ‘La Botica’ de Fuerza Popular, utilizado para beneficiar al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al cuestionado exjuez César Hinostroza, ambos presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. La relación entre estos dos grupos se habría demostrado en los blindajes desde el Congreso: Chávarry es acusado solo por encubrimiento real e Hinostroza todavía no podrá ser acusado por organización criminal.
Keiko Fujimori a su salida de la carceleta del Poder Judicial el 1 de noviembre. Foto: La República.
¿Cómo quedó Fuerza Popular con Keiko Fujimori en prisión?
“Terminemos juntos esta guerra política, reconociendo que todos hemos sido parte de ella. Hagámoslo por el país. Es tiempo de recuperar la esperanza”, declaró Keiko Fujimori previo al inicio de su audiencia de prisión preventiva.
Con su ausencia, la bancada naranja se quedaba sin cabeza, aparentemente. El Poder Judicial también había dictado la prisión preventiva para los asesores de Fujimori, Pier Figari y Ana Herz, así como otros personajes de su entorno —Herz quedó en libertad en enero del 2019, tras anularse la medida en su contra—.
Desde Fuerza Popular señalaron que debía existir una “agenda de reencuentro nacional, tal como lo marcó y precisó Keiko Fujimori”, mientras esperaban conversar con el Poder Ejecutivo. Su postura fue cambiando a un enfrentamiento contra el Gobierno, acorde a su actitud de confrontación que tuvo cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba en la presidencia.
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En el relanzamiento del partido anunciado en abril de 2019 también se indicaba la intención de conseguir la libertad de su líder histórico y de la lideresa naranja.
Para el analista Carlos Monge, la detención y posterior prisión preventiva conllevó a un “endurecimiento de la posición de Fuerza Popular” contra el Ejecutivo, por lo que culpan a este poder de “estar manipulando al Equipo Especial de la Fiscalía, al Poder Judicial y lo responsabilizan, de alguna manera o de manera directa, de estar detrás de la prisión de Keiko”.
“Desde el inicio, la actitud de Keiko y la acción concreta de Fuerza Popular ha sido de una posición dura. Sin embargo, la prisión endureció esa posición y llevó a que la agenda fujimorista buscara tirarse abajo el sistema anticorrupción y que tuviese como objetivo supremo la libertad de Keiko Fujimori”, añade.
Entre divisiones y enfrentamientos
“(Fuerza Popular) ha caído en las manos equivocadas”, indicó el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, para La República, refiriéndose a fujimoristas que publican “tuits ofensivos” contra Martín Vizcarra “o la que dijo que el Ministerio de Educación era Sodoma y Gomorra”.
Quien dijo esta expresión fue Tamar Arimborgo durante la interpelación a la ministra Flor Pablo, el 9 de mayo. El protagonismo de la excongresista, al igual que Rosa Bartra, Héctor Becerril y otros, así como un liderazgo de bajo perfil de Luis Galarreta, fue la muestra de las formas en que Fuerza Popular iba a buscar su objetivo.
Este diario señaló que distintos congresistas de Fuerza Popular visitaban a Keiko Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos durante fechas claves, previo a votaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de denuncias contra Pedro Chávarry. El blindaje fujimorista fue notorio, sin que se logre suspender, inhabilitar ni destituir al fiscal supremo de su cargo.
Daniel Salaverry, otro exfujimorista que renunció al partido, había afirmado en septiembre que Keiko Fujimori orquestaba la vacancia presidencial contra Vizcarra, además de señalar que no dudaba que las decisiones en FP se tomaban previa consulta a su lideresa. “Los hechos indican que quien manejaba a su antojo y defiende sus intereses políticos es Keiko Fujimori”, considera el exprimer ministro Pedro Cateriano.
No obstante, su liderazgo careció de una presencia física. “Por más que Keiko siga siendo la jefa, el hecho de no tener libertad de movimiento —para comunicarse había que desplazarse al penal en Chorrillos— en los hechos debilita su liderazgo, y ha permitido que se asuma más poder y peso el núcleo más duro de FP, que no necesariamente responde al sector más cercano a Keiko”, señala Carlos Monge.
Según él, este grupo, en que aparecen Rosa Bartra, Héctor Becerril, Milagros Salazar, por ejemplo, asume la notoriedad y el control del partido, frente a otro que busca un método más conciliador, pese a que el objetivo es el mismo. “Ha permitido el protagonismo del sector más torpe y grosero de Fuerza Popular”, añade. También sobresale el bloque evangélico, de Tamar Arimborgo y Juan Carlos Gonzales, quien fuera vocero alterno de la bancada. “Esas cosas son posible porque Keiko no está al día a día manejando las cosas”.
Arimborgo llegó a presidir la Comisión de Educación y Bartra continuó en Constitución. En la foto, junto a Milagros Takayama y Karina Beteta intentaron ingresar al Congreso tras la disolución. Foto: Michael Ramón.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo –de mayoría fujimorista– no ha sido la ideal desde que Kuczynski asumió la presidencia. Quedó demostrado en las interpelaciones, censura y negarle la confianza a un ministro y a un gabinete ministerial. Cateriano indica que con Martín Vizcarra a la cabeza del gobierno “hubo un breve espacio de clama, pero cuando ellos se dan cuenta que actúa con independencia y como jefe de Estado, y no se somete a las órdenes de Keiko Fujimori y Alan García, nuevamente el fujiaprismo inicia su confrontación”.
Esta tensión en las relaciones de ambos poderes se refleja en las dilaciones parlamentarias y las cuestiones de confianza presentadas por el Poder Ejecutivo.
Quedó a la demora del debate y aprobación la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia –en la Comisión de Justicia se aprobó el dictamen el 17 de enero, mientras que Constitución, presidida por Rosa Bartra, fue el 28 de ese mes.
Situación similar fue con los proyectos de la reforma política: dilación en el Congreso, cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo y otorgada, pero aprobando los proyectos –con desnaturalización incluida– hasta el final de la legislatura ampliada.
La Mesa Directiva y la disolución
La nueva legislatura parecía beneficiar a Fuerza Popular. La lista de Pedro Olaechea, con Karina Beteta como vicepresidenta, obtuvo la Mesa Directiva. Posteriormente, con alianzas de otras agrupaciones, lograron archivar el proyecto de adelanto de elecciones, y tenían a su favor la elección de magistrados al Tribunal Constitucional –cuyo proceso de evaluación de candidatos fue cuestionado–, que también debe resolver el hábeas corpus sobre el caso de Keiko Fujimori.
Cateriano señala que la crisis política “se acentúa” con el fallo de la Corte Suprema, que ratificó la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, solo rebajando el plazo a 18 meses. “Fuerza Popular dejó de lado los intereses nacionales para dedicarse a defender los asuntos penitenciarios” de Fujimori, añade.
Monge sostiene que, con la Mesa Directiva, el fujimorismo “vivía en un mundo paralelo”. Pese a tener poder en el Congreso, mantenían una actitud “más torpe y abusiva”, sumado al rechazo de la ciudadanía expresado en las encuestas.
Con una cuestión de confianza del Ejecutivo por los métodos de elección de miembros del TC, el Congreso –el fujimorismo y con aliados– impidió el acceso al primer ministro Salvador del Solar al hemiciclo y su planteamiento del mecanismo constitucional, que declaró posteriormente. Se negó en los hechos con la aprobación de Gonzalo Ortiz de Zeballos y luego aprobaron para el papel la cuestión de confianza. “Un triunfo que terminó en derrota”, aseguró Monge.
Del Solar rodeado por los congresistas. Críticas llegaron desde parlamentarios del fujimorismo y de sus bancadas aliadas. Foto: Melissa Merino.
Según Hildebrandt en sus trece, excongresistas de Fuerza Popular consideraban que la responsabilidad de la derrota fujimorista recae en Keiko Fujimori, en Rosa Bartra y Luis Galarreta.
“FP es un tumor canceroso en nuestro débil sistema democrático. Lo que hizo Vizcarra es defender el orden constitucional”, señaló Pedro Cateriano. Por su lado, Carlos Monge sostiene que el fujimorismo “no termina de aceptar la disolución del Congreso”.
La disolución del Congreso fue respaldada por el 79% de peruanos, según la última encuesta Ipsos de El Comercio. De cara a las elecciones del 26 de enero de 2020, el panorama no beneficia a Fuerza Popular, que ha rechazado la decisión de Martín Vizcarra.
No obstante, a espera de su eventual participación, la encuesta de Datum de febrero indicaba que Keiko Fujimori tenía una intención de voto de un 8%. Para septiembre, Ipsos señalaba que ella contaba con un 7% de simpatías políticas. En FP no han negado que su lideresa en prisión postule al Congreso. Mario Mantilla ha deslizado esa posibilidad. Este camino la puede beneficiar de salir elegida, dada la inmunidad parlamentaria que tendría.
