El informante: El primer detenido, por Ricardo Uceda

Por: Ricardo Uceda

Lejos de los reflectores que acompañan a los más importantes casos de criminalidad, desde el 8 de abril –dos o tres veces por semana– y hasta el jueves 12 de setiembre, se desarrollaron en la Sala Penal Nacional audiencias dirigidas por el juez Víctor Zúñiga para decidir la prisión preventiva del ex comandante de inteligencia de la policía Raúl Prado Ravines. Cinco meses dedicados a decidir la situación de una persona. Ahora viene otra maratón de audiencias que resolverá la detención cautelar de otros 57 policías investigados por integrar un supuesto Escuadrón de la Muerte para asesinar delincuentes. Entre ellos, el ex general PNP Vicente Álvarez, quien dirigiera la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) en 2013.

Prado, considerado el líder operativo del grupo, había pedido tres horas para hablar ante el juez en la última audiencia. Finalmente no se presentó y ahora está prófugo. En su versión, las imputaciones por organizar el asesinato de 33 personas en siete situaciones distintas –falsos operativos policiales diseñados para consumar los asesinatos– nacen de la imaginación o la mala fe del Ministerio Público. Es la misma postura de la mayoría de investigados, quienes se amparan no solo en la de sus antiguos jefes, sino en toda la papelería policial que sostiene precisamente lo contrario de la tesis fiscal: las intervenciones fueron ejemplares, y lo que hubo fue una valiente actuación de los miembros de la PNP.

Una comparación

En algún momento de sus alegatos, el fiscal del caso, Álvaro Rodas, comparó al equipo de Prado Ravines con el Grupo Colina de los años noventa, solo que no actuaba desde el Ejército sino en la policía. La comparación funciona porque su actuación estaba apadrinada desde altos estamentos del Estado que administran el uso de la fuerza. Pero en el caso del destacamento militar, su creación se debió a un enfoque criminal en el marco de una extraviada política antisubversiva. El grupo de ejecuciones de la policía perseguía ascensos, reconocimiento, poder. Y en un contexto de pleno funcionamiento de los distintos poderes democráticos.

Otra diferencia importante es que el Grupo Colina era irregular: de actuación clandestina, sus operativos no estaban escritos en ningún documento oficial. En cambio las intervenciones hoy investigadas por el equipo del fiscal Rodas tenían todo su papeleo en regla. Había informes de inteligencia indicativos de la posible ocurrencia de un atraco –el que ellos, precisamente, diseñaban–, había órdenes de actuación para cada grupo operativo, había pericias técnicas luego de los hechos. Todo demostraba enfrentamientos armados. Y, finalmente, había felicitaciones, ascensos, premios. Así, las historias oficiales se convirtieron, durante el proceso de la investigación, en la principal fuente de defensa de los imputados.

Cuatro etapas

Por eso las investigaciones cuyo objetivo son policías de élite se hacen cuesta arriba. Solo una minoría de las denunciadas ejecuciones extrajudiciales de la PNP de Trujillo pudo ser llevada a juicio, aunque se logró la condena del coronel PNP (r) Elidio Espinoza. Volviendo al caso del fiscal Rodas, el Poder Ejecutivo jugó un rol deshonroso. Cuando la fiscalía solicitó los presupuestos de las intervenciones, las órdenes de destaque, las nóminas, los planes operativos, la policía dijo que eran secretos nacionales, y la Presidencia del Consejo de Ministros se consideró incompetente para resolver la controversia o anular la clasificación. Llevado el conflicto al juez Zúñiga, resultó que tal clasificación no existía. Zúñiga dispuso que los documentos fueran entregados a los investigadores. Luego una Sala de Apelaciones confirmó la orden. Lo solicitado debiera llegar en cualquier momento a la fiscalía.

Contra todas estas dificultades el Ministerio Público logró demostrar, con declaraciones testimoniales, colaboradores eficaces y pericias, la manera en que fueron falseadas las escenas del crimen. En el documento que formaliza la investigación preparatoria, con 1,200 elementos de convicción, está descrita la evolución de grupo del comandante Ravines, desde una etapa embrionaria, en 2010, cuando trabaron relación quienes serían los líderes, hasta otra fase de expansión, del 2012 al 2014, cuando actuaban con personal de la DIGIMIN, Robos y la SUAT. En 2014 tuvieron su momento cumbre, pero en 2015, a partir de una denuncia, sobrevino su debilitamiento.

Fase superior

Si la investigación llegara a construir una consistente acusación contra quienes realizaron los asesinatos, ¿qué podría pensarse respecto de los niveles superiores que permitieron una impunidad durante tres años? Desde los primeros asesinatos, el 11 de junio del 2012, cuando dirigía el Ministerio del Interior el general retirado del Ejército Wilver Calle, hasta los últimos, el 29 de junio del 2015, cuando la autoridad era José Luis Pérez Guadalupe, pasaron cinco ministros. Los otros fueron Wilfredo Pedraza, Walter Albán y Daniel Urresti. Pasaron dos directores generales de la PNP. Quizá sea necesaria una investigación distinta para conocer cómo las denuncias iniciales, que fueron presentadas cuando todavía actuaba el grupo operativo investigado, fueron ahogadas en el seno mismo de la institución policial. Recordemos que este caso cuajó porque lo denunció públicamente en 2016 el ministro del Interior Carlos Basombrío, afrontando ataques y amenazas de toda índole. Ya vimos que pudo construirse porque cayó en manos de un eficiente equipo de fiscales. Otra posibilidad, para avanzar más allá, es que no tuviera que abrirse otra indagación, sino que el hilo de la madeja saliera del mismo proceso en curso, cuando protagonistas relevantes se convenzan de que no tienen que cargar con toda la responsabilidad.