Fiscal investiga a más de 120 por tráfico de tierras en Ucayali
Azote de la mafia. La cifra aumentará luego de que el fiscal Wilber Huamanyauri despliegue nuevas intervenciones en entidades públicas y empresas extranjeras y nacionales.
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Por: Ángel Páez
El titular de la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo, Wilber Huamanyauri Cornelio, se ha convertido en un azote de las autoridades y particulares que se dedican al próspero negocio ilícito del tráfico de tierras.
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El 12 de diciembre de 2018, el fiscal Huamanyauri allanó las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura, del Gobierno Regional de Ucayali y detuvo a varios funcionarios involucrados en tráfico de tierras mediante titulaciones fraudulentas. Entre ellos, el ex director regional de Agricultura Isaac Huamán Pérez; el exdirector de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Christopher Hernández Larrañaga, y el ex asesor legal de dicha dependencia Guillermo Lobo Aguinaga.
El fiscal Huamanyauri los denunció por integrar una banda criminal y por encubrimiento real y personal. Ahora la autoridad se apresta a ampliar el caso que ahora alcanza a más de 120 funcionarios y cómplices de la organización criminal, incluyendo empresarios nacionales y extranjeros.
Huamanyauri requirió 18 meses de prisión preventiva, pero el juez solo aceptó la medida para los casos de Huamán y Hernández, por lo que quedó en libertad Guillermo Lobo. Este abogado ahora labora como asesor jurídico del municipio provincial de Coronel Portillo, no obstante que es investigado por banda criminal.
De hecho, poco después de asumir sus nuevas funciones en la alcaldía provincial, Guillermo Lobo emitió un informe que favoreció a un grupo de invasores.
En efecto, Lobo rechazó la solicitud del empresario Ramón Miranda Eyzaguirre para que el municipio provincial desestime el intento de un conjunto de personas que usurparon el terreno de su propiedad en Yarinacocha, y que buscan ser formalmente legitimados.
Coincidentemente, hasta hace poco trabajó como procurador del municipio provincial de Coronel Portillo el abogado Roberto Ápac, que también desestimó todos los pedidos del empresario Miranda. Pero resulta que Ápac fue abogado de los invasores del terreno de Miranda e, incluso, vive en dicho lugar usurpado.
Por si fuera poco, Roberto Ápac fue uno de los abogados y amigos de Guillermo Lobo que hizo vigilia para que el juez no dicte detención preventiva en su contra.
El defensor Guillermo Lobo, Christian Amed Pimentel, también es abogado del exalcalde de San José de Yarinacocha Edgar Marín Zamora, demandado por el empresario Ramón Miranda por haber suscrito una constancia fraudulenta a favor de la dirigencia de los invasores, documento con el que pretende conseguir la prescripción de dominio sobre el predio usurpado.
Abogados bajo la mira de la Fiscalía
- El abogado de Guillermo Lobo, Christian Amed Pimentel, también es defensor del exalcalde de San José de Yarinacocha Edgar Marín Zamora. Este personaje otorgó un falso reconocimiento de residencia a los invasores del terreno del empresario Ramón Miranda. Ese documento fue presentado por los usurpadores al municipio de Coronel Portillo y admitido por Roberto Ápac, amigo de Lobo.
- La influencia de los invasores llega, incluso, al Poder Judicial. Hace 17 meses que el juez Carlos Díaz Herbozo no resuelve la demanda de desalojo del terreno que presentó Miranda.
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