Pedro Chávarry: ¿Por qué delitos lo blindó el fujiaprismo?

Este miércoles , el Pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al fiscal supremo Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real, proceso que se inició a raíz de su actuación el pasado 31 de diciembre de 2018, cuando, siendo aún Fiscal de la Nación, removió de sus puestos en el Equipo Especial para el caso Lava Jato a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

Con 75 votos a favor y solo 4 abstenciones, el Pleno del Legislativo aprobó la resolución legislativa que plantea derivar la acusación contra Chávarry al despacho de la Fiscalía de la Nación, a cargo de la fiscal Zoraida Ávalos.

Sin embargo, antes de aprobar esta decisión, el congresista Oracio Pacori, del Nuevo Perú, planteó una cuestión previa para acumular otras denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, en las cuales se le acusa de la presunta comisión de los delitos de organización criminal —por supuestos nexos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”— y encubrimiento personal, por el deslacrado de las oficinas de la Fiscalía de la Nación.

Blindaje

Tras el debate de esta cuestión previa, que inició al promediar las 2:30 de la tarde de este miércoles, el resultado de la votación arrojó que 43 parlamentarios —todos de Fuerza Popular y los del Apra, más los congresistas Julio Rosas, Marita Herrera, Yesenia Ponce y Nely Cuadros—, rechazaron incluir las demás denuncias constitucionales contra Chávarry.

Entre los argumentos esgrimidos en contra de juntar las acusaciones contra Chávarry destacó que no se podía imputar al magistrado delitos por los cuales no se había defendido ni ofrecido sus descargos, ya que, como se sabe, el fiscal supremo no ha asistido al Congreso pese a haber sido citado hasta en 3 oportunidades.

Pero ¿de qué fue protegido el fiscal supremo? De acuerdo a la cuestión previa planteada por Pacori, el objetivo era acusar también a Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal.

“Los Cuellos Blancos del Puerto”

Desde que estallaran en el 2018, los “audios de la corrupción” comprometieron a numerosos magistrados de alto rango del sistema nacional de justicia, entre los cuales se contó al fiscal supremo Pedro Chávarry, quien por la época fungía como flamante Fiscal de la Nación.

Con los audios, además, llegó al conocimiento de la ciudadanía la presencia de una organización criminal enquistada en el seno de la magistratura y en la que, según la tesis del Ministerio Público, jueces y fiscales estaban involucrados.

Justamente por el escándalo que surgió de los audios se llegó hasta el fiscal Pedro Chávarry, sobre el que se reveló tenía una relación cercana con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado como líder de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Ante esta circunstancia, el fiscal Chávarry fue acusado de pertenecer a la organización delictiva, por lo que se presentó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia en su contra.

Sin embargo, esta fue rechazada en última instancia en la Comisión Permanente, por lo que en el informe final, no fue incorporada, decisión que la mayoría fujimorista y el Apra ratificaron en el Pleno este miércoles.

El deslacrado

Otro caso por el que se acusó a Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue el deslacrado de las oficinas de la Fiscalía del Nación que habían sido allanadas por el fiscal José Domingo Pérez.

Los despachos correspondían a personal cercano al entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, y dado que fueron allanados en el marco de la investigación del fiscal Pérez en el ámbito del caso Lava Jato —vinculado específicamente con las pesquisas contra Keiko Fujimori—, se dispuso que las oficinas no fueron violadas por agentes externos a la investigación.

Sin embargo, medios periodísticos revelaron que personal de confianza de Chávarry, entre los que se cuentan a su exasesora, Rosa Venegas, ingresaron a las áreas lacradas.

Por este caso, que se encuentra tipificado en el Código Penal como delito de encubrimiento personal, Chávarry fue también denunciado en la Subcomisión; sin embargo, la Comisión Permanente, con votos fujimoristas, acordó no acusar al fiscal supremo por este delito.

Vale resaltar que del mismo modo en la cuestión previa, la inclusión de esta denuncia en la acusación final contra Chávarry no fue aceptada, por lo que el magistrado solo fue acusado por el delito de encubrimiento real.

Además, también se rechazó inhabilitar a Chávarry durante 10 años para que ejerciera alguna función pública.