La crisis de la Unasur se hizo más evidente a partir de enero de 2017, cuando el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dejó la Secretaría General del organismo. La Secretaría pro tempore pasó a manos de Argentina, que propuso como reemplazo a su embajador en Chile, Octavio Bordón, exmilitante del Frepaso y embajador en Estados Unidos durante el período presidencial de Néstor Kirchner. La designación fue rechazada por Bolivia y Venezuela.,Escribe: Ariela Ruiz Caro El reciente comunicado de los cancilleres de seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) dirigido al canciller boliviano, país que tiene a su cargo la Presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), de abandonar el organismo hasta que no se definan sus funciones es, en la práctica, un tiro de gracia a la institución. Expresa, además, el giro político que ha tenido lugar en la mayoría de los países que la impulsaron, así como la imposibilidad de lograr acuerdos con los gobiernos de Venezuela y Bolivia, toda vez que las decisiones se toman por consenso. La crisis de la Unasur se hizo más evidente a partir de enero de 2017, cuando el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dejó la Secretaría General del organismo. La Secretaría pro tempore pasó a manos de Argentina, que propuso como reemplazo a su embajador en Chile, Octavio Bordón, exmilitante del Frepaso y embajador en Estados Unidos durante el período presidencial de Néstor Kirchner. La designación fue rechazada por Bolivia y Venezuela. La parálisis generada, calificada como extremadamente intolerable por los firmantes del comunicado, es el motivo por el cual han suspendido los pagos y su participación en todas las instancias del organismo. Nicolás Maduro ha especulado con que esa decisión podría deberse a la “presión” del gobierno de Estados Unidos. Salvo Bolivia, el resto de los países de la Unasur observan con preocupación la calidad de la democracia en Venezuela, y cómo hacer viable la restauración de su institucionalidad democrática. En enero, representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú fueron invitados a Washington para reunirse con el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Juan Cruz, y evaluar la situación de Venezuela. Los mandatarios de estos países fueron también invitados por Donald Trump a una reunión para tratar el tema durante la Asamblea General de la ONU, en setiembre pasado. Como se recordará, la Unión de Naciones Sudamericanas es el nombre con el cual los presidentes reunidos por primera vez en la historia para tratar temas de energía, en abril de 2007 en Venezuela, decidieron denominar a la hasta entonces Comunidad Sudamericana de Naciones. No solo acordaron llamarla de otra manera, sino también cambiarle el enfoque. Esta no sería concebida como la convergencia de los dos bloques subregionales de integración existentes en Sudamérica, Comunidad Andina y Mercosur, sino como un nuevo espacio de concertación política, en el que los aspectos sociales, energéticos y de infraestructura serían los ejes centrales de atención, relegando los aspectos comerciales. Este nuevo enfoque quedó plasmado en el texto de su tratado constitutivo, firmado en mayo de 2008, en Brasilia. El organismo nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave. Así, la Unasur tuvo un rol protagónico e influyente durante los conflictos políticos suscitados en la región, a poco tiempo de su creación. Prueba de ello fue su participación en Bolivia por el enfrentamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos, que causó la muerte de treinta personas en setiembre de 2008, las consultas sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, en 2009, y el intento de destitución del presidente Correa en setiembre de 2010. Lejos han quedado los tiempos en los que, decididos a apostar por la funcionalidad de este organismo, los presidentes acudían raudamente cuando eran convocados, con la intención de dejar claro que no era la OEA, sino esa instancia regional, la que resolvería las diferencias en los asuntos políticos sudamericanos.