Quizás no haya universidad pública que haya presentado mejor alternativa sobre el retiro de los docentes mayores que San Marcos. En esta oportunidad vuelvo sobre el asunto motivado por una resolución felizmente congelada de la Sunedu al respecto. El núcleo del debate se dio en la Asamblea Estatutaria, entre abril y junio de 2016. Allí, para empezar, se decidió cumplir la ley. Es decir, redactar un nuevo Estatuto en los marcos de la ley universitaria, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma y la Constitución de la República. Se vio también la pertinencia de que existiera un límite de edad, en este caso ya fijado en la ley, sin que esto fuera óbice para que tal límite pudiera ser cambiado posteriormente por el Congreso. El argumento al respecto era sencillo, si no había límite de edad no había renovación generacional y la existencia de la institución se ponía en peligro. Se puso el ejemplo del propio San Marcos donde la edad promedio de la docencia al no haber límite de edad había subido de 45 años en 1999 a 62 años en 2016. Asimismo, sobre el argumento que los profesores mayores somos los que más producimos, se presentó la estadística del Concytec que señala —en su Directorio Nacional de Investigadores— que la mayor productividad se da entre los 35 y los 52 años. Existen, por lo tanto, profesores mayores con gran productividad pero son la excepción. Luego se pasó a debatir el mecanismo de aplicación de la norma. La posición mayoritaria señaló que el retiro de los profesores mayores implicaba dos problemas, uno académico y otro social. El académico estaba dado porque la universidad se queda sin el concurso de un grupo importante de docentes, entre ellos colegas de reconocida calidad académica. Esto causa un vacío tanto en número como en calidad que debe afrontarse para no sufrir un traspiés de proporciones. El social por las exiguas pensiones que recibe un docente cuando se jubila, aproximadamente un 15% del sueldo de cuando está en actividad. Para el problema académico se plantearon dos cuestiones. La primera el programa de los profesores extraordinarios expertos. Acogiéndonos a que la ley señala que cada universidad pública puede tener hasta el 10% de sus docentes como extraordinarios, el Estatuto establece que todo profesor principal o asociado, con grado de doctor y trayectoria de investigación y publicaciones, puede solicitar quedarse como experto. La segunda, un cronograma para el retiro progresivo de los profesores mayores para que el impacto en las actividades académicas se redujera al mínimo. Para el social, la necesidad de que la universidad reclamara al gobierno un monto para dar una derrama como retiro a los profesores que no estén en la ley 20530. Pero también la necesidad de homologar los sueldos de la docencia universitaria y exigir un nuevo sistema de pensiones que permita un retiro digno para quienes han dado su vida a la universidad pública. El Sunedu, en lugar de promover que las propias universidades den salida al problema en el marco de la ley y sus estatutos, se apresuró a mandar retiros y cortar mandatos sin razón ni legalidad que lo sustente, emitiendo resoluciones que a la postre caerían en saco roto porque nadie que conozca la legalidad va a obedecerlas. El camino entonces ha quedado señalado en el Estatuto de San Marcos que acota la demagogia dentro y fuera del claustro y señala un camino para el futuro de la universidad pública.
