¿Quién manda en la transición venezolana?, por Diego García-Sayán

Venezuela está urgida de una transición democrática. Pero precisamente porque la necesita con urgencia, conviene desconfiar de soluciones “espectaculares” que prometen reconstruir el Estado de derecho mediante poderes excepcionales, tutelas internacionales y calendarios indefinidos. O poniendo en una celda en Miami a Nicolás Maduro; ya lleva en ello desde enero y no hay señal alguna de ientras, entre analistas venezolanos y latinoamericanos, se va avanzando. Un reciente documento de circulación restringida —que tengo a la mano— propone una hoja de ruta que combina aspiraciones legítimas con instrumentos jurídicamente inviables y políticamente peligrosos.

El punto de partida merece atención y respaldo: liberar a todos los presos políticos, reparar a las víctimas, restablecer los servicios esenciales, reconstruir las instituciones y abrir un camino de reconciliación que no excluya a millones de venezolanos por su identidad política. La transición no puede convertirse en una revancha. Pero tampoco puede edificarse sobre una ficción: como asumir que una resolución de la Asamblea General de la OEA bastaría para instalar una Junta de Gobierno con «plenos poderes», llevar a cabo elecciones democráticas y desplegar una misión policial-militar internacional.

La OEA no es un gobierno supranacional de las Américas. Su Carta y la Carta Democrática Interamericana le permiten actuar colectivamente en defensa de la democracia, promover gestiones diplomáticas y adoptar decisiones políticas dentro de sus competencias. Pero, por sí solas, no le otorgan la facultad de sustituir las funciones de las autoridades de un Estado ni de crear un poder constituyente delegado. Confundir respaldo internacional con potestad de gobierno sería ofrecer a los adversarios de la transición un argumento formidable: denunciarla como una imposición externa.

Más inquietante todavía es la propuesta —que ha circulado— de una Junta investida de «plenos poderes». ¿Quién designaría a sus integrantes? ¿Ante quién responderían? ¿Qué tribunal podría controlar sus actos? ¿Qué papel tendrían la Asamblea Nacional, la sociedad civil y las organizaciones políticas? La promesa de actuar conforme a la Constitución de 1999 no resuelve esas preguntas. Una autoridad sin controles no se vuelve democrática por proclamar que lo es. El remedio no debe reproducir la enfermedad.

También se propone una misión conjunta OEA-ONU con tropas, policías y especialistas en derechos humanos. La presencia de la cooperación internacional puede ser decisiva. Una operación armada, en cambio, requiere una base jurídica precisa, acuerdos legítimos sobre su presencia y, según su naturaleza, decisiones de los órganos competentes de Naciones Unidas. Ni la Asamblea General de la OEA puede ordenar, por sí misma, una operación de paz de la ONU, ni basta invocar buenas intenciones para definir quién manda, quién financia, qué reglas rigen el uso de la fuerza y cómo se responde por los abusos.

La exitosa experiencia salvadoreña

La experiencia salvadoreña enseña algo importante. Naciones Unidas desempeñó allí un papel extraordinario en la verificación de los acuerdos de paz, la vigencia de los derechos humanos, la reforma policial y la consolidación de la paz. Pero no “gobernó” El Salvador durante siete años. Hubo activa y eficaz negociación, compromisos internos y acompañamiento internacional.

Venezuela necesitará algo más: una reconstrucción de largo aliento. Que no es lo mismo que confundir los plazos de la reforma institucional con la duración de un gobierno provisional. La legitimidad electoral debe recuperarse cuanto antes, con garantías verificables, no aplazarse por un septenio prorrogable. Eso no puede esperar.

La justicia transicional constituye otra prueba crucial de seriedad. Una comisión de la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición son indispensables. Pero el perdón político no puede convertirse en una patente de impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad, torturas o desapariciones forzadas. Las obligaciones internacionales del Estado y los derechos de las víctimas no desaparecen por conveniencia diplomática. Habrá que diseñar incentivos para la cooperación y fórmulas de reintegración compatibles con la justicia, basadas en la verdad; no negociar una amnesia oficial.

La dimensión económica exige igual prudencia. Recuperar agua, electricidad, hospitales, escuelas y abastecimiento es prioridad inmediata. La ayuda externa, la inversión y el apoyo de instituciones financieras pueden contribuir enormemente. Pero un programa con el FMI no sustituye un pacto social venezolano, ni la llegada de contratistas extranjeros reemplaza las capacidades locales. Las cifras multimillonarias propuestas para una misión internacional necesitan presupuestos, fuentes de financiamiento y controles públicos, no aproximaciones lanzadas al aire.

Acuerdo político

¿Qué hacer, entonces? Cinco cosas al menos. Primero, construir un acuerdo político venezolano amplio, con compromisos verificables de liberación de detenidos, protección de libertades, seguridad para quienes discrepan y garantías para la participación política. Segundo, pactar una autoridad transitoria de competencias estrictamente delimitadas, duración breve y fiscalización efectiva, sobre una base constitucional defendible. Tercero, acordar un calendario electoral creíble, con registro actualizado, voto de la diáspora, observación internacional independiente y autoridades electorales confiables. Cuarto, desplegar asistencia internacional civil y técnica, ampliable únicamente mediante mandatos y consentimientos jurídicamente válidos. Y quinto, establecer, desde el inicio, un sistema de verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales.

Y todo en una perspectiva no solo de verdad, sino de reconciliación: nadie debe ser expulsado o marginado de la comunidad nacional por haber sido chavista. La reconciliación exige reconocer que todos siguen siendo venezolanos, incluso quienes sostienen proyectos políticos enfrentados. Pero reconciliar no equivale a borrar responsabilidades; significa sustituir el miedo por derechos y la arbitrariedad por reglas comunes.

Venezuela no necesita una democracia administrada desde el exterior ni una excepcionalidad sin fecha de caducidad. Necesita soberanía popular, instituciones serias y transparentes, justicia para las víctimas y cooperación internacional que acompañe, sin usurpar, las decisiones de sus ciudadanos. La urgencia de salir del autoritarismo no autoriza a improvisar otro poder sin límites. Precisamente porque la oportunidad puede ser histórica, hay que protegerla de los atajos que podrían frustrarla.

¡Vamos a eso! De eso hay que hablar en los órganos de la ONU y en una Asamblea General extraordinaria de la OEA, teniendo como marco conceptual la Carta Democrática Interamericana.“democratización”.