Socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nací en Lima, en La Victoria, en 1988. Excongresista de la República. Fui Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia. Exregidora de la Municipalidad de Lima. Soy militante de izquierda y feminista.

La tragedia ocurrida en el C.C. Real Plaza Trujillo del grupo Intercorp, propiedad de Carlos Rodríguez Pastor, revela el comportamiento rapaz de la élite empresarial peruana: su prioridad es maximizar las ganancias. No importan los riesgos para la seguridad y la vida. Todo se convierte en una tramitología que se puede “simplificar” si se cuenta con los operadores adecuados dentro del aparato estatal.

Un ejemplo de esto es la “Ley Nano”, promovida en 2023 por la bancada de Keiko Fujimori. Esta norma limita la fiscalización municipal y fue aprobada en coordinación con la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, presidida por Carlos Neuhaus.

Más de una semana después de la tragedia, los peritajes del Ministerio Público muestran el pésimo estado del techo del establecimiento. Además, se reveló que en 2024, durante las inspecciones para renovar la licencia de funcionamiento, los directivos prohibieron a ingenieros contratados por la Municipalidad de Trujillo revisar la azotea. Inclusive llegaron a denunciar a uno de ellos por abuso de autoridad. Luego de desaprobar dos inspecciones, Real Plaza Trujillo logró la conformidad solo después de que el municipio ceda y cambie la terna de ingenieros.

El poder del dinero no puede prevalecer sobre el derecho a la vida y el bien común. Las prácticas abusivas e ilegales no son aisladas en las empresas del grupo Intercorp, como lo saben los trabajadores sindicalizados de InRetail Pharma, quienes son enviados a trabajar a un almacén en la Panamericana Sur como forma de hostilización. También lo saben los vecinos del parque Manhattan en Comas, quienes, en 2016, lucharon contra el intento de Intercorp de convertir 8,000 metros de este espacio público en un Plaza Vea. La iniciativa adoptada por el Concejo municipal fue anulada gracias a la movilización vecinal. El supuesto “sueño peruano” se ha convertido en pesadilla: la corrupción y un Estado capturado por grandes intereses económicos producen tragedias. Nombrar a los responsables por más poderosos que parezcan, es una forma de abrir paso a la justicia.

Fiscalía inicia investigación a Real Plaza

Pesadilla peruana, por Indira Huilca

La República

Después del ingreso por la fuerza de Patricia Benavides a la sede del Ministerio Público la semana pasada, el pacto mafioso busca imponernos, a toda costa, otro títere que les permita capturar una de las pocas instituciones que aún no han logrado someter. Y decir "a toda costa", no es una exageración. Como ocurrió en la instalación de este régimen, la complicidad de los mandos militares y policiales es indispensable para asegurar decisiones arbitrarias y violentas que carecen de legalidad y legitimidad.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/06/23/la-maniobra-golpista-editorial-1831628">EDITORIAL | La maniobra golpista</a></blockquote>

Desde ayer circula una directiva firmada el lunes por el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, en la que se ordena a todas las dependencias policiales del país reconocer a Benavides como Fiscal de la Nación de facto. En el documento, además, se dispone otorgarle protección policial con carácter de “urgencia”. A estas órdenes escritas se suma la información sobre una posible detención “en flagrancia” contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Un nuevo golpe que no puede ser tolerado y que debe convocar a los sectores democráticos a tomar las calles.

No se trata solo de Benavides, quien fue destituida por favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, en una investigación penal donde se le acusa de beneficiar a narcotraficantes. A su prontuario se suma el caso “Valkiria”, que la involucra en una red de tráfico de influencias con congresistas, con el objetivo de manipular la elección del Defensor del Pueblo, inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos y destituir a los miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia.

Con Benavides o sin ella, las bancadas del pacto mafioso en el Congreso ya han activado su plan B: la reorganización del Ministerio Público. No es una obsesión reciente. Para el fujimorismo del periodo 2016-2021, la Fiscalía fue el objetivo central. Hoy, han sumado como cómplices a Perú Libre. La movilización popular es nuestra principal fuerza frente al autoritarismo. Pero a las calles deben sumarse otras formas de lucha. Es urgente que los líderes y candidatos de los partidos que se asumen como oposición dejen de actuar de forma aislada o en clave electoral. La lucha política es ahora.

Indira Huilca

Fiscal de facto, por Indira Huilca

“Según algunos, este Congreso tiene el rechazo del 100%, entonces un congresista que intente ir a la reelección está en desventaja total contra el que postule contra él”.

“No es que un congresista esté haciendo campaña. Si un congresista hace actividad política, eso es parte de su naturalidad (sic). Cuando uno va y viaja y conoce cómo funcionan los parlamentos del mundo, los congresistas se reúnen con sus bases, como el parlamento alemán. Uno tiene que empezar a ver cómo funcionan los otros parlamentos en el mundo”.

Con declaraciones como estas&nbsp;-que rozan el&nbsp;cinismo&nbsp;y la desconexión total con la realidad&nbsp;-congresistas y representantes del&nbsp;fujimorismo y otros integrantes del&nbsp;pacto mafioso han salido a justificar el más reciente atropello aprobado en la Comisión de Constitución. Hablamos de una modificación al reglamento parlamentario que permitirá a los congresistas vulnerar el principio de neutralidad electoral sin que ello se considere una infracción.

Según sus defensores, esta norma busca proteger el derecho de los congresistas a hacer política partidaria. Un argumento&nbsp;burdo, porque ese derecho nunca ha estado en juego. Lo que realmente buscan es autorizarse el uso de recursos públicos para sus campañas de reelección, sin&nbsp;afrontar&nbsp;consecuencias legales.

El texto del dictamen establece que los congresistas solo tendrían prohibido hacer proselitismo durante las sesiones del Pleno y de las comisiones. ¿Y las semanas de representación? Esas en las que viajan con pasajes pagados, reciben bonos y cuentan con personal financiado por todos los peruanos. Habilitados. ¿Y el resto del tiempo? También.&nbsp;Sin ningún pudor.

No les bastó con haber desmantelado el sistema electoral a su antojo durante estos años. Ahora buscan coronarse: que seamos nosotros quienes financiemos sus campañas. La decencia más básica exigiría que, al menos, pidan licencia sin goce de haber durante sus actividades proselitistas. Pero eso sería pedirles un mínimo de ética. Lo otro -y aquí tenemos&nbsp;mucha&nbsp;responsabilidad- es evitar que esta plaga de saco y corbata siga saqueando al país con total impunidad.

Campaña con recursos ajenos, por Indira Huilca

El régimen de Dina Boluarte ha vuelto a perpetrar una agresión contra los derechos de miles de peruanos y sus familias. A través de una directiva emitida por la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se establecen nuevos plazos administrativos para dar por terminada la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Ahora se impone un límite de hasta 18 meses para la investigación de carácter humanitaria que está a cargo del MINJUS.

Estamos hablando de hechos ocurridos entre 30 a 40 años atrás, y que requieren diligencias especializadas para identificar y restituir restos humanos que se encuentran en su mayoría en fosas ilegales. Estos procesos, que ya se realizaban con lentitud y poco compromiso estatal, y que ahora se quieren boicotear con esta directiva, son parte de las obligaciones del Estado en mérito a diversos tratados internacionales y la Ley de Búsqueda de Personas desaparecidas, aprobada en el año 2016, que no establece ningún plazo de término.

A partir de cifras del Registro Nacional de Personas Desparecidas (RENADE), se calcula que todavía existen más de 19000 personas desaparecidas durante las décadas de 1980 y 1990 cuya búsqueda no ha concluido. Ha sido justamente gracias a la lucha y exigencia de organizaciones de familiares y víctimas que se logró algunas de estas políticas en materia de búsqueda. No ha sido fácil, porque a pesar de la crueldad que padecieron miles de personas de forma directa y el país en su conjunto, la apuesta de la clase política ha sido por la impunidad y el negacionismo. Negar que, luego de que Sendero Luminoso iniciara un período de terror, la respuesta por parte del Estado, a través de las Fuerzas Armadas y policiales, produjo también graves violaciones a los derechos humanos, en su mayoría contra población quechuahablante y campesina.

Lamentablemente, desde hace varios meses, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encabezado por el hoy PCM, Eduardo Arana, varios personajes grises han venido operando para debilitar las políticas de Derechos Humanos. No olvidemos que Javier Pacheco, Director de Búsqueda de Personas Desaparecidas, promotor de esta directiva infame, fue antes Procurador General nombrado por Boluarte y Eduardo Arana para desactivar unidades que investigaban casos contra altos funcionarios. El negacionismo y la corrupción siempre de la mano.

Familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno. Fuente: Composición LR

Doña muerte y sus secuaces, por Indira Huilca

No es suficiente que en el Perú se haya registrado una violación sexual cada 40 minutos durante los primeros&nbsp;tres&nbsp;meses de este año. Ni que en 2023, 1357 niñas menores de 14 años hayan sido obligadas a dar a luz producto de una violación sexual. Y mucho menos que el Estado peruano haya sido sancionado por instancias internacionales en tres ocasiones&nbsp;—2005, 2011 y 2023—, &nbsp;por violar los derechos de&nbsp;tres&nbsp;menores al impedirles acceder al aborto terapéutico en el sistema de salud pública, a pesar de que este se encuentra despenalizado desde 1924.&nbsp;

Para grupos religiosos ultraconservadores y personajes como la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), esta tragedia que vivimos con miles de mujeres y niñas peruanas violentadas sexualmente no es suficiente, por eso han emprendido una campaña de ataques, mentiras y presión política contra la Maternidad de Lima para dejarnos aún&nbsp;más desprotegidas. El objetivo es que esta entidad pública no siga implementando su Guía de Aborto Terapéutico.&nbsp;

Lo que buscan Jáuregui y sus operadores&nbsp;antiderechos, como el grupo autodenominado “padres peruanos”, es impedir,&nbsp;por ejemplo,&nbsp;que niñas como “Mila”, quien a los 11 años quedó embarazada luego de ser abusada sexualmente por su padrastro desde los 6 años, no accedan al aborto terapéutico. En su caso, la junta médica del Hospital Regional de Loreto rechazó realizarle el aborto terapéutico señalando que ese embarazo no representaba una afectación para su vida o su salud. Tras una nueva evaluación, fue la Maternidad de Lima la que realizó este procedimiento, argumentando que la gestación sí representaba un riesgo grave para su salud física y mental: como lo es para toda niña de 10, 11, 12,&nbsp;13,&nbsp;14 o 15 años. Usaron un criterio básico de salud pública que incluye considerar el impacto en la salud mental y un enfoque desde la niñez. Y esto es lo que para la señora&nbsp;Jáuregui&nbsp;es inadmisible,&nbsp;lo&nbsp;califica de “ilegal” y la ha motivado a citar al director de la Maternidad&nbsp;de Lima&nbsp;al Congreso, frente al silencio cómplice del Ministro de Salud, el&nbsp;acuñista&nbsp;César&nbsp;Vásquez.

No es ético ni humano obligar a una niña a gestar. Sostener que una niña con depresión,&nbsp;tras ser violentada sexualmente por el padre, padrastro, abuelo u otro abusador,&nbsp;puede llevar un embarazo que&nbsp;no represente&nbsp;un grave riesgo para su vida y su salud es pura hipocresía y maldad.&nbsp;No permitamos más retrocesos. Son niñas, no madres.

Los enemigos de las niñas, por Indira Huilca

Nuevamente el paro total de transportistas, realizado este 10 de abril, ha puesto en evidencia que para una creciente mayoría de peruanos y familias trabajadoras el problema de la criminalidad que asola al país no tiene su origen, principalmente, en las deficiencias operativas o de recursos en la gestión del Estado, ni tampoco se resuelve con las modificaciones legales que apuntan a la demagogia penal aprobadas por el Congreso.&nbsp;

Durante el paro, además de la gran la cantidad de unidades y rutas que se sumaron a la protesta, lo que se hizo sentir con contundencia fueron las voces de choferes y cobradores quienes, en su ruta hacia el Congreso de la República, señalaron con mucha claridad la responsabilidad del Gobierno y el Parlamento en el agravamiento del problema. Y es que no se trata de un problema de eficacia, se trata de nula voluntad, de desprecio ante las muertes y de una activa complicidad con la criminalidad.&nbsp;

Que&nbsp;Boluarte&nbsp;se atreva a sostener, sin sonrojarse, que no es responsabilidad suya resolver un “problema que tiene 30 o 40 años” o que los congresistas pidan a los choferes que usen láminas antibalas y, al mismo tiempo, los acusen de hacer “mucha bulla” con sus paros, como hicieron José Cueto y Alejandro Aguinaga, es un mensaje claro. No estamos solo frente a un gobierno deficiente o corrupto. El régimen ha decidido usar el poder de forma tiránica sin distinción. No importa si se trata de las víctimas de la extorsión y el&nbsp;sicariato&nbsp;en Lima o de los niños intoxicados por el programa&nbsp;Qali&nbsp;Warma.&nbsp;

Hoy nos encontramos ante el ejercicio abusivo y autoritario del poder por parte de un grupo pequeño, camuflado dentro de estructuras institucionales que han dejado de ser democráticas, y son manipuladas para eliminar contrapesos, silenciar opositores y perpetuar el control del Estado para beneficio propio.

Por eso, la respuesta de los sectores preocupados por la situación democrática del país no puede seguir siendo la de pedirle peras al olmo. Universidades, colegios profesionales, incluso partidos políticos están en deuda. O se denuncia con firmeza a estos aprendices de tiranos como lo hacen hoy los trabajadores del transporte público o en un año acudiremos a las urnas únicamente para convalidar una farsa. Está en nuestras manos.&nbsp;

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