Exceso inaceptable
Movilización contra el presidente Pedro Castillo fue reprimida con violencia policial.
La violencia con la que se reprimió la movilización ciudadana organizada para protestar contra el gobierno de Pedro Castillo es inaceptable. No es posible que la policía montada lance los caballos contra las personas. Tampoco el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y varas contra quienes legítimamente salen a la calle a dejar sentada su posición.
En el país, la democracia existente permite expresiones de respaldo y también de reclamo. Se respeta y se protegen constitucionalmente estas muestras de opinión pública, siempre que no haya desórdenes, ataques a la propiedad pública o privada o violencia callejera.
Los excesos policiales en estas movilizaciones deben ser investigados y sancionados porque la impunidad como respuesta estatal solo permite que la reacción de las fuerzas del orden se repitan y provoquen nuevas violaciones de las disposiciones existentes.
Como antecedente no sancionado tenemos las protestas de noviembre del 2020, que tuvieron como saldo lamentable la muerte de los jóvenes Inti y Bryan, asesinados con armas prohibidas, y los 80 heridos con huellas de agresión física, perdigones alojados en el cuerpo y otros vestigios de la represión policial.
En esa ocasión, las autoridades encabezadas por el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien quiso usurpar el gobierno y tomó la decisión de endurecer la respuesta policial, evadieron su responsabilidad política mediante el blindaje concedido por el Congreso.
También se quiso reescribir la historia de lo ocurrido e incluso se procedió a condecoraciones y discursos exculpatorios, considerados una burla para las víctimas y deudos de la violencia policial, mientras se procuraba la impunidad judicial de los responsables.
Quienes justificaron la violencia atribuyendo responsabilidad a los jóvenes que protestaban, no tienen autoridad para ahora reclamar por las acciones policiales de este último sábado. La vara con la que se mide una reacción ilegal debe servir para medir otro acto igualmente punible.
La coherencia es fundamental tanto para el reclamo como para la aplicación equitativa de la justicia. Por ello, así como exigimos que los casos de Bryan e Inti sean finalmente sancionados, reclamamos investigación diligente para los excesos del último 5 de noviembre.
