Donald Trump insiste con deportar inmigrantes bajo ley de 1798: pide intervención de la Corte Suprema
El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la reanudación de vuelos de deportación masiva de inmigrantes, amparados en una ley de tiempos de guerra. La medida ha generado una ola de críticas por su legalidad y fundamentos.
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El gobierno de Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que levante la restricción judicial que impide deportar inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto aprobado en 1798. La administración busca anular la decisión de un tribunal federal que bloqueó la aplicación de esa norma, utilizada por el mandatario para justificar la expulsión de cientos de venezolanos acusados de integrar una peligrosa banda criminal.
La solicitud de emergencia plantea una nueva confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, al involucrar cuestiones clave sobre el alcance del poder presidencial en contextos de seguridad nacional. La estrategia de Trump ha provocado reacciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos, con múltiples voces que cuestionan la legalidad de la medida y los verdaderos motivos detrás del uso de una ley concebida en el siglo XVIII para tiempos de guerra.
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Trump pide a la Corte Suprema que intervenga ante la prohibición del tribunal
La administración de Trump presentó el recurso tras la decisión del juez federal James Boasberg, quien prohibió temporalmente los vuelos de deportación al considerar que el uso de la ley de 1798 vulnera el debido proceso. La medida se produjo apenas unas horas después de que despegaran aviones con casi 300 inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua. Aunque la mayoría ya se encuentra recluida en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, la orden judicial impide nuevos traslados bajo este marco legal.
La Casa Blanca sostiene que la interrupción del proceso representa un riesgo para la seguridad nacional, ya que las autoridades identificaron a los expulsados como supuestos integrantes de una organización extranjera con capacidad para atentar contra ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, familiares de los deportados y organizaciones de derechos humanos han negado que exista evidencia creíble que vincule a todos los migrantes con actividades delictivas.
En su petición, el Departamento de Justicia afirmó que el fallo judicial obliga a Estados Unidos a “albergar a individuos identificados como miembros de una organización terrorista extranjera empeñada en dañar gravemente a los estadounidenses”. Según el documento oficial, la Constitución otorga al presidente la autoridad para decidir cómo actuar ante amenazas de este tipo, sin interferencia del poder judicial. “La república no puede permitirse otra opción”, asegura el texto.
El bloque de los vuelos de deportación bajo la ley de enemigos extranjeros
La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798, durante el gobierno de John Adams, como una herramienta legal en tiempos de guerra que autoriza la expulsión de ciudadanos extranjeros considerados una amenaza para el país. Desde entonces, su uso ha sido extremadamente limitado. Trump ha sido el primer presidente en más de un siglo en activarla durante un contexto de paz, para ejecutar expulsiones rápidas sin necesidad de audiencias judiciales individuales.
Además, informes de inteligencia publicados por The New York Times contradicen la tesis de la administración sobre una supuesta infiltración del Tren de Aragua en territorio estadounidense a instancias del gobierno de Nicolás Maduro. La falta de pruebas verificables refuerza los argumentos de quienes consideran la medida como un intento de endurecer la política migratoria apelando al miedo.
