Amnistía Internacional denuncia que Rusia usa bombas de racimo en ataques a Ucrania
El organismo internacional informó del ataque con una bomba de racimo a un centro escolar donde ciudadanos tomaban refugio. El bombardeo dejó 3 muertos.
Amnistía Internacional (AI) denunció que las tropas rusas que invaden territorio ucraniano bombardearon un centro preescolar con una bomba de racimo, el último viernes 25 de febrero. El ataque, indican, se produjo mientras ciudadanos se refugiaban en el interior del recinto, lo que ocasionó la muerte de tres personas, entre ellas un menor de edad.
El ataque se produjo en la ciudad de Okhtyrka, situada en el oblast de Sumy, al noreste de Ucrania, según el reporte de la organización, quien señala que dicha acción podría calificarse como un crimen de guerra, puesto que se trata de un ataque indiscriminado que mata o lesiona ciudadanos.
“Este atentado viola la prohibición de ataques indiscriminados y dañó una escuela, estructura con derecho legal a protección especial”, recuerda Amnistía Internacional, a la vez que menciona el veto, bajo toda circunstancia, del uso, desarrollo, producción, adquisición, almacén y transferencia de bombas de racimo.
Esta última proscripción está consagrada en la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, un tratado que fue respaldado por más de 100 Estados del mundo, pero al cual no se han sumado Rusia ni Ucrania. Imágenes de video compartidas en Twitter muestran que la edificación fue golpeada en al menos siete puntos.
“Este ataque tiene todas las características del uso por parte de Rusia de esta arma inherentemente indiscriminada y prohibida internacionalmente, señala Agnès Callamard, secretaria general de AI, institución que confirmó el cuarto ataque a una escuela durante este conflicto.
Amnistía Internacional sostiene que la naturaleza “indiscriminada” de las bombas de racimo se debe a que se esparce en un área amplia y tiene una tasa de error extremadamente alta.
“Simple y llanamente, esto debería ser investigado como un crimen de guerra. (...) Toda persona que cometa crímenes de guerra debe hacérsele rendir cuentas individualmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) u otro proceso de justicia penal internacional en el ámbito nacional o internacional”, sostiene Callamard.
