Comulgar, cremar y lanzar sus cenizas al mar: el plan negado a Martha Sepúlveda

Todo estaba listo para este domingo 10 de octubre a las 7.00 a. m. A esa hora, tomada de la mano de su único hijo, a Martha Sepúlveda se le aplicaría la eutanasia. Días atrás había cancelado su línea telefónica y había departido un almuerzo con sus familiares. El día en que había decidido morir, comulgaría por última vez y su cuerpo sería incinerado de inmediato.

Federico, su primogénito, esparciría las cenizas de su madre en el mar Caribe, frente a la costa norte de Colombia. Esa sería la ceremonia del adiós, tal como lo había pedido, pero no se llegó a cumplir porque un centro médico de Medellín decidió cancelar su derecho a una muerte digna a última hora.

Martha Sepúlveda, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), iba a convertirse en la primera colombiana en recibir el procedimiento desde que la Corte Constitucional lo autorizara en julio para pacientes con enfermedades no terminales.

El Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), encargado del procedimiento, señaló en un comunicado que decidió cancelar el procedimiento al “contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente” con el que “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado”.

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, y es uno de los pocos del mundo donde es legal, después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico.

El fallo de julio de la Corte, que modifica el “homicidio por piedad” del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal, y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.

A pesar de que es legal desde 1997, no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015 y los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar. Además, el Parlamento mantiene bloqueado desde hace años los proyectos de ley que buscan reglamentar la muerte digna.

La eutanasia de Martha Sepúlveda

El caso de Martha Sepúlveda se conoció el mes pasado cuando, en un reportaje de Noticias Caracol, contó que iba a morir al día siguiente a los 51 años de edad. “Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (…) Cobarde seré pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar”, dijo la mujer, quien agregó que la certeza de morir le daba “tranquilidad”.

Desde que fue diagnosticada, la mujer empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar distancias largas, lo que empeoró su calidad de vida.

Tras la publicación del reportaje, la Conferencia Episcopal de Colombia invitó a Sepúlveda “a reflexionar serenamente sobre su decisión”.

“Ojalá (la reflexión se dé), si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia, para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia”, expresó monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.

Por su parte, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes lamentó “que le hayan negado la eutanasia a Martha Sepúlveda”.

“El derecho a morir dignamente es un derecho de cada quien. El Estado no tiene que meterse en esa decisión ni nadie. Si queremos que se respeten nuestras creencias y decisiones íntimas, comencemos por respetar las de los demás”, aseguró el congresista liberal.

Eutanasia en Colombia

En el país, tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento, 18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.

La mayoría de estos procedimientos se realizaron en Bogotá o en el departamento de Antioquia, y casi nueve de cada diez fueron a personas con diagnóstico relacionado con el cáncer. Además, por cada cinco solicitudes que se realizan en el país, solo acaban practicadas dos, según los datos oficiales.

Con información de EFE.