Líder de la Cámara de Representantes pide declarar al gobierno de Trump en desacato tras deportación de inmigrante salvadoreño
Hakeem Jeffries, líder de la Cámara, solicita a la Corte Suprema de Estados Unidos que declare al gobierno de Trump en desacato por ignorar el fallo que protege a Abrego García, inmigrante salvadoreño.
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El conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos sigue tomando fuerza con el caso de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado en violación de una orden judicial. Hakeem Jeffries, líder de la Cámara de Representantes, ha solicitado que la Corte Suprema de Estados Unidos declare al gobierno de Donald Trump en desacato por no cumplir con un fallo que protegía a Abrego García de ser deportado.
Kilmar Abrego García, quien había solicitado asilo en los Estados Unidos debido a las amenazas de pandillas en su país de origen, fue deportado el mes pasado a El Salvador, a pesar de contar con una orden que suspendía su deportación. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión reciente exigiendo su repatriación, pero el gobierno de Trump no ha tomado medidas para asegurar su regreso, lo que provoco la intervención de Jeffries y otros miembros del Congreso.
El caso de Kilmar Abrego García: una deportación controversial
Kilmar Abrego García fue detenido por inmigración en 2019, después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, en ese mismo año, un juez federal falló a su favor, protegiéndolo de la deportación debido a los peligros que enfrentaba en El Salvador, especialmente por las amenazas de las pandillas que operan en su país. La orden judicial era clara: Abrego García debía permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía su caso de asilo. A pesar de este fallo, el gobierno de Trump optó por ignorar la orden judicial y procedió con su deportación el mes pasado.
Este acto genero indignación tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, especialmente en el seno del Congreso. La solicitud de Hakeem Jeffries para que la Corte Suprema declare al gobierno de Trump en desacato pone de relieve las tensiones entre la administración republicana y el sistema judicial estadounidense. El hecho de que una orden judicial haya sido desobedecida crea un precedente preocupante, pues pone en duda la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus propios fallos.
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La Corte Suprema y su papel en el caso
La Corte Suprema estadounidense recientemente intervino en el caso de Abrego García, emitiendo una orden que exige su repatriación. Sin embargo, la corte no estableció un plazo específico para su regreso, lo que dejo la resolución de este asunto en un limbo. La falta de un plazo claro para que el gobierno estadounidense cumpla con la orden judicial hizo que los abogados de Abrego García denuncien la falta de acción por parte de las autoridades.
Jeffries, al presentar su solicitud para que la Corte Suprema declare al gobierno de Trump en desacato, subraya la importancia de que el poder judicial sea respetado y sus decisiones sean cumplidas, independientemente de las políticas migratorias de turno. La solicitud también refleja la creciente preocupación sobre el manejo de la inmigración bajo la administración Trump, que ha sido criticada por ignorar las protecciones legales de muchos migrantes, incluidos aquellos que buscan refugio debido a persecuciones violentas.
La postura de El Salvador y las críticas a la repatriación
La situación se complica aún más por la postura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien rechazo la repatriación de Abrego García. Según Bukele, El Salvador no recibirá a personas que considera peligrosas para el país, argumentando que Abrego García es un miembro de la pandilla MS-13, lo que podría representar una amenaza para la seguridad interna. Esta postura añade un obstáculo adicional al proceso, ya que el gobierno salvadoreño se niega a aceptar a un migrante deportado por Estados Unidos bajo esas condiciones.
La administración Trump, por su parte, ha mostrado un enfoque similar, sugiriendo que países como El Salvador deberían ampliar sus cárceles para albergar a aquellos deportados por actividades delictivas. Esta retórica ha generado críticas tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que pone en evidencia una política que prioriza la expulsión de migrantes sin considerar adecuadamente sus derechos humanos.
