Por José Távara Profesor de la Universidad Católica del Perú Cómo se sentiría usted, estimado lector, si por cada 100 soles que deposita en su cuenta de ahorros, para su fondo de jubilación, le cobraran una comisión de 20 soles? Esto es lo que viene ocurriendo en el Perú desde 1994, en beneficio de las empresas que administran nuestros fondos de pensiones (AFP). Según el último boletín de la Asociación Internacional de Supervisores de estos Fondos (www.aiosfp.org), las comisiones que recibieron las AFP en el Perú durante el 2008, calculadas como porcentaje de los aportes, registraron el nivel más alto entre los países de América Latina que cuentan con sistemas privados. La comisión anual promedio por aportante en el 2008 (en dólares corrientes) fue de 38 en República Dominicana, 75 en México, 86 en Chile… y 147 en el Perú, el nivel más alto de todos. El Congreso viene discutiendo un proyecto de ley que establece un tope a estas comisiones. Como era de esperarse, la Asociación de AFP ha reaccionado afirmando que supone “un cambio muy grave en el modelo económico… al establecerse el control de precios en una actividad privada”. Un lector incauto creería que se trata de un mercado cualquiera, donde los consumidores deciden cuándo y cuánto comprar. La realidad es que los trabajadores no son libres de decidir los montos ni la frecuencia de sus aportes ni de escoger un sistema distinto. Se trata de un “mercado cautivo” que, además, ya está sujeto a diversas regulaciones, las cuales deben perfeccionarse en el nuevo contexto de crisis global. Tampoco es cierto que las AFP “compitan fuertemente” entre ellas, como afirma su Asociación. Una tesis reciente de Boris Galarza (PUCP 2008) encuentra que la competencia entre AFP es reducida y no afecta las comisiones, se basa en gastos publicitarios que, en última instancia, terminan pagando los afiliados, y expresa una “estrategia amigable” que no altera la cuota de mercado de las AFP rivales. El autor presenta evidencia consistente con un escenario de colusión, y encuentra barreras significativas a la competencia y a la entrada de nuevos competidores (economías de escala y costos hundidos por inversión en publicidad). Con estas condiciones, es razonable que el Congreso establezca un tope a las comisiones que cobran las AFP. Sin embargo, no le corresponde fijar la cifra, como tampoco fija las tarifas de electricidad o telefonía. No es su función, no tiene los recursos ni las competencias para hacerlo. Lo que sí puede hacer es modificar el marco legal, estableciendo nuevos criterios para determinar la retribución que reciben las AFP. En el clima de desconfianza existente, que se explica por la inacción del Estado en éste y otros campos, no debería sorprendernos que los congresistas pretendan convertirse en reguladores. El problema es que ellos no están sujetos a los estándares de transparencia y rendición de cuentas con los que, se supone, deben operar los organismos reguladores. Quizá preocupado por el ejemplo de Argentina, que ha estatizado el manejo de los fondos, el jefe de la SBS ha propuesto preservar el sistema privado y proteger a los afiliados. También ha dicho que para fijar el tope a las comisiones se deben considerar los costos de las AFP. Pero en el Perú estos costos son muy altos y están por encima del promedio regional. Además, la regulación bajo un esquema de precios tope no depende de los costos de la empresas, sino que responde a criterios de eficiencia. Bien haría entonces el regulador – y el propio Ejecutivo– en liderar las impostergables reformas del sistema de pensiones en la dirección de expandir su cobertura y de cautelar los legítimos derechos de trabajadores y pensionistas. Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com
