Aumento de 200 soles para servidores públicos ya no estaría en riesgo: Congreso deroga Ley N.° 32103

El reciente acuerdo entre el Gobierno de Perú y los sindicatos del sector público ha establecido un bono extraordinario de 200 soles y un aumento salarial para 2025, que beneficiará a más de un millón de trabajadores estatales. Sin embargo, este incremento había enfrentado incertidumbres debido a las restricciones impuestas por la Ley N.° 32103, la cual limitaba la negociación colectiva en temas con impacto económico.

La derogación de dicha ley por parte del Congreso despeja el camino para la implementación efectiva de estos beneficios. La Ley de Créditos Suplementarios puso en riesgo la viabilidad del bono, según advertencias de representantes sindicales.

Beneficios salariales asegurados para 2025: estos serán los beneficiados

Con la derogación de la Ley N.° 32103, el camino queda libre para que los trabajadores estatales reciban el bono de 200 soles y el aumento salarial de 100 soles mensuales previsto para enero de 2025. Estos beneficios, anunciados por el Gobierno, forman parte de las medidas para fortalecer los ingresos de los servidores públicos y enfrentar el aumento del costo de vida.

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Este incremento beneficiará a empleados bajo diferentes regímenes, incluyendo a quienes laboran en el servicio civil y en carreras especiales, como los diplomáticos y penitenciarios. El bono y el aumento salarial representan un reconocimiento a la labor de los trabajadores del sector público y se espera que contribuyan a mejorar sus condiciones laborales y económicas

Bono de 200 soles: Ley 32103 impedía una nueva negociación colectiva antes de su derogación

El Congreso de la República aprobó la derogación del artículo 28 de la Ley N.° 32103, que restringía la capacidad de los trabajadores estatales para negociar aumentos salariales y otros beneficios económicos. Esta ley, que formaba parte de las disposiciones de créditos suplementarios, limitaba las negociaciones colectivas a aspectos sin incidencia económica. La nueva decisión legislativa permite a los sindicatos del sector público negociar condiciones laborales con un impacto financiero, cumpliendo con el principio de autonomía colectiva previsto en la Ley 31188.

La derogación, aprobada con 85 votos a favor, restablece el derecho de los servidores públicos de los regímenes laborales 276, 1057 (CAS), 728 y del servicio civil regulado por la Ley 30057, a negociar colectivamente. Este avance legislativo busca equilibrar las relaciones laborales y respetar el marco legal vigente, sin requerir recursos adicionales del tesoro público, ya que las negociaciones se realizarán con los presupuestos de cada entidad.