Estado debió invertir S/9.806 por habitante con los impuestos que genera la minería

Desde 2005, las regiones mineras del Perú recibieron miles de millones por canon y regalías, impuestos que pagan las compañías extractivas al Estado.

La escuela de postgrado Gérens hizo el ejercicio per cápita por habitante en seis regiones localizadas en el sur peruano. ¿Cuánto le correspondería en dinero a cada habitante de Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco?

El estudio concluye que para un arequipeño el desembolso anual asciende a S/6.079, periodo de 2005 al 2022. En este departamento operan varias compañías mineras. Los impuestos financiaron transferencias de canon y regalías de más de S/8.000 millones en los últimos 17 años.

Gérens hizo similar simulacro en Moquegua y Tacna. En estas dos jurisdicciones opera Southern Perú con los depósitos de cobre de Cuajone y Toquepala. Aquí la operación matemática deja mejores réditos. Al tacneño le corresponde lo equivalente a S/17.341, mientras que al moqueguano S/28.549.

Arturo Vásquez es el director de Investigación de la escuela de postgrado Gérens, uno de los autores del trabajo en mención. Aclara que el ingreso per cápita de Moquegua y Tacna es superior al de Arequipa por la cantidad de habitantes. Mientras que en la región mistiana la población supera el millón de personas, en estos dos departamentos no se llega ni a 550.000. Apurímac, Cusco y Puno son también jurisdicciones con industria minera.

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 En la primera, el per cápita por habitante alcanza S/1.000. La cantidad es inferior a la de regiones vecinas debido al reciente ingreso de Las  Bambas. Dicha mina inició actividades en 2016.

El per cápita minero de Cusco asciende a S/3.318. El estudio no considera las transferencias provenientes del canon y regalías gasíferas que suman otro tanto por la explotación de los pozos de Camisea en la selva de La Convención. Mientras que la transferencia minera suma S/3.600 millones en ese periodo de años, la gasífera es seis veces más.

En Puno, el per cápita por habitante alcanza los S/2.558 de una renta de S/3.000 millones.

Vásquez sostuvo que se trata de cantidades significativas de dinero que incluso se incrementan en zonas de influencia directa a la operación minera. San Marcos (Ancash) es considerado uno de los distritos más ricos del Perú. Ahí opera Antamina, una de las principales productoras de cobre. “Si en el 2017 se le tuviese que dar un cheque por aportes de canon y regalías a cada ciudadano de esa jurisdicción, debería cobrar 133.000 soles”, sostiene Vásquez, y precisa que la jurisdicción tiene apenas 17.000 habitantes.

70% recibe canon minero

Los recursos del canon y regalías engrosan las arcas de Gobiernos regionales, municipios provinciales, distritales y universidades públicas. La distribución se da de acuerdo a fórmulas fijadas en la legislación peruana que premian a la zona productora.

 En el país hay 1.845 distritos; de ese total, según Gérens, el 70% recibe estas transferencias. “Hay una ley de distribución, a todos no les cae por igual, pero reciben”, añade el director de Gérens.

Vásquez aclara que los recursos de la minería no pueden repartirse directamente entre la población y sería un error hacerlo. Empero deberían llegar al habitante en mejores servicios básicos: agua potable, electricidad, salud o infraestructura. No ocurre ello debido a la crisis de gestión que predomina en los Gobiernos subnacionales. Carecen de capacidad de gasto o lo invertido se dilapida en obras inútiles, muchas de ellas contaminadas con actos de corrupción.

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Yarabamba en Arequipa, área de influencia directa de la cuprífera Cerro Verde, es el tercer distrito con mejor presupuesto del país gracias a los aportes del canon y regalías. Tiene menos de 2.000 habitantes. El año pasado recibió S/376 millones, una cifra superior a lo que le corresponde al municipio provincial. Sin embargo, sus pobladores no tienen agua potable. La gestión municipal solo gastó el 31% del presupuesto anual. ¿Con 336 millones no se puede construir una planta de agua potable?, pregunta el especialista.

Llama la atención la escala de prioridades. No tienen conexiones de agua, pero sí un estadio para 3.000 espectadores, con pista atlética e iluminación modernas, convertido en elefante blanco por su escaso uso.

Por otro lado, Vásquez advierte también una burocracia que bloquea la concretización de obras. La maduración de un proyecto dura entre tres y cuatro años por los trámites. “Por lo menos las autoridades deberían dejar el expediente listo para que lo haga el alcalde sucesor”, recomienda.

El economista de Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, reconoce que varios distritos mineros no tienen cómo ejecutar esos fondos. Por eso recomienda que parte de ese dinero vaya a un fideicomiso o fondo de ahorro que se maneje financieramente como se hace en La Oroya, para que en el momento en que la minería se acabe en Arequipa se recurra a la reserva. Eso vale para otras regiones, como Cusco, cuyos distritos también reciben extraordinarias remesas de la explotación minera y gasífera.

El especialista también sugiere cambios en la ley de canon y regalías, flexibilizar para que una parte de la partida financie bienes y servicios.

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Recuerda que hoy solo se puede gastar en inversiones, y eso lleva a que se tenga infraestructura muy buena en colegios y hospitales, pero que no estén bien equipados porque no hay plata y el canon no se puede usar para eso. “Debemos ir tomando de a pocos estas iniciativas que deben hacerlas suyas el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso. Eso reparará la descentralización fallida.

Distritos mineros y desarrollo humano

El estudio de Gérens también analizó el índice de desarrollo humano (IDH) en los distritos mineros, área de influencia directa de las minas. Hasta el 2017, se contabilizaron 125. Se hizo la comparación entre distritos mineros y no mineros. La investigación concluye que en los primeros hay un IDH superior en 10% en relación con los no mineros. Ese índice es mayor en distritos con mediana y gran minería.

El IDH mide esperanza de vida, nivel de educación e ingreso per cápita. La presencia de una compañía genera demanda de mano de obra local, utilización de bienes y servicios de proveedores de distritos y obras que se hacen con canon minero y regalías. El director de Gérens sostiene que este indicador sería mayor con un canon mejor usado.

También la pobreza en esos distritos se redujo en 10%. Por eso Vásquez lamenta que en los últimos años predomine “una narrativa” proveniente de líderes radicales y de izquierda. Estos sostienen que el aporte de la actividad minera no es  relevante.

Replantear descentralización

Para el director de Gérens, el modelo de descentralización fiscal fracasó, debe reformarse. Los Gobiernos subnacionales necesitan planes y metas vinculantes con los compromisos de atender necesidades prioritarias. Otro problema medular es la corrupción. Para Vásquez, se debe incidir en la rendición de cuentas, que el ciudadano sea exigente en pedir en qué y dónde se gastan los recursos del Estado.

 Por otro lado, el especialista cuestiona el papel de la Contraloría General de la República. Sugiere que renueve su enfoque. Lo punitivo solo desalienta la ejecución; ningún funcionario quiere firmar un papel por temor a la fiscalización. “La Contraloría debe acompañar la ejecución de obras”, añade.

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Augusto Cauti, exviceministro de Minas, también va en esa línea. Afirma que la legislación que se ha creado para producir obras y servicios en el sector público es poco transparente y pone muchas trabas.

“Ahí es donde se tiene que atacar con soluciones antes de pensar en entregar bonos, que sería lo último si no hay más opciones”, señala.

Para el exfuncionario de Energía y Minas, más que una reforma fiscal, lo primero que se debe hacer para mejorar la capacidad de gasto es abordar los problemas históricos asociados a la inversión pública de proyectos. En otras palabras, debatir si debemos ponerle tantos candados al sistema de inversión pública.

Enfoque

Epifanio Baca, Economista del Grupo Propuesta Ciudadana

Un fondo para épocas de sequía

Luego de 20 años es claro que la descentralización ha fracasado, principalmente porque no estuvo acompañada de una modernización de la gestión pública.

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En el gobierno de Alan García, en los años 2008-2009, se llevó a cabo el shock descentralista, mediante el cual se transfirieron todas las funciones y competencias que estaban previstas en la norma sin pasar por capacitaciones y certificaciones para quienes asumían estas tareas. Solo se hizo los primeros años y luego simplemente se retiraron los requisitos.

¿Cuál es la solución para mejorar el impacto de las regalías y el canon? Se tiene que crear un fondo de estabilización para ambos. No puede ser que hasta ahora municipios como Yarabamba, San Marcos, pongan en su presupuesto tremendas cantidades de dinero cuando no tienen la capacidad para gastarlo, son aparatos pequeños. Es absurdo que tengan 10 o 20 veces más del presupuesto que pueden ejecutar anualmente.

Augusto Cauti, exviceministro  de Minas

El sistema de inversión no ayudó

Sin duda, la generación de impuestos y regalías ha sido muy importante en regiones mineras, gracias a los precios espectaculares del cobre y otros metales.

Lo que ocurre es que no hay una capacidad de gestión pública para desarrollar proyectos y obras públicas que generen bienestar para las personas.

Es en estas circunstancias en que las comunidades sienten que no hay un retorno en favor de ellas y se generan estos problemas aludidos por Gérens, ha llegado el momento importante para repensar cuál sería la forma en que los recursos generados por la actividad extractiva se traduzcan en bienestar e infraestructura para el desarrollo humano.

El problema pasa por diversos aspectos: corrupción y capacidades. Creo que el principal es la gestión pública. Para hacer proyectos, el sistema de inversión pública en general, la ley de contrataciones públicas, para obras y servicios, no ha ayudado en los últimos años.

Datos

Canon minero. Se financia con el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las compañías mineras al Estado.

La regalía minera. Grava con un porcentaje las ventas directas de mineral que efectúan las compañías.