Hoy es el último día para observar la ley que deja a 1 millón de peruanos sin gas natural
Ley enviada por el Ejecutivo para acelerar la masificación vio la luz en el Congreso, pero con cambios que eliminan la tarifa única nacional y dejan al margen a regiones con concesión. Gremios, especialistas y empresas del sector piden observarla.
Hoy es el último día para que el Poder Ejecutivo observe la Ley 679, aprobada desde el Congreso de la República para impulsar la masificación del gas natural, pero con modificaciones que, según especialistas, gremios y empresas del sector, retrasarían el proceso y dejarían en el olvido la tarifa única nacional.
El principal cuestionamiento contra las modificaciones del proyecto presentado el año pasado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hoy regentado por la ministra Alessandra Herrera, gira en torno a una discriminación insertada en los artículos 1 y 2 del proyecto aprobado, que señala que los beneficios de la ley no alcanzarán a las actuales concesiones.
De este modo, no sólo se excluyó a los hogares que actualmente reciben el servicio, sino también a miles de familias que más adelante puedan acceder. Como se recuerda, la meta era implementar un mecanismo para que todos los beneficiarios del servicio público de gas paguen lo mismo, minimizando los impactos de este mecanismo en otros sectores que son importantes consumidores, como el transporte e industria, también marginados.
Por ejemplo, desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) consideraron que los cambios efectuados excluyen a diversas ciudades en las regiones Tumbes, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna, e impiden que más de un millón de peruanos accedan a los beneficios que se aprobaron.
“Esto mantiene el centralismo y la desigualdad de tarifas entre las distintas ciudades del país, desalentando la inversión privada en las regiones excluidas de esta posibilidad y generando un retroceso en la masificación del gas natural”, sostuvo el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias.
Por su parte, el exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos (SPH), Erick García, dijo que la norma fue completamente “desnaturalizada” por el Congreso antes de su aprobación. Con la idea original, según explicó, se entregaba un incentivo económico sobre las áreas donde no hay un operador, al igual que para el tendido de ductos a “costo hundido”.
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“La Ley 679 iba a replicar lo que pasó en Lima y Callao, decirle al concesionario ‘este distrito no está considerado, hazlo porque aquí te traigo el dinero’. Con ese esquema podías masificar el Perú rápidamente. Lo correcto es que el Ejecutivo observe esta ley y la devuelva al Congreso”, manifestó el especialista. "
Cálidda, empresa que tiene la concesión del gas natural en Lima y Callao, también se manifestó en contra de los cambios a la Ley 679 y dijo que el subsidio cruzado debería abarcar a todas las regiones, sobre todo porque en la capital, donde existe una tarifa muy competitiva y en las otras regiones, no. Recordó que solo en la costa se concentra el 70% de la población, pero ya existen concesiones ahí, por lo que sería pernicioso que queden al margen de la ley.
“Nosotros creemos que, si realmente se quiere la masificación, es importante que el subsidio (con que el Estado financia parte del ingreso de las redes de gas a calles y domicilios) llegue a todos los peruanos, no solo a ciertas regiones, las cuales incluso carecen todavía de infraestructura y va tomar algunos años en implementar”, dijo para La República Martín Mejía del Carpio, gerente general de Cálidda.
El dato
- El documento original del Ejecutivo incluía tres grandes ejes para garantizar la seguridad energética del país: la promoción de proyectos para la masificación del gas natural, un mecanismo de “compensación para el acceso descentralizado” a este recurso, y la implementación de una agencia de inventarios de combustibles. Solo el último, clave también en la lucha contra la especulación en grifos, llegó a buen puerto sin mayores modificaciones.
- La modificación del Congreso a la Ley 679 restringe la tarifa única nacional únicamente para negocios pequeños y poblaciones vulnerables, pero no toma en cuenta al gran comercio, transportistas y residenciales, los cuales pierden otro incentivo para traer el gas a su ciudad.
