Leyes sobre Fonavi y negociación colectiva al Tribunal Constitucional
Decisión. Ambas normas son consideradas una amenaza para las finanzas públicas, según el MEF.
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Luego de ser promulgadas por insistencia por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo decidió presentar dos demandas de inconstitucionalidad por las leyes que garantizan la devolución de los aportes del Fonavi y la que regula la negociación colectiva en el sector público.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, argumentó que ambas normas son una amenaza para las finanzas públicas del país. Precisó además que las leyes son ilegales, pues la Constitución Política señala que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto.
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“Estamos yendo al TC porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vienen tenga la tranquilidad para manejar las finanzas públicas”, declaró el funcionario.
Detalló que la ley del Fonavi no solo establece que se devuelva a los trabajadores lo aportado por ellos, sino también que se les otorgue lo abonado por el Estado y los empleadores.
En tal sentido, proyectó que el costo fiscal de esta medida ascendería a 50 veces el Producto Bruto Interno (PBI) de China, lo cual hace que sea “impagable” para el Estado.
Respecto a la ley de negociación colectiva, manifestó que también daña las finanzas del Estado, ya que cumplir dicha ley involucraría un costo anual de entre S/ 2.000 y S/ 6.000 millones.
Ante ello, José Sandoval, vocero de la coordinadora de obreros municipales, exhortó al funcionario a que demuestre los cálculos.
Ley de AFP en espera
El titular del MEF también manifestó que la ley que permite a los aportantes retirar hasta S/ 17.600 de sus fondos de AFP continúa siendo analizada por el Ejecutivo.
Es decir, aún no se ha decidido si se cuestionará dicha norma. Vale agregar que Mendoza anunció que iba a recomendar al gabinete ministerial presentar una demanda de inconstitucionalidad por dicha ley.
Datos
Plazos. En dos o tres meses, el TC podría emitir una resolución.
Precisión. Ambas leyes seguirán vigentes hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo. No hay acción legal para evitar cumplirlas.
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