Pueblos indígenas reclaman inicio de remediación ambiental en Lote 1AB

Las empresas que operaron lo abandonaron dejando más de 1900 sitios contaminados, 57% de la población con plomo en la sangre, y metales pesados en suelos, aguas y sedimentos. Los pueblos Achuar, Quechua y Kichwa de Loreto son los afectados.

“Siempre estamos tratando que se apure la remediación ambiental pero lo que dificulta son las leyes, a veces dicen que no hay presupuesto. Nosotros queremos que ya se inicie, que nos confirmen cuándo va a empezar”, manifiesta el Apu Aurelio Chino Dahua desde Andoas, en la provincia loretana Datem del Marañón.

Agrega que ahora hay otro argumento para no hacerlo: la pandemia del COVID-19, y por eso el Estado ya ni siquiera habla del tema. Pero también dice que este virus los ha hecho reflexionar y analizar lo que vivieron en los últimos cincuenta años.

Se dieron cuenta que hace cinco décadas les llegó la pandemia de la contaminación por impactos del lote petrolero más grande y más antiguo del país, condenándolos a morir. Que reclamaron muchas veces a los gobiernos de turno y no fueron escuchados porque esa pandemia solo estaba dirigida a los pueblos indígenas.

“Pero la pandemia de Covid es para todos, para indígenas, mestizos, blancos, ricos y pobres. Entonces, recién se preocupa el Estado, cuando viene para todos. Pero si hubiera venido solo para los indios, no hubiera declarado estado de emergencia. Esto es una experiencia más para ir analizando, para ir viendo cómo actúan nuestros gobernantes. Tenemos metales pesados en nuestra sangre, estamos condenados a morir. Preguntamos por tecnología de punta para curarnos y nos dicen que no existe. Ahora este virus nos complica, estamos muriendo lentamente”, reclama la autoridad indígena.

El Lote 1AB, ubicado al norte de Loreto, inició sus operaciones en 1970. Pluspetrol ingresó en el año 2000, tras un contrato de cesión con la entonces concesionaria Occidental Petroleum, por la que asumía los activos y pasivos existentes en el lote, entre ellos los impactos ambientales. El contrato de Pluspetrol duró los 15 años restantes de la concesión original y concluyó el 29 de agosto de 2015.

Desde la década del 70, en este lote no se cumplieron estándares ambientales ni sociales mínimos, y las malas prácticas tampoco fueron fiscalizadas.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizado el año 2019, sostiene que en el Lote 1AB se han vertido hasta 33 toneladas de plomo en ríos y quebradas.

Ya en 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había confirmado que los suelos, aguas y sedimentos en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, zonas de influencia del lote petrolero, contenían altos niveles de metales pesados.

Cuatro años después, en 2016, un Estudio de Toxicología y Epidemiología del Ministerio de Salud encontró niveles de plomo superiores a los valores internacionales en 57% de la población indígena de las tres cuencas.

Y el año pasado, 2019, las Evaluaciones de Riesgos para la Salud y Ambiente (ERSA) elaboradas para el Ministerio de Energía y Minas en 32 sitios afectados del Lote 1AB hacen ver que estos sitios generan riesgo de cáncer y otras enfermedades.

OEFA ha identificado más de 1900 puntos impactados, la mayoría pendientes de remediación. Según resolución de la autoridad ambiental, los impactos son responsabilidad de Pluspetrol, pero la compañía no lo admite en su totalidad y ha iniciado un proceso judicial contra dicha resolución. A esta empresa también se le imputa la desaparición de cuerpos de agua, como la laguna Shanshococha. Por este daño fue multada en 2013.

Los pueblos indígenas continúan conviviendo con esta inmensa carga de contaminación, aun cuando Relatores Especiales de Naciones Unidas dirigieron comunicados urgentes al Gobierno del Perú para que garantice la remediación.

Sobre esta situación, la titular de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos, Martha Aldana, dijo que desde el año 2015, en cumplimiento del Acta de Lima y reconociendo la validez de las demandas de los pueblos indígenas, el Estado asumió la responsabilidad de remediar los sitios impactados por actividades petroleras.

Para ello, el Estado otorgó un fondo semilla de 50 millones de soles a través del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, creado por la Ley 30321.

Explicó que el reglamento de esta norma estableció un mecanismo para la cogestión de estos recursos económicos. En la Junta de Administración tienen participación las organizaciones indígenas y otras cinco entidades públicas. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas llevan la presidencia alternada.

También se dispuso la elaboración de Planes de Rehabilitación, que son estudios para identificar las características de los ecosistemas afectados y la metodología a ser utilizadas para lograr una remediación ambiental adecuada.

Aldana dijo que con estos fondos, y a través de un concurso internacional, se elaboraron treinta Planes de Rehabilitación y constituyen los primeros que vienen siendo gestionados por el Fondo de Contingencia.

Estos planes, que cuentan con opiniones técnicas de los ministerios de Ambiente, Agricultura y Salud, actualmente se encuentran en proceso de evaluación por parte de Energía y Minas.

Asimismo, refirió que el 18 de agosto pasado, se aprobó una modificatoria al reglamento de la Ley del Fondo de Contingencia para incorporar mejoras en este proceso, lo cual se realizó en consenso con las federaciones indígenas.

Pero los pueblos nativos siguen adelante en su lucha por tener pronto el ambiente saludable al que tienen derecho. Por eso, los presidentes de las federaciones del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón llegarán a Lima esta semana para tratar el tema de Pluspetrol.

Aquí, realizarán el foro “Justicia ambiental y reparación en territorios Indígenas: El daño petrolero de Pluspetrol”. Lo han programado para el 11 de setiembre a las 12:00 del día y será transmitido por las redes sociales. Tendrá como invitado al Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Francisco Cali.