¿Cuál es el efecto de intangibilidad de reservas en la producción de energética?
Proyecto aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos propone declarar intangible las reservas de grupos indígenas. Ello también comprendería el Lote 88, cuya producción de gas natural también influye en el suministro energético.
El 26 de mayo, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó el predictamen relacionado al proyecto de ley 4044/2018, para la protección de pueblos indígenas u originarios, y establece salvaguardas para garantizar su vida e integridad frente a la COVID-19 y otros similares.
Esto ha llevado a un debate entre sectores en defensa de las reservas y el lado empresarial, tomando en cuenta la preocupación por los grupos indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial.
Como señala el artículo 5 del dictamen se establece que las reservas indígenas para estos pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial “son intangibles”, sin otorgar títulos habilitantes, autorizaciones, autorizaciones, permisos o licencias ni se podrán suscribir contratos de explotación aprovechamiento y de acceso.
Esto incluye a la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti, en Cusco y Ucayali, comprendiendo al Lote 88, donde opera Camisea -a cargo de Pluspetrol-.
Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, precisa que Camisea es el principal productor de gas natural en el país. La producción de este recurso representa el 50% de la generación de energía eléctrica, señala. Con la norma, se afectaría ello, dado que no se podría operar en el lugar, añade.
Camisea
Son 5 lotes los que se verían afectados de entrar en vigencia esta norma: el Lote 107, el 67, el 39, el 95 y el mencionado 88. De ellos, solo el lote 88 produce gas natural y líquidos de gas natural (LGN), el resto son petroleros.
Su producción diaria de gas natural supera los mil millones de pies cúbicos estándar por día (MMPCD), según el reporte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Solo entre marzo y abril, en pleno estado de emergencia por la COVID-19, la producción de este recurso estuvo, en ocasiones, por debajo de los 700 MMPCD.
Las regalías que viene dejando al Estado por la producción en esta llegaron a un punto alto en el 2018, a los 465 millones 702 mil dólares, descendiendo al año siguiente a 388 millones 459 mil dólares, mientras que por concepto de canon y sobrecanon dejó 194 millones 352 mil dólares en el 2019. Para el 2018, el monto fue de 232 millones 831 mil dólares.
“El impacto (de la norma) en Camisea implicaría dejar de producir el gas natural, que general el 50% de energía eléctrica, con lo que inevitablemente las tarifas eléctricas subirían de precio, así como del balón de gas. Pero no solo eso, también que es la principal fuente de generación de ingresos para las regiones”, expresa Cantuarias, añadiendo que también se perjudicaría a la política de masificación de gas natural, entre ellos al proyecto 7 regiones, trasladando este recurso a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.
En el 2001 se había iniciado la construcción del proyecto Camisea en ese lote. Para el 2003, la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti fue declarada intangible, aunque dio permiso de operación al proyecto Camisea al cumplir las tres condiciones requeridas: tener derechos vigentes previos al 2003, ser un proyecto de interés nacional y tener altos estándares nacionales.
Este lote también produce el 95% de gas natural consumido en el país y el 85% del gas licuado de petróleo (GLP). La ocupación de Camisea en la reserva territorial abarcaba un 33% del área total, aunque después de 2017 se redujo a un 12%.
Cantuarias estima que, con la intangibilidad del territorio, existe “la posibilidad de que las tarifas eléctricas se dupliquen”, además de que ya no habría suficiente producción, al representar casi el 50% del suministro energético.
Proteger a los grupos indígenas
El dictamen se basa en una iniciativa elaborada por el excongresista Wilbert Rozas de Frente Amplio, presentado el 21 de marzo de 2019. Se derivó a la mencionada comisión, así como a la de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, en ese entonces no se pudo votar un dictamen, frenado por la disolución del Congreso. Con el Parlamento complementario, se retomó el tema.
Ya cuenta con un dictamen, pero aún falta el texto de la Comisión de Justicia.
“En estos momentos, lo más importante es la vida. Por años, los lotes nunca estuvieron esa responsabilidad social hacia nuestros hermanos nativos”, señala Alexander Lozano, secretario de la Comisión de Pueblos Andinos y congresista por Unión Por el Perú, argumentando el sustento del dictamen y añadiendo que se está evaluando una iniciativa legislativa similar, para darle capacidad sancionadora al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Consultado por el escenario en que Camisea se vea imposibilitado de operar con la eventual normal, el parlamentario señaló que no se deniega el ingreso de esta empresa, sino que primero deberá de negociar con la población indígena del lugar. “¿Pero cómo negocias si nunca le has dado nada como Estado” a esa población, expresa Lozano, añadiendo que el Estado tiene que llegar a estas zonas, empoderarlos para que puedan participar en las negociaciones.
“No estamos en contra del desarrollo económico. Valoramos, respetamos y necesitamos crecer como país, pero necesitamos crecer bien de forma responsable. En este caso, con responsabilidad social”, sostuvo.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) consideró inviable el proyecto, señalado en un informe enviado el 21 de mayo al presidente de la comisión, Lenin Bazán. Por su lado, el Ministerio de Agricultura señaló que se debería revisar la iniciativa.
