El panorama político Perú no sólo deteriora la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, sino que ahuyentaría a los inversionistas extranjeros, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).,Los nuevos casos de corrupción y red de tráfico de influencias que se escondían en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), podrían tener repercusión en las futuras inversiones en el Perú, así lo advirtió la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani. “Actos como estos afectan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y perjudican la imagen del país a nivel internacional. Demandamos una investigación que al más breve plazo arroje resultados concretos. No podemos permitir procesos eternos que no lleguen a nada. Estos audios nos enrostran que la corrupción alcanza a los más altos niveles de nuestro país”, manifestó Torriani. PUEDES VER Fujimorismo cita a Rosana Cueva y Gustavo Gorriti por destapar corrupción en el CNM En ese sentido, señaló que el Perú pierde credibilidad con cada acto de corrupción que se descubre y, peor aún, se deteriora la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y se ahuyenta a los inversionistas extranjeros interesados en trabajar y generar trabajo en nuestro país. “Es muy grave que la instancia encargada de elegir a los jueces en el Perú se encuentre inmersa en acusaciones de corrupción. La capacidad de impartir justicia en un país es una garantía para la llegada de capitales privados y, si no es así, con el tiempo tendremos mayores dificultades para mantener al Perú como una plaza segura para las inversiones”, aseveró la presidenta de la CCL. “Desde el sector empresarial hacemos un llamado al Congreso y al propio Consejo Nacional de la Magistratura para combatir seriamente estos actos vergonzosos. Los empresarios ya hemos tomado medidas contra la corrupción; es hora que otras instancias de la sociedad peruana hagan lo suyo”, puntualizó. Caso de la CNM El portal IDL-Reporteros propaló los audios donde se advierte una presunta red de tráfico de influencias, donde a través de “favores” se promueve la contratación de personal, designación de funciones y hasta modificación de sentencias. Las instituciones competentes, como el Ministerio Público, han iniciado sendas investigaciones para determinar responsabilidades penales. El Congreso de la República también ha tomado parte frente a estos hechos que han exigido drásticas sanciones del presidente Martín Vizcarra.
