Revolución refundadora

Como chileno, estoy inmerso en un proceso asombroso: mi país está en vías de ser “refundado” por vía pacífica, mediante un proceso de reingeniería profunda, liderado por un centenar de convencionales constituyentes.

Dichos convencionales fueron elegidos democráticamente, mediante un sistema electoral ad hoc, que establecía la paridad de géneros y promovía la elección de independientes y miembros de pueblos originarios. Los electores solo sabíamos que, entre ellos, dominaban quienes se percibían ante “una hoja en blanco” y abominaban de los políticos tradicionales, del centralismo santiaguino, del sistema capitalista (“lucro”), de las desigualdades sociales y del maltrato histórico a los indígenas.

Por lo dicho, mi pista clave sobre la refundación en desarrollo se sintetiza en el artículo 1° -ya aprobado- de la Constitución proyectada: “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”. Lo complementa el artículo 3°, según el cual el territorio del país “es único e indivisible”.

Es una definición principista -ergo, fundamental- pero paradójicamente ambigua. Deja librado a los gobernantes, legisladores o jueces el cómo se conjugan sus términos en tres aspectos fundamentales: 1) En qué medida y materias las “entidades territoriales autónomas” se tipifican como naciones. 2) Si el Estado tendrá poderes supranacionales o solo será un Estado residual, con funciones protocolarias y de coordinación. 3) Mediante qué poderes se compatibiliza lo anterior con el objetivo de preservar la unidad del Estado y su territorio.

Agrego que tampoco está claro si esas entidades territoriales deben autodefinirse como chilenas, más un gentilicio identitario. El pueblo mapuche, denominado “araucano” por los conquistadores y hoy con gran influencia en la Convención y el gobierno, jamás se ha asumido como parte de Chile. Su etnia se autodefine como “país” y se percibe a tenor de los versos que escribiera don Alonso de Ercilla en el siglo XVI: “No ha sido por rey jamás regida / ni a extranjero dominio sometida”.

Revolución con mascarilla

Dado que las entidades constitucionalizables están concebidas a imagen y semejanza de las naciones con solera -con sus propios gobiernos, jueces, presupuestos, territorios y “maritorios”- la refundación en ciernes equivale a una revolución con mascarilla. Con base táctica en la necesaria descentralización del poder gubernamental (crónico déficit republicano), su objetivo estratégico en el mediano o largo plazo sería un Estado de nuevo tipo. Uno que podría no dividirse, pero sí compartir territorios con los de otros Estados plurinacionales, inaugurando una forma indigenista de integración regional.

Aquí topo con aquel aserto de Lenin, según el cual “sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria”. Por descarte, ya no puede ser la teoría proletaria de la ex Unión Soviética, ni la campesino-maoista de China. Tampoco la del foco guerrillero de clase media, verbalizada por Fidel Castro, escrita por Regis Debray y fracasada en toda la región.

¿Cuál sería, entonces, la teoría de esta revolución y su utopía de reemplazo? En una primera aproximación, pienso que es una teoría embrionaria, con Marx como referente ancestral, la población indígena como plataforma social y Bolivia como referente actual. Su principio de ejecución está en la Constitución boliviana de 2009, cuyo capítulo primero define al país como “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. En ese marco, incluye las comunidades afrobolivianas y privilegia el rol de las naciones y pueblos indígenas originarios, reconociéndoles “su dominio ancestral sobre sus territorios” y garantizando su libre determinación.

Si por sus textos los conoceréis, el ideólogo principal en la materia es Álvaro García Linera, exvicepresidente de Evo Morales, definible como un marxista indianista como el peruano José Carlos Mariátegui, con incrustaciones del italiano Antonio Gramsci. En sus escritos afirma que ninguna Constitución ha sido de consenso, que el socialismo implica un escenario de “guerra social total” y que debe liquidarse el Estado-nación soberano y “neoliberal”, con los pueblos indígenas en la vanguardia.

En su libro “Comunidad, socialismo y Estado plurinacional”, presentado en Chile en 2015, sintetiza lo anterior en la siguiente tesis: “En el Estado Plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz (…) articulados con el movimiento social urbano vecinal, pequeño productor, núcleos obreros y otros pequeños de clase media”. Según sus editores chilenos, el pensamiento de este intelectual “desprograma las convenciones del marxismo y de la izquierda anquilosada”.

Cabe advertir que la teoría de Linera no se limita a Bolivia ni a los otros países de la región con demografía indígena mayoritaria. Lo que importa, para el autor, son los Estados continentales, pues “solos somos insignificantes”.

Ello enmarcaría a la plurinacionalidad chilena en el proyecto de una América Latina Plurinacional, liderado por Evo Morales, bajo el logo Runasur. El mismo que, en diciembre pasado, tuvo un principio de “lanzamiento” en el Perú, con la convocatoria a líderes de pueblos originarios de seis países andinos. El evento fracasó, por denuncia de intervencionismo extranjero de los más destacados excancilleres y vicecancilleres peruanos. A juicio de ellos, lo que se pretendía era “dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia y, desde luego, los regímenes democráticos existentes”.

Incidentalmente, se supone que ese proyecto plurinacional tenía un colofón nacionalista, percibido y denunciado por los expertos peruanos: una salida soberana al mar para Bolivia, por territorio autónomo aymara, que rompiera la contigüidad geográfica entre Chile y el Perú, garantizada por el tratado de paz y amistad de 1929. Para García Linera, se trata de “una lectura conspirativa” aunque sostiene que esa salida soberana al mar sigue siendo “irrenunciable”.

A ese respecto, no se conoce reacción pública del gobierno chileno ni de los refundadores en acción.